Tegucigalpa, Honduras.
El proyecto de ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras, impulsado en el congreso de Estados Unidos para limitar la ayuda al país, tiene un contexto de “juegos políticos”, según Ebal Díaz, asesor presidencial.
“Bueno ese es un tema que debe manejar la Secretaría de Relaciones Exteriores; veremos qué temas hay ahí. Ahí hay también juegos políticos. En todo parlamento hay juegos políticos, hay unos que les interesa y otros que no; vamos a ver qué resulta”, dijo consultado sobre la intensión de ley.
El proyecto fue ingresado en los últimos días al Congreso de Estados Unidos por un grupo de cinco legisladores demócratas.
Propone que la asistencia a Honduras solo pueda reanudarse una vez que el Departamento de Estado verifique que el Gobierno hondureño ha sancionado a los responsables de los asesinatos de Berta Cáceres y de un sinnúmero de activistas en el Bajo Aguán.
Ampliamente, el documento expone que la Policía hondureña está corrupta y pide que se sancione a los uniformados que han violado los derechos humanos y a todos aquellos que participaron en la muerte del general Arístides Gonzales y el experto en narcotráfico, Alfredo Landaverde.
También piden que se retire a los militares hondureños de las actividades policiales.
Al respecto, Díaz dijo que “esa es una de las propuesta ideológicas, incluso de algunos partidos políticos. Nosotros seguimos creyendo que los militares deben participar en la seguridad del país”.
El proyecto de ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras, impulsado en el congreso de Estados Unidos para limitar la ayuda al país, tiene un contexto de “juegos políticos”, según Ebal Díaz, asesor presidencial.
“Bueno ese es un tema que debe manejar la Secretaría de Relaciones Exteriores; veremos qué temas hay ahí. Ahí hay también juegos políticos. En todo parlamento hay juegos políticos, hay unos que les interesa y otros que no; vamos a ver qué resulta”, dijo consultado sobre la intensión de ley.
El proyecto fue ingresado en los últimos días al Congreso de Estados Unidos por un grupo de cinco legisladores demócratas.
Propone que la asistencia a Honduras solo pueda reanudarse una vez que el Departamento de Estado verifique que el Gobierno hondureño ha sancionado a los responsables de los asesinatos de Berta Cáceres y de un sinnúmero de activistas en el Bajo Aguán.
Ampliamente, el documento expone que la Policía hondureña está corrupta y pide que se sancione a los uniformados que han violado los derechos humanos y a todos aquellos que participaron en la muerte del general Arístides Gonzales y el experto en narcotráfico, Alfredo Landaverde.
También piden que se retire a los militares hondureños de las actividades policiales.
Al respecto, Díaz dijo que “esa es una de las propuesta ideológicas, incluso de algunos partidos políticos. Nosotros seguimos creyendo que los militares deben participar en la seguridad del país”.
