Tegucigalpa, Honduras.
Indicios de contratos fraccionados para evadir la Ley de Contratación del Estado, sobrevaloración de costos y adjudicación de obras a personas y sociedades de dudoso origen son algunos de los hallazgos preliminares que han detectado en la Empresa Nacional Portuaria (ENP) los investigadores del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
“Preliminarmente podemos creer que son obras que se fraccionaron sus valores para hacer contrataciones de esa manera, porque realmente vemos que algunas pudieron hacerse en un conjunto o en un todo; pero se hicieron en diferentes etapas para poder dar esos contratos fraccionados y no licitar públicamente conforme a la Ley de Contratación del Estado”, confirmó el jefe de la Unidad de Investigación del CNA, Dagoberto Aspra.
El CNA inició recientemente las indagaciones en dicha empresa estatal para poder verificar diversas anomalías, entre ellas la contratación y adjudicación irregular de 40 proyectos de obras menores por 21.4 millones de lempiras, expuestos en una amplia investigación periodística de Diario LA PRENSA, publicada en mayo pasado.
Según un informe de auditoría al que tuvo acceso LA PRENSA, el 50% de todos esos proyectos no eran prioritarios y pudieron ejecutarse con mano de obra interna de la empresa, lo que hubiese significado un ahorro para la institución de un 40% del total de lo invertido, es decir, unos nueve millones de lempiras.
Los proyectos comprenden diferentes obras, entre estas la reparación de los faros en Guanaja y Roatán, mejoras en los muelles de Puerto Cortés, Henecán y Puerto Castilla, reparación de calles dentro de los muelles, instalación de techos, reconstrucción de casetas de vigilancia, reparación de bodegas y edificios principales y construcción de torreones. También contemplaron la construcción de boyas y fabricación de anclajes y postes de concreto para cercado de propiedades de la empresa.
Los primeros hallazgos indican que muchos de estos proyectos fueron sobrevalorados y que se adjudicaron a sociedades con giro diferente a las obras adjudicadas. Además se detectó la falsificación de documentos públicos e informes de avances de obras y el fraccionamiento de algunos contratos.
El Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) iniciaron sus propias indagaciones sobre estos mismos hechos y también en torno a la contratación de personal supernumerario, el pago excesivo de horas extras y beneficios laborales a personas ya fallecidas.
Piden informe
Como parte de las pesquisas preliminares, el CNA solicitó al actual consejo directivo de la ENP, que preside el exdiputado José Darío Gámez, un informe de los 40 proyectos adjudicados en el año 2013, a fin de hacer un análisis comparativo con los hallazgos plasmados en el informe elaborado por la Unidad de Auditoría Interna de la Portuaria.
“Esa documentación sirvió para abrir un expediente investigativo dentro del CNA, ya fue asignado a uno de nuestros analistas, e inicialmente se estudió la documentación que fue presentada y se solicitó información adicional a las autoridades de la Empresa Nacional Portuaria, la cual ya nos fue enviada”, precisó Aspra.
Indicios de contratos fraccionados para evadir la Ley de Contratación del Estado, sobrevaloración de costos y adjudicación de obras a personas y sociedades de dudoso origen son algunos de los hallazgos preliminares que han detectado en la Empresa Nacional Portuaria (ENP) los investigadores del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
“Preliminarmente podemos creer que son obras que se fraccionaron sus valores para hacer contrataciones de esa manera, porque realmente vemos que algunas pudieron hacerse en un conjunto o en un todo; pero se hicieron en diferentes etapas para poder dar esos contratos fraccionados y no licitar públicamente conforme a la Ley de Contratación del Estado”, confirmó el jefe de la Unidad de Investigación del CNA, Dagoberto Aspra.
El CNA inició recientemente las indagaciones en dicha empresa estatal para poder verificar diversas anomalías, entre ellas la contratación y adjudicación irregular de 40 proyectos de obras menores por 21.4 millones de lempiras, expuestos en una amplia investigación periodística de Diario LA PRENSA, publicada en mayo pasado.
