Enojado y dando golpes a la mesa en que se desarrollaba el Consejo de Ministros, el presidente Porfirio Lobo se mostró en contra de la decisión de la Sala Constitucional de la CSJ (Corte Suprema de Justicia) que declaró inconstitucional la Ley Especial para la Depuración Policial.
Según magistrados, esta ley contiene seis aspectos inconstitucionales, relacionados con la vulneración del Estado de derecho, presunción de inocencia y derecho a la defensa que tenían oficiales y policías dados de baja.
Aunque la ley ya no está vigente desde el 25 de noviembre porque su aplicabilidad se dispuso para un período de seis meses, el gobernante expresó su indignación y hasta decepción por los últimos fallos emitidos por la CSJ. En virtud de que el fallo de la Sala Constitucional no fue unánime, pasó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que fallará en definitiva sobre la legalidad o ilegalidad de la Ley de Depuración.
En caso de que la norma sea declarada inconstitucional, no afectará en nada, ya que ni siquiera está vigente.
En todo caso procede que el Ejecutivo remita una nueva legislación al Congreso Nacional, en la que se hayan subsanado los errores planteados por la CSJ, el Ministerio Público (que emitió opinión desfavorable) y hasta por la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, que de forma colegiada manifestó que la base jurídica de los instrumentos facilitados por el Congreso Nacional era débil. Además advierten que cualquier proceso de depuración que se impulse debe hacerse sin violentar derechos constitucionales como presunción de inocencia, derecho a la defensa, derecho de ser oído en juicio y otros contemplados por las leyes.
Honduras está de luto
Pese a que todos los órganos encargados de la materia jurídica advierten que hay vicios de inconstitucionalidad en la ley aprobada, Lobo manifestó que “Honduras está de luto” por la decisión de la Sala Constitucional. “¿De qué lado están, del lado de los delincuentes o del lado de la gente honrada de este país...? ¿Del lado de quién están, de los victimarios o de las víctimas? Le digo que me da decepción (hubo silencio mientras hacía un gesto de desaprobación y pegó con el puño en la mesa), se los digo sinceramente”, cuestionó el gobernante.
“Esto no se trata de cualquier acto irregular, se trata de hombres en armas, en armas, yo les digo: da tristeza, dos mil millones que los pobres necesitan (el otro decreto que falló en contra la Corte), pero ahí hay una lista de 226 multimillonarios en Honduras, más que en cualquier país de Centroamérica”, dijo en relación con el decreto del 1%, que también fue declarado inconstitucional porque se pretendían hacer cobros retroactivos. Lobo nombró a los integrantes de la Sala Constitucional que votaron a favor de la derogatoria de la ley y en contra de la misma y mencionó: “Ahora vienen con la Policía. No es contra el polígrafo, es contra toda la ley”.
A los cuestionamientos del Presidente se sumaron el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, el canciller Arturo Corrales y el titular del INA (Instituto Nacional Agrario), César Ham, quien mencionó que el Poder Ejecutivo ya tiene listo un decreto para reforzar las figuras del plebiscito y el referéndum y consultarle al pueblo si está de acuerdo o no con que continúe la depuración policial. Ham propuso que se formule además la aprobación del referéndum revocatorio “porque no se puede permitir que un magistrado permanezca siete años en la CSJ tomando malas decisiones”.
El ministro del INA invitó a sus compañeros de gabinete a protestar frente a la Corte para exigir que no se afecte el proceso de depuración policial. La DIECP ha aclarado que las pruebas de polígrafo se pueden seguir realizando, lo que no se puede hacer es despedir a un policía con base en el resultado de ellas.
Recientemente, el subcomisionado de policía Normando Lozano López fue detenido en operativos antidrogas. La propia DIECP confirmó que Lozano López hacía poco había aprobado satisfactoriamente el polígrafo.
Débil base jurídica tiene en crisis depuración policial
La CRSP (Comisión de Reforma de la Seguridad Pública) fijó su posición sobre el proceso de depuración de la Policía con base en la ley aprobada por el Congreso Nacional.
El comunicado advierte que el recientemente iniciado proceso de depuración policial, ejecutado por la DIECP y la Secretaría de Seguridad, ha entrado en una crisis manifestada en los niveles de credibilidad pública, viabilidad jurídica, voluntad política y gestión y eficiencia. Aseguran que es evidente que la base jurídica de los instrumentos que el Congreso ha puesto en manos de la DIECP y la Secretaría de Seguridad evidencia debilidad, “como lo demuestra la declaratoria de inconstitucionalidad emitida recientemente por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”.
Para la CRSP, un verdadero proceso de depuración de la Policía necesita estar fundamentado en la legalidad, impulsarse desde la cúpula hasta el nivel básico, rapidez y eficiencia, transparencia y credibilidad, aspectos que resultan impensables si no existe voluntad política y decisión firme para impulsarlo. Los miembros de la CRSP advierten que en aras de la transparencia es necesario mantener plenamente informada a la ciudadanía y no manejar el proceso con opacidad, secretos, dobleces y privilegios.
Consciente de que el fin último de las pruebas de confianza y de la subsiguiente depuración policial es darle a la Policía un nuevo perfil ético y de eficiencia, la CRSP plantea que el proceso no se detenga porque sería burlar las expectativas de la ciudadanía, pero recomienda que se ponga particular énfasis en la investigación del patrimonio de los policías y de sus parientes.
