En medio de posiciones antagónicas entre las diferentes bancadas de diputados de los principales partidos políticos, el Congreso Nacional de Honduras (CN) discutirá este martes en tercer y último debate la polémica “Ley de Escuchas”.
El presidente de ese poder del Estado, Luis Rolando Redondo, convocó para este día -a las 3:00 pm- a sesión legislativa a los 128 diputados para generar consensos en cuanto a la normativa, la cual varios sectores cuestionan.
Desde la oposición critican que la cuestionada “Ley de Escuchas” permitirá que entidades de seguridad e inteligencia estatal accederán irrestrictamente sin orden judicial a información privada de los hondureños mediante intervenciones telefónicas y a redes sociales.
Jorge Zelaya, congresista del Partido Nacional, afirmó que apoyarán lo que sea de beneficio. “Cuál es el propósito, porque, así como está redactado el proyecto hay intervención, Honduras no está para que haya autoritarismo y se anden interviniendo las comunicaciones”, sostuvo.
No obstante, en el oficialismo niegan que la normativa tenga ese propósito y aseguran que dicha ley servirá como una herramienta jurídica en apoyo a los operadores de justicia.
“La ley permite regular la venta de sim cards y el registro de llamadas mediante procedimientos legales para propósitos de investigación”, dijo Rafael Sarmiento, jefe de bancada del partido Libertad y Refundación (Libre).
ARTÍCULOS QUE GENERAN POLÉMICA
El artículo 21 contempla que las “telecomunicaciones deben poner a disposición de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y del Ministerio Público mediante acceso digital la información sobre la celda, ubicación, coordenadas de la torre, lugar, fecha y hora que ocurrió la última conexión de un equipo móvil, en un término no mayor a 24 horas contadas a partir de la recepción de la solicitud de información”.
Mientras que el artículo 23 de la iniciativa dice que “los operadores y suboperadores del servicio de telecomunicaciones tienen la obligación de proporcionar información de los registros técnicos de las comunicaciones cursadas intrared, así como de las cursadas hacia otras redes, en un término no mayor a las veinticuatro (24) horas, cuando sea requerido por la Secretaría de Seguridad, Ministerio Público o la autoridad judicial, con el objetivo de contribuir al proceso investigativo de los casos sometidos a su competencia”.
