Tegucigalpa, Honduras.
Recurriendo a prácticas ilegales e intimidatorias, un grupo de oficiales separados de la institución policial, en las últimas semanas, se han dado a la tarea de levantar los perfiles de cada uno de los miembros de la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional con el presunto fin de atentar contra sus vidas o familias, según confió a LA PRENSA una fuente de Seguridad.
Esta semana, los comisionados Alberto Solórzano y Omar Rivera denunciaron públicamente que son objeto de amenazas a muerte a través de mensajes y que varios oficiales separados han venido reuniéndose en secreto y en esos encuentros han manejado sus nombres.
Se supo que estos policías forman parte del grupo de jerarcas que fueron cesanteados como parte del proceso de reestructuración y depuración del estamento policial, y que estos oficiales separados han sido vigilados por agentes de Inteligencia del Estado y de países amigos que cooperan con Honduras en materia de seguridad.
Seguimiento
Al respecto, la fuente confió a LA PRENSA que los depuradores Alberto Solórzano, Omar Rivera y Vilma Morales han sido objeto de seguimiento para conocer sus movimientos, domicilios, familias y sus actividades privadas y profesionales.
A raíz de esta situación, el Gobierno de Estados Unidos ofreció proporcionarles seguridad para evitar cualquier atentado a sus vidas y parientes más cercanos.
Tras la denuncia formulada por los notables, la Fiscalía de Derechos Humanos abrió una investigación de oficio, mientras la Policía Militar redobló su protección.
Se informó que a raíz de esta situación los comisionados y sus familias han tenido que dejar sus viviendas, utilizar vehículos blindados facilitados por el Gobierno e instalarse en sitios seguros en donde no corran peligro.
Solórzano admitió a LA PRENSA que podría tratarse de una forma de amedrentamiento para obstaculizar la depuración policial, pero planteó que estas amenazas no pueden tomarse a la ligera y más en un tema tan sensitivo como este.
Por su lado, Rivera reveló que han recibido información de Inteligencia que detalla que en reuniones en las que han participado altos oficiales se han presentado sus perfiles particulares.
“Se trata de información relativa a nuestra vida privada, datos que solamente podrían obtenerse de investigaciones realizadas con el propósito de saber dónde residimos, con quién convivimos y a qué nos dedicamos en nuestro tiempo libre”, dijo.
Agregó que esa no es más que una acción de seguimiento con el propósito de intimidar y procurar amedrentarlos en su trabajo.
“Cuando un oficial se pone de pie en una reunión de colegas sometidos a evaluación y les informa a sus colegas que han investigado a los miembros de la Comisión en torno a sus domicilios, familiares y actividades, no tiene otro propósito que dar el mensaje: lo tengo chequeado, lo tengo a tiro”, reveló el depurador.
Recurriendo a prácticas ilegales e intimidatorias, un grupo de oficiales separados de la institución policial, en las últimas semanas, se han dado a la tarea de levantar los perfiles de cada uno de los miembros de la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional con el presunto fin de atentar contra sus vidas o familias, según confió a LA PRENSA una fuente de Seguridad.
Esta semana, los comisionados Alberto Solórzano y Omar Rivera denunciaron públicamente que son objeto de amenazas a muerte a través de mensajes y que varios oficiales separados han venido reuniéndose en secreto y en esos encuentros han manejado sus nombres.
| Los números
De 47 comisionados evaluados, el 49% de ellos fueron cancelados, el 34% fueron ratificados y el 4% suspendidos.
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Se supo que estos policías forman parte del grupo de jerarcas que fueron cesanteados como parte del proceso de reestructuración y depuración del estamento policial, y que estos oficiales separados han sido vigilados por agentes de Inteligencia del Estado y de países amigos que cooperan con Honduras en materia de seguridad.
Seguimiento
Al respecto, la fuente confió a LA PRENSA que los depuradores Alberto Solórzano, Omar Rivera y Vilma Morales han sido objeto de seguimiento para conocer sus movimientos, domicilios, familias y sus actividades privadas y profesionales.
A raíz de esta situación, el Gobierno de Estados Unidos ofreció proporcionarles seguridad para evitar cualquier atentado a sus vidas y parientes más cercanos.
Tras la denuncia formulada por los notables, la Fiscalía de Derechos Humanos abrió una investigación de oficio, mientras la Policía Militar redobló su protección.
| Medidas que han causado malestar
1. El 21 de abril, la Comisión de Depuración
ordenó la suspensión de los exdirectores generales Ricardo Ramírez del Cid y Ramón Antonio Sabillón y la cancelación de los generales Elder Madrid Guerra, Javier Leopoldo Flores Milla y Leandro Osorio.
2. En esta misma fecha,
Los depuradores ratificaron al actual director general de la Policía Nacional Félix Villanueva, al subdirector Quintín Suárez García y al jefe de Operaciones Héctor Ivan Mejía, bajo el entendido que serán certificados periódicamente. 3. El 28 de abril, la Comisión ordenó
la cancelación por motivos de reestructuración de 23 comisionados generales de la Policía, la suspensión de cuatro y aceptó la renuncia de otros cuatro oficiales de igual rango. 4. En este mismo mes de abril, los depuradores
ordenaron al Secretario de Seguridad, Julián Pacheco, la suspensión de más de veinte policías mencionados en una publicación del diario estadounidense New York Times como participantes en los asesinatos de Alfredo landaverde y el zar antidrogas Julián Arístides González. |
Se informó que a raíz de esta situación los comisionados y sus familias han tenido que dejar sus viviendas, utilizar vehículos blindados facilitados por el Gobierno e instalarse en sitios seguros en donde no corran peligro.
Solórzano admitió a LA PRENSA que podría tratarse de una forma de amedrentamiento para obstaculizar la depuración policial, pero planteó que estas amenazas no pueden tomarse a la ligera y más en un tema tan sensitivo como este.
Por su lado, Rivera reveló que han recibido información de Inteligencia que detalla que en reuniones en las que han participado altos oficiales se han presentado sus perfiles particulares.
“Se trata de información relativa a nuestra vida privada, datos que solamente podrían obtenerse de investigaciones realizadas con el propósito de saber dónde residimos, con quién convivimos y a qué nos dedicamos en nuestro tiempo libre”, dijo.
Agregó que esa no es más que una acción de seguimiento con el propósito de intimidar y procurar amedrentarlos en su trabajo.
“Cuando un oficial se pone de pie en una reunión de colegas sometidos a evaluación y les informa a sus colegas que han investigado a los miembros de la Comisión en torno a sus domicilios, familiares y actividades, no tiene otro propósito que dar el mensaje: lo tengo chequeado, lo tengo a tiro”, reveló el depurador.
