Honduras tendrá que sumarse en 2024 a la lucha contra la desinformación, el discurso de odio y teorías de conspiración que, después del covid-19, han ganando mayores dimensiones en las redes sociales causando problemas psicológicos a cientos de hondureños y hasta la muerte en algunos casos.
En Honduras, como en todos los países, los ataques cargados de odio y desinformación se han intensificado en Facebook, X, Instagram, Tik Tok y los diferentes sectores de la sociedad los han acogido y convertido en parte de una conducta normal al extremo de contagiar hasta a líderes empresariales y funcionarios del gobierno. Los medios tradicionales de comunicación no están al margen y son partícipes por replicar los mensajes pese a las consecuencias nefastas.
Los efectos negativos de este aluvión virtual de rencor y fobia se refleja en los consultorios de los psicólogos hondureños que atienden cada vez más a personas afectadas emocionalmente por los ataques directos o indirectos (cuando los reciben sus familiares, como padre y madre) publicados a través de las redes sociales de manera libre por no existir un marco regulador.
Augusto Aguilar, presidente del Colegio de Psicólogos de Honduras, le explicó a Diario LA PRENSA que “esto es una de los cambios en la conducta colectiva producidos en los últimos años, efecto de la facilidad que dan las comunicaciones, las redes sociales, y esto da lugar a que muchas personas, también utilizando el anonimato, expresen resentimientos, emitan una cantidad de opiniones y mensajes negativos que influyen en el comportamiento de otras personas”.
Las redes sociales “favorecen estas conductas y otros delitos, como las estafas, y por eso en casi todo el mundo está legislado para regular a las redes como medios de comunicación”.
Infortunadamente, la sociedad hondureña ha permitido, por ejemplo, que el debate social (el cual tiene como objeto encontrar soluciones a problemas colectivos) sea dirigido por algunos líderes empresariales, diputados, funcionarios gubernamentales, políticos de todos los partidos, incluidos jóvenes de nuevas organizaciones, que utilizan información falsa, insultos y lenguaje soez para debilitar, amedrentar a los adversarios; confundir, influir en las ideas y la voluntad de los ciudadanos que no están en sus engranajes.
Bajo estas circunstancias, según Aguilar, “se va perdiendo los valores, el respeto, la dignidad, la forma de asumir las responsabilidades. Las comunicaciones muchas veces son distorsionadas, provocadas más por sentimientos que por la razón y es por eso que los países quieren establecer normas sociales para regular el abuso y, de alguna manera, involucrar a los dueños de las empresas dueñas de esas redes”.
Está confirmado y demostrado, según Aguilar, que mediante las redes sociales no solamente asestan ataques de odio, algunos delincuentes han contactado a menores de edad para abusar sexualmente de ellos, cometen estafas y promueven pornografía ahora llamada contenido para adultos de parte de personas que se autodenominan influencers.
Solución en 2024
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) le propone a los Estados miembro, como Honduras, la adopción de las “Directrices para salvaguardar la libertad de expresión y el acceso a la información en la gobernanza de las plataformas digitales: un enfoque de múltiples partes interesadas” concluidas a finales del año pasado luego de terminar un período de 18 meses de consultas y recibir más de 10,000 comentarios de 134 países preocupados por la intensificación de este fenómeno que hace estragos en la sociedad.
La propuesta de Unesco, que está disponible en español en su sitio unesco.org, consiste en una serie de deberes, responsabilidades y funciones de los Estados, las redes, organizaciones intergubernamentales, sociedad civil, medios de comunicación, académicos, técnicos y partes interesadas en crear un entorno propicio para la libertad de expresión y la información.
“Todas las partes interesadas comparten la responsabilidad de mantener un entorno propicio para la libertad de expresión, el acceso a la información y otros derechos humanos, garantizando al mismo tiempo que exista un entorno abierto, seguro y protegido para las personas usuarias y no usuarias de las plataformas digitales”, plantea el documento de las directrices.
La Unesco busca “garantizar los derechos de las personas usuarias de plataformas digitales a la libertad de expresión, el acceso a la información, la igualdad y la no discriminación, así como proteger los derechos de las personas usuarias a la privacidad, protección de datos, asociación y participación pública. Con la directrices, los Estados deben “adoptar leyes basadas en la normativa internacional en materia de derechos humanos y garantizar su implementación efectiva para prohibir, investigar y perseguir la violencia en línea basada en género”.
El documento que contiene las directrices indica que los Estados deben “disuadir encarecidamente a las personas funcionarias públicas, incluso a través de medidas como códigos de conducta profesionales, de difundir desinformación, incluida la desinformación de género y la información errónea, e intimidar o amenazar a los medios”.
“Además, prohibir expresiones que constituyan una apología del odio nacional, racial o religioso, que inciten a la discriminación, la hostilidad o la violencia, según lo establecido por la normativa internacional en materia de derechos humanos (...)”, sugieren las directrices.
A mediados de este año, Unesco organizará la primera Conferencia Mundial de Reguladores en la cual abordará estas medidas.
