La comisionada de policía en condición de retiro, María Luisa Borjas, reprochó ayer la inoperancia por parte del Gobierno hondureño ante la actual crisis que atraviesa el sistema penitenciario.
En entrevista con medios de comunicación, Borjas manifestó que el primer error que cometió este Gobierno fue “nombrar a una médica patóloga para dirigir esta intervención” en los centros penales del país, sabiendo que no contaba con el conocimiento y la experiencia que amerita el cargo.
“Ella asumió una responsabilidad para la que sabía que no estaba preparada”, dijo la exjefa policial.
La comisionada indicó que lo ocurrido ayer en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), donde 41 privadas de libertad perdieron la vida en una reyerta, es una clara muestra de “la falta de capacidad, conocimiento y experiencia” de los responsables de frenar esta “guerra en los centros penales”.
También señaló que la junta interventora, que preside la subsecretaría de Seguridad, Julissa Villanueva, “no ha tenido la capacidad de poner orden” dentro de los recintos carcelarios.
Borjas lamentó que históricamente el sistema penitenciario de Honduras ha sido negligente, con autoridades que incluso se han coludido con los privados de libertad y nunca se han deducido responsabilidades.
Onu rechaza la violencia
La representante residente de la Organización de Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackerford, manifestó ayer su rechazo a la violencia que se vive en los centros penales del país, luego de que se conociera la muerte de 41 mujeres en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), ubicado en Támara, en medio de una reyerta.
“Mi solidaridad con las mujeres del centro penitenciario en Támara y mi rechazo a la violencia”, manifestó la representante de Onu Honduras a través de su cuenta oficial en Twitter.
También recordó que apenas hace tres meses tuvo la oportunidad de compartir con ellas en el centro de adaptación durante un evento conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, donde pudo escuchar las historias y sueños de muchas privadas de libertad. “Mi corazón llora y comparto el luto de sus familias”, agregó.
Codeh reclama rápida acción
El presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), Hugo Ramón Maldonado, se sumó ayer a las personas que condenaron la muerte atroz de 41 privadas de libertad en el centro de adaptación de Támara.
En entrevista con medios de comunicación, Maldonado contó que desde el Codeh han propuesto separar a los grupos conflictivos en las cárceles, “no para que reinen en un penal, sino para que no haya enfrentamientos”.
El defensor de derechos humanos destacó que en Cefas permanecen recluidas muchas esposas y compañeras de los miembros de maras y pandillas que están en el penal de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara.
Maldonado reclamó al Gobierno y autoridades penitenciarias una acción rápida para frenar la violencia en los penales, ya que se corre el riesgo de que se desate otra ola de violencia.
Conaprevv exige investigación
El Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos (Conaprev), se solidarizó ayer con las familias de las internas que fallecieron calcinadas y otras de forma violenta en los módulos del Centro Femenino de Adaptación Social de Támara.
También demandó a las autoridades competentes que realicen “una investigación oportuna, pronta e imparcial” de los hechos violentos ocurridos durante la mañana de este martes.
Además, recomendó a la junta interventora de los centros penales que redoble los esfuerzos para garantizar la seguridad integral de los hombres y mujeres privadas de libertad, así como recomendó al Gobierno tomar de forma decisiva las medidas necesarias para recuperar el control interno de todos los establecimientos penitenciarios del país, destacando que la administración de estos es indelegable.
”Demandaremos al Estado”
La presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, Delma Ordóñez, advirtió ayer que buscarán apoyo internacional para demandar al Estado de Honduras por la tragedia ocurrida la mañana del martes en la cárcel femenina de Támara.
En declaraciones a medios televisivos, Ordóñez dijo que “al parecer la reyerta comenzó luego de que el lunes, las autoridades del centro informaran a las reclusas que les quitarían los aparatos electrónicos de los recintos”.
La dirigente expresó que los familiares de los privados de libertad, exigen a la presidenta Xiomara Castro que emprenda acciones para castigar a las personas responsables.
“Sabemos que tenemos un sistema penitenciario quebrantado, pero en este momento ya llegamos al límite, como asociación exigimos que la señora presidenta actúe ante esta situación”, concluyó.
”Gobierno debe asesorarse”
El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, también condenó la muerte violenta de 41 mujeres que permanecían privadas de libertad en el centro penal de Támara.
El parlamentario expresó que en sus 59 años de vida, “nunca había visto que en un centro penal de mujeres se llegara a tal extremo” y que esto solo demuestra que las medidas implementadas para recuperar el control de las cárceles hondureñas han sido insuficientes.
Umaña aseguró que “esta situación se les ha ido de las manos” a las autoridades hondureñas, a la vez que señaló que es urgente que el Gobierno reconozca que no existe una persona capacitada a nivel nacional para hacerle frente a la guerra entre maras y pandillas dentro de las cárceles, por lo que considera indispensable que se recurra a expertos internacionales para devolver la paz y seguridad a la población.