Según un informe de auditoría al que tuvo acceso LA PRENSA, el 50% de todos esos proyectos no eran prioritarios y pudieron ejecutarse con mano de obra interna de la empresa, lo que hubiese significado un ahorro para la institución de un 40% del total de lo invertido, es decir, unos nueve millones de lempiras.
Los proyectos comprenden diferentes obras, entre estas la reparación de los faros en Guanaja y Roatán, mejoras en los muelles de Puerto Cortés, Henecán y Puerto Castilla, reparación de calles dentro de los muelles, instalación de techos, reconstrucción de casetas de vigilancia, reparación de bodegas y edificios principales y construcción de torreones. También contemplaron la construcción de boyas y fabricación de anclajes y postes de concreto para cercado de propiedades de la empresa.
Los primeros hallazgos indican que muchos de estos proyectos fueron sobrevalorados y que se adjudicaron a sociedades con giro diferente a las obras adjudicadas. Además se detectó la falsificación de documentos públicos e informes de avances de obras y el fraccionamiento de algunos contratos.
El Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) iniciaron sus propias indagaciones sobre estos mismos hechos y también en torno a la contratación de personal supernumerario, el pago excesivo de horas extras y beneficios laborales a personas ya fallecidas.
Piden informe
Como parte de las pesquisas preliminares, el CNA solicitó al actual consejo directivo de la ENP, que preside el exdiputado José Darío Gámez, un informe de los 40 proyectos adjudicados en el año 2013, a fin de hacer un análisis comparativo con los hallazgos plasmados en el informe elaborado por la Unidad de Auditoría Interna de la Portuaria.
“Esa documentación sirvió para abrir un expediente investigativo dentro del CNA, ya fue asignado a uno de nuestros analistas, e inicialmente se estudió la documentación que fue presentada y se solicitó información adicional a las autoridades de la Empresa Nacional Portuaria, la cual ya nos fue enviada”, precisó Aspra.
Lea además: Despilfarro y corrupción en obras menores en la Portuaria
Contrastan información
En este momento los investigadores están contrastando la información entregada por las autoridades de la ENP con los documentos de Auditoría Interna para determinar con precisión las irregularidades en las que se incurrieron en la adjudicación de los contratos.
“Nosotros vamos a entrar a revisar la sobrevaloración, calidad de la obra, la manera en que fueron contratadas estas personas, cuál fue el criterio y si fue un criterio recto y legal; todas esas aristas y todos los elementos vamos a llegar a conjugarlos para ver si se cometieron delitos de corrupción en estas contrataciones”, precisó.
Aspra comentó que los documentos que enviaron los responsables de la ENP muestran la parte bonita de los proyectos con sus correspondientes fotografías de las obras ya concluidas y en buen estado; pero el otro informe expone el deterioro prematuro que han sufrido las construcciones y los valores que no concuerdan con los costos reales.
“Necesitamos ahondar en cuál fue el mecanismo para contratar esas personas o empresas, si fue transparente y si se hizo vía contratación directa o privada, tenemos que ver la modalidad y valorar las obras que se hicieron; lógicamente que esos hallazgos los vamos a plasmar en un informe y se los vamos a entregar al Ministerio Público para que deduzca las responsabilidades penales que correspondan”, advirtió.
Aspra adelantó que en las próximas semanas se entregará al Ministerio Público toda la documentación recabada con los suficientes elementos de prueba que les sirvan a los fiscales para ejercer la acción penal.
Además, el funcionario comentó que pidieron información adicional al TSC, pero sus autoridades expusieron que no podían entregarla porque en este momento están haciendo sus propias averiguaciones sobre estos y otros supuestos actos de corrupción en la ENP.
TSC concluye trabajo
Recién, el TSC designó en la Portuaria una supervisora de la unidad de auditorías del sector público para cotejar varias de las irregularidades.
Esta auditora trabajó en el cotejamiento de los hallazgos y en la corrección del informe de auditoría, el cual ahora pasará a una unidad especial del TSC para su revisión final y la posterior presentación de las notificaciones de responsabilidades.
El presidente del TSC, Jorge Bográn, ordenó que a esta auditoría se le dé especial prioridad y que se llegue hasta el final de las investigaciones para deducir las responsabilidades civiles, penales y administrativas.
