Tegucigalpa, Honduras.
Por instrucciones de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), desde el sábado, inició con el inventario del menaje de la residencia donde vive el expresidente Porfirio Lobo Sosa, en la aldea El Chimbo, municipio de Santa Lucía.
La medida se ejecuta como parte de las acciones que esa Fiscalía ha instruido en el caso contra Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del exmandatario.
Fueron incautadas 13 propiedades, de las cuales diez se encuentran en la aldea El Chimbo, y la Oabi está en el proceso de recepción de cinco de ellas.
Hay casas y terrenos asegurados, además de tres apartamentos en los condominios Torre Alta, en Las Lomas, en la capital de la república.
Se informó que no hay orden para que la Oabi levante inventario de los vehículos que son propiedad de Rosa Elena Bonilla y que los mismos no forman parte, por ahora, de los bienes que administrará esa entidad. “El Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción nos puso a la orden 11 matrículas de bienes, incluso un solo inmueble en El Chimbo”, explicó José Luis Andino, director de la Oabi.
El miércoles que se capturó Rosa Elena de Lobo y su cuñado Manuel Mauricio Mora Padilla, a este se le aseguraron dos carros que aparecen registrados a su nombre.
Le dan 30 días
“Estamos haciendo las transacciones correspondientes para la transferencia de los fondos de ese título valor que forma parte de lo asegurado”, informó Andino.
Qué sigue
Esta semana, la Oabi continuará con el trabajo de recepción de los bienes que han sido identificados como propiedad de Rosa Elena y de su cuñado Mauricio Mora Padilla.
Están en el proceso de identificar otros bienes que aún no son ubicados y que están rastreando para asegurarlos y que pasen a poder de la administración de la Oabi.
Nuevas capturas
Esta semana también es crucial porque uno de los investigadores informó que están a las puertas de nuevas capturas de personajes que también formaron parte de la red que drenó los fondos desde el Despacho de la Primera Dama.
“Se esperan nuevos requerimientos, donde se implica a funcionarios que también están involucrados en el desvío de fondos. Hay una red amplia que operó para malversar los fondos públicos que fueron utilizados en actividades personales; esperamos que se tenga todo listo para ejecutar las próximas acciones”, agregó Andino.
TSC tenía en la mira a Rosita
Desde 2015, asegura Ricardo Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que presentaron documentos de una investigación que se realizó en el Programa de Asignación Familiar (Praf), que involucraba a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.
“Nosotros desde 2015 enviamos al Ministerio Público un hallazgo que se encontró de una auditoría en el Praf, en esa investigación se encontraron indicios de responsabilidad penal para Rosa Elena de Lobo. Le correspondía al Ministerio Público ejecutar acciones”, expuso Rodríguez.
Según el TSC, fueron cinco tomos de documentos los que se enviaron a la Fiscalía.
El caso
El 27 de febrero de este año, Rosa Elena Bonilla de Lobo fue acusada de tres delitos: malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita.
La investigación que la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción (Maccih) denominó como caso “Caja chica de la dama” involucra a nueve personas, las que cobraron 70 cheques entre los años 2011-2015 y donde la ex primera dama, según la investigación, se apoderó de 16 millones de lempiras al crear una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado y destinado a obras sociales.
Por instrucciones de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), desde el sábado, inició con el inventario del menaje de la residencia donde vive el expresidente Porfirio Lobo Sosa, en la aldea El Chimbo, municipio de Santa Lucía.
La medida se ejecuta como parte de las acciones que esa Fiscalía ha instruido en el caso contra Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del exmandatario.
Fueron incautadas 13 propiedades, de las cuales diez se encuentran en la aldea El Chimbo, y la Oabi está en el proceso de recepción de cinco de ellas.
Hay casas y terrenos asegurados, además de tres apartamentos en los condominios Torre Alta, en Las Lomas, en la capital de la república.
Se informó que no hay orden para que la Oabi levante inventario de los vehículos que son propiedad de Rosa Elena Bonilla y que los mismos no forman parte, por ahora, de los bienes que administrará esa entidad. “El Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia de Corrupción nos puso a la orden 11 matrículas de bienes, incluso un solo inmueble en El Chimbo”, explicó José Luis Andino, director de la Oabi.
 Vehículos no forman parte del inventario de la Oabi por ahora.
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Le dan 30 días
Porfirio Lobo Sosa, desde el pasado sábado es testigo del trabajo que los peritos de la Oabi hacen en el inventario del menaje de la residencia que fue incautada y donde vivía con su esposa.
El ex-Presidente ha recibido la comunicación de los plazos que tiene para abandonar el inmueble y el tiempo para sacar algunas de sus pertenencias de la que fue su residencia en los últimos años. Este es otro golpe que le toca digerir al exmandatario, donde tiene horas para abandonar el inmueble y 30 días para sacar algunos de los bienes que tanto el Ministerio Público como la Oabi han determinado que no formarán parte de lo asegurado por esa institución.
“La Oabi tomó posesión de la residencia de la familia Lobo Bonilla, pero no ha sacado al expresidente Porfirio Lobo. Se siguen los procedimientos de ley”, explicó Rosa Helena de Martínez, apoderada legal de Rosa Elena Bonilla de Lobo.
La Oabi informó que entre los bienes asegurados se encuentra un título no cobrado con un valor de 4.8 millones de lempiras y que esperan que la institución financiera les transfiera el valor.
| La Atic se desplazó a las viviendas aseguradas en la aldea El Chimbo.
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Qué sigue
Esta semana, la Oabi continuará con el trabajo de recepción de los bienes que han sido identificados como propiedad de Rosa Elena y de su cuñado Mauricio Mora Padilla.
Están en el proceso de identificar otros bienes que aún no son ubicados y que están rastreando para asegurarlos y que pasen a poder de la administración de la Oabi.
Nuevas capturas
Esta semana también es crucial porque uno de los investigadores informó que están a las puertas de nuevas capturas de personajes que también formaron parte de la red que drenó los fondos desde el Despacho de la Primera Dama.
“Se esperan nuevos requerimientos, donde se implica a funcionarios que también están involucrados en el desvío de fondos. Hay una red amplia que operó para malversar los fondos públicos que fueron utilizados en actividades personales; esperamos que se tenga todo listo para ejecutar las próximas acciones”, agregó Andino.
| Al circuito adonde están las casas propiedad de la ex primera dama se impidió el acceso a los medios de comunicación.
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Desde 2015, asegura Ricardo Rodríguez, magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que presentaron documentos de una investigación que se realizó en el Programa de Asignación Familiar (Praf), que involucraba a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo.
“Nosotros desde 2015 enviamos al Ministerio Público un hallazgo que se encontró de una auditoría en el Praf, en esa investigación se encontraron indicios de responsabilidad penal para Rosa Elena de Lobo. Le correspondía al Ministerio Público ejecutar acciones”, expuso Rodríguez.
Según el TSC, fueron cinco tomos de documentos los que se enviaron a la Fiscalía.
El caso
El 27 de febrero de este año, Rosa Elena Bonilla de Lobo fue acusada de tres delitos: malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita.
La investigación que la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción (Maccih) denominó como caso “Caja chica de la dama” involucra a nueve personas, las que cobraron 70 cheques entre los años 2011-2015 y donde la ex primera dama, según la investigación, se apoderó de 16 millones de lempiras al crear una red de blanqueo de capitales para ocultar dinero proveniente del Estado y destinado a obras sociales.
