Ante los pobres avances en el proceso de depuración policial y el incremento de la violencia criminal, el Poder Ejecutivo a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad analiza la posibilidad de una “acción contundente” dentro de la Policía Nacional en los próximos días, confirmó a LA PRENSA una fuente cercana a la Presidencia de la República.
El presidente Porfirio Lobo considera intervenir de forma directa la Policía como ocurrió en el pasado, con el fin de expulsar a todos aquellos elementos contra los cuales existen suficientes indicios de estar vinculados al crimen organizado y en la comisión de actividades ilícitas, pero que no ha sido posible separarlos o cancelarlos hasta este momento.
La fuente que pidió la reserva de su identidad por no estar autorizado a dar declaraciones, reveló que una de las acciones que se analizan dentro del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es la conformación de una Comisión Interventora compuesta por notables internacionales con el fin de acelerar y darle mayor credibilidad al adecentamiento de la institución.
Otra medida que “ha sido cuidadosa y ampliamente discutida” es la posibilidad de someter a la extradición a Estados Unidos a todos aquellos miembros de la Policía, particularmente oficiales, que son investigados y se les compruebe su vinculación a actividades ligadas al narcotráfico y el crimen organizado en el país.
La determinación del Ejecutivo obedece a las presiones de la sociedad hondureña y la comunidad internacional que en los últimos meses ha venido exigiendo acciones más contundentes para limpiar el estamento policial hondureño de policías corruptos.
Esto se debe a la creciente participación de policías en actividades delictivas y al hecho que el país sufre la más alta tasa de homicidios en el mundo: 85.5 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al informe de 2012 del Observatorio de Violencia.
La fuente indicó que frente a todas las posibilidades que se han planteado, el Gobierno se inclina por integrar la Comisión Interventora con amplios poderes, similar a la que se nombró a inicios del proceso de transición de la Policía de la égida de las Fuerzas Armadas, pero con la diferencia que esta nueva instancia estaría integrada por expertos internacionales y nacionales independientes.
De esta forma se garantizaría que la depuración avance de forma mucho más rápida, contundente y creíble, de modo que los malos policías sean expulsados de la institución y sometidos a la justicia nacional y en último caso a la justicia estadounidense de comprobarse su participación en actividades que atentan directamente contra la seguridad de aquel país. Según esta fuente, tanto el ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla como el director general de la Policía Nacional Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, están de acuerdo con la intervención, pero con la condición que el actual jefe policial sea el que ejecute la depuración. El presidente Lobo también avala está posibilidad. Lo que no está claro de estas medidas es el futuro que correrá la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), aunque se aseguró que está instancia será fortalecida y quedará como un ente permanente encargado de investigar la conducta de los funcionarios policiales y garantizar la depuración a futuro de la institución.
Presión de Estados Unidos
Las medidas que el Gobierno hondureño pretende implementar en los próximos días coinciden con las últimas declaraciones de altos personeros del Gobierno de Estados Unidos que han enviado reiterados mensajes en el sentido de acelerar el proceso de limpieza de la institución.
A principios de marzo la secretaria de Estado de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, aseguró que su Gobierno seguirá cooperando con la Policía de Honduras, pero consideró necesario ver “más avances” en la depuración de las fuerzas de seguridad.
Jacobson destacó la “voluntad política” que ha acompañado el proceso que comenzó a principios de 2012 para limpiar a la Policía hondureña de la delincuencia infiltrada.
“Hemos determinado que queremos continuar trabajando con la Policía en capacitación y entrenamiento, pero realmente el proceso de depuración y de reforma policial es una de las cosas más importantes, porque si no, la asistencia que podemos ofrecer no sirve”, aseveró en ese momento Jacobson.
El secretario adjunto para Asuntos de Narcóticos Internacionales de EUA, William Brownfield, dijo en una teleconferencia la semana anterior, que “en Honduras o en cualquiera de los 194 países representados en este momento en las Naciones Unidas, una Policía penetrada por corrupción o por falta de competencia es un problema por supuesto”.
A la pregunta de LA PRENSA sobre su punto de vista en relación a la depuración policial, Brownfield respondió que la Policía debe representar y responder a sus comunidades y si la Policía es penetrada por criminales, corrupción o por falta de competencia, es menos capaz de responder a la comunidad y protegerla.
“El proceso de depuración es un proceso bastante largo y requiere por supuesto capacitación, selección de nueva policía, proceso de expulsar policía incompetente o policía corrupta, y esta es misión de hasta una generación”, afirmó.
Agregó que el programa que EUA tiene con Honduras va dirigido a apoyar este proceso de años y a la vez trabajar con algunas unidades especializadas y limitadas de tamaño, de confianza, de personas seleccionadas por su honestidad y falta de corrupción, utilizando la tecnología para asegurar que trabajen en una manera honesta.
A la vez contar con unidades especializadas antipandillas que trabajen de forma mancomunada con el FBI y la Agencia Antidrogas de EUA (DEA).
“En otras palabras, el ciudadano común y corriente de Honduras tiene derecho de pedir algún tipo de apoyo policial mientras espera la depuración de la Policía Nacional, un proceso que podría tomar cinco o diez años y la idea es una política de dos vías: una vía que es depuración y recapacitación de policía, y otra vía trabajar con unidades especializadas y de confianza para producir resultados para las comunidades en este momento”, apuntó.
