Un revelador informe elaborado por el Observatorio de la Violencia dio a conocer que entre el año pasado y este, la Policía ha sido responsable de 149 muertes violentas en el país en los últimos 23 meses.
El estudio de criminalidad policial en Honduras, resumido en un boletín especial de cuatro páginas, fue presentado ayer por Julieta Castellanos,, quien señaló que de las 149 muertes al menos 71 los cometieron elementos de la Policía Preventiva.
En los demás casos señalados, los autores son policías de Investigación Criminal y de Servicios Especiales de Investigación.
En promedio mataron a seis personas al mes.
“Es alarmante que la Policía misma sea la que está matando personas en este país. La ciudadanía está en un estado de indefensión e impunidad”, lamentó Castellanos.
En el documento, sobre la criminalidad policial que comprende el periodo entre el mes de enero de 2011 a noviembre del presente año, se muestran ocho gráficas, una tabla y un mapa, con su respectiva explicación cada uno, en los cuales se hace una recopilación sobre muertes violentas, crimenes, corrupción y resultados en pruebas de confianza, entre otras cosas, de la Policía.
“Entre las víctimas se encuentran mi hijo Rafael Alejandro Vargas (22) y Carlos David Pineda (21)”, recordó Castellanos, refiriéndose al caso en que murieron los dos jóvenes en octubre del año anterior.
El informe muestra que es en Tegucigalpa y San Pedro Sula adonde se ha presentado la mayor cantidad de casos de “homicidios policiales”, como los califica el estudio, pues son los lugares donde se registran más de 15 muertes violentas a manos de policías.
En el Distrito Central se registran 34 casos, mientras que en la capital industrial hay 27.
Otros datos del informe
El documento muestra que el 97.3% de las muertes violentas causadas por la Policía fueron con arma de fuego.
En cuanto a rangos, Castellanos manifestó que en los asesinatos están implicados desde comisionados de policía hasta agentes, por lo que exigió al Estado continuar con el proceso de depuración.
La rectora detalló que de las 149 víctimas de la policía, 92 ocurrieron en 2011 y en este año ya van 57, y explicó que para ella esta disminución “es por la presión que ha habido de la ciudadanía y por algunos controles que se han dado”.
A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia les pidió leer el informe y que reflexionen en torno a la decisión que tomarán cuando decidan si la depuración de la Policía es inconstitucional o no.
“Queremos que nos expliquen quiénes se oponen a la depuración, qué derecho tienen de tomar la decisiones que se están tomando mientras la ciudadanía está indefensa.
No entiendo el concepto de Estado de Derecho que los magistrados están manejando”, expresó Castellanos.
El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, se mostró de acuerdo con la denuncia de Castellanos.
“Coincidimos con los planteamientos de la rectora, los magistrados deben ver la realidad de lo que está pasando en el país, las tomas de decisiones se llevan a cabo de acuerdo con lo que sucede. En seguridad vivimos una crisis que pretendemos superar, por eso son estas acciones del Congreso Nacional -Ley de Depuración Policial-, pero lo importante es que todo el talento de quienes permiten tomar decisiones se empleen a fondo en este caso.
Si tomamos decisiones que no están acorde a los intereses de la población le hacemos daño al país, no se está pensando en los intereses e uno, cuatro, cinco o un grupo, le hacemos daño al país”, dijo.
Se queda corta
Según el comisionado Alex Villanueva, director de la Policía Preventiva, los datos presentados por Julieta Castellanos son solo una pequeña muestra de la verdad.
“La rectora se queda corta con los datos que aporta, hay cifras negras todavía, esos son los casos que llegan al conocimiento de las autoridades; sin embargo, sabemos que se ha venido cometiendo una serie de anomalías en contra de los ciudadanos y de la sociedad en general”, reaccionó el comisionado.
El informe del Observatorio de la Violencia menciona que la Diecp (Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial) remitió un listado de 131 resultados de las pruebas de confianza practicadas a miembros de la Policía con diferentes rangos, cuyos resultados fueron de decepción, o sea de elementos que fueron reprobados.
