Tegucigalpa, Honduras
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró sin valor ni efecto las modificaciones hechas por la Convención del Partido Liberal a sus estatutos en las que autoriza al Consejo Central Ejecutivo (CCEPL) someter al Tribunal Disciplinario al político que no obedezca la línea de este órgano de dirección.
La resolución se produjo 48 horas antes de que el Tribunal Disciplinario realice (mañana) la audiencia contra el jefe de la bancada, Elvin Santos, de quien el presidente del CCEPL, Luis Zelaya, pidió su expulsión por haber promovido supuestamente entre parte de sus compañeros diputados el desacato de una orden sobre cómo votar en el nombramiento de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP).
La entidad colegiada igualmente anuló la publicación que hizo el Partido Liberal en La Gaceta, bajo el número 34,720 del 18 de agosto de 2018, que contiene el mandato de la Convención Ordinaria celebrada el 6 de mayo de 2017 relativa a las expulsiones.
La anulación de este procedimiento se origina en el hecho de que el CCEPL “no cumplió en tiempo y forma con su obligación de comunicar a este Tribunal Supremo Electoral dichas modificaciones, tal como lo establece el artículo 71 numeral 5, de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas”, dice la resolución.
Según este artículo, “son obligaciones de los partidos políticos: comunicar al Tribunal Supremo Electoral cualquier modificación a su declaración de principios, programa de acción o estatutos, dentro de los veinte días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido político. Las modificaciones no surtirán efecto hasta que el Tribunal declare la procedencia constitucional y legal de las mismas”.
Un escrito que había introducido Octavio Pineda, en su condición de apoderado legal del presidente del CCEPL, en el que alegaba la “incompetencia” del TSE “por no tener facultades para decretar la nulidad de los estatutos del Partido Liberal” también fue declarado sin lugar. El escrito del TSE es en respuesta a la denuncia hecha el 26 de septiembre por 17 diputados liberales.