Sobre este proceso de depuración, Villanueva considera que debe seguir evaluándose la labor policial y admitió que esas pruebas de confianza usadas para la depuración existen desde hace muchos años, pero no se les ha dado el debido interés por parte de anteriores administradores.
Extravío de armas
El documento presentado por la rectora en conferencia de prensa también enumera varios casos de involucramientro policial en el extravío de armas.
De tres casos mencionados, dos son del presente año. El primero es del pasado 7 de febrero cuando desaparieron 50 armas asignadas al Instituto Tecnológico Policial de La Paz.
El segundo es del 9 de septiembre en que sustrajeron 300 fusiles y 300,000 municiones de una bodega de los cobras, por lo que fueron suspendidos 12 elementos de este grupo de seguridad.
Héctor Iván Mejía, vocero de la Policía Nacional, dijo que la Policía ha finalizado la investigación de los casos y que todo está en manos del Ministerio Público.
Agregó que el caso de los Cobras y de otros distritos policiales ya están cubiertos en lo que a capturas y otras investigaciones policiales se refieren, y dijo que al parecer el Ministerio Público decretó secretividad sobre los casos para no entorpecer las investigaciones.
“Es necesario estimular a los honestos”: Funes
Matías Funes, representante de la CRSP (Comisión de Reforma de la Seguridad Pública), afirmó que se debe poner énfasis en la prueba patrimonial que se les hace a los policías sospechosos de enriquecimiento ilícito, pues en definitiva es lo que comprueba la participación de un agente u oficial en la comisión de un delito.
“Es fácil desenmascarar a un sujeto que anda en carro último modelo, sale de vacaciones con su familia al exterior, lleva una vida de lujo y obviamente lo hacen con dinero mal habido. Pero es la prueba patrimonial la que permite establecer el delito”, expresó.
Funes también habló sobre la decisión que debe
tomar la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional o no la depuración policial y declaró que aunque se debe respetar la
decisión de un poder del Estado, cualquiera sea el fallo de la Corte, la depuración policial debe continuar, y que si el mecanismo actual tiene sus fallas habrá que buscar otro método,
que se adapte
al texto constitucional y seguir con el proceso para poder tener la Policía que la nación demanda. “La prueba del polígrafo puede perfectamente eliminarse del proceso, pero las otras sí se deben aplicar”, manifestó.
Funes recalcó que ahora la preocupación fundamental de la sociedad es la seguridad por encima del desempleo. “El Estado debe dar una respuesta coherente con ese derecho al pueblo.
La finalidad de la nueva ley de la carrera policial apunta a tener una policía civil, con cultura civil, enfocada en servir al ciudadano y garantizar sus derechos. La actual Policía tiene remanentes del viejo esquema militar que hacía énfasis en la coerción”.
Además informó que el pasado 26 de octubre la CRSP envió a Porfirio Lobo, presidente de Honduras, una serie de reformas a la ley de la carrera
policial, que incluyen, entre otras recomendaciones, la construcción de colonias o condominios donde solo vivan policías, para evitar que sus familias vivan en zonas adonde conviven con bandas de delincuentes.
“Es necesario estimular material y espiritualmente a los agentes y demás estamentos de la autoridad policial que son honestos y capaces”, concluyó Funes.
Corte decidiría el miércoles 12
Tegucigalpa. Antes de que termine este año, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia emitiría sentencia definitiva para definir si es declara inconstitucional o no la Ley de Depuración de la Policía.
Ayer trascendió de manera extraoficial que Jorge Rivera Avilés, presidente de la Corte, convocará al pleno para el próximo miércoles 12 de diciembre, a las 10 de la mañana, con el fin de conocer y resolver las acciones de inconstitucionalidad interpuestas contra el Decreto Legislativo 89-2012.
El pleno tendrá que emitir una sentencia, luego que no existiera unanimidad en la Sala Constitucional, que encontró seis violaciones a la Carta Magna.
La magistrada Rosa de Lourdes Paz informó que ya recibieron el expediente, pero no la convocatoria. “No podemos más que apegarnos a la ley”, dijo.
El pleno podrá emitir una sentencia sea por unanimidad o por mayoría.
