Los escenarios jurídicos para el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se vuelcan difíciles por la carga probatoria y testifical que dice tener la Fiscalía, la cual lo acusa de narcotráfico y uso de armas en Estados Unidos.
Según los fiscales, Hernández Alvarado operó Honduras como un “narcoestado” y usó sobornos que recibió de narcotraficantes como “El Chapo” Guzmán para cometer fraude electoral en las dos elecciones a las que concurrió (2013 y 2017).
En Washington, unas horas después de que Hernández despegara desde Tegucigalpa rumbo a Nueva York para ser juzgado allí, el Departamento de Justicia estadounidense publicó la acusación completa contra el expresidente sobre los tres cargos que podrían desembocar en una pena máxima de cadena perpetua.
El Departamento de Justicia adelantó ayer jueves las sentencias asociadas a los cargos de los que le acusa al expresidente hondureño.
Por el primer cargo que enfrenta Hernández, el de “conspiración para importar” más de 500 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, la sentencia mínima es de 10 años y la máxima de cadena perpetua, si es declarado culpable.
Por el segundo, que es “usar y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para apoyar la importación de cocaína”, puede recibir un mínimo de 30 años y un máximo de cadena perpetua. En tanto, por el tercero, que es “conspirar para usar” las citadas armas, el máximo es también pasar la vida en prisión.
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En marzo de 2021, un juez del mismo tribunal donde será juzgado Hernández condenó al hermano menor del expresidente, Juan Antonio “Tony” Hernández, a cadena perpetua más 30 años de prisión, por la misma conspiración de narcotráfico de la que ahora está acusado el exmandatario.
El expresidente comparecerá este viernes ante el juez federal Stewart D. Aaron en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York. Hernández será acusado de delitos que van desde 2004 a 2022, por “participar en un conspiración de corrupción y tráfico violento de drogas y propiciar la importación de miles de kilos de cocaína a los Estados Unidos”.
Hernández “supuestamente recibió millones de dólares para utilizar su cargo público, las fuerzas del orden y el Ejército para respaldar organizaciones de narcotráfico en Honduras, México y otros lugares”.
Hernández es sospechoso de aliarse “con algunos de los más prolíficos narcotraficantes para levantar un imperio corrupto y brutal”, y de “usar sus vastos poderes para proteger y asistir a los líderes de carteles del narco alertándolos de posibles prohibiciones, así como bendiciendo la violencia fuertemente armada para apoyar ese tráfico de droga”.
La Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), destacó ayer que “la extradición deja claro que no van a parar ante nada en su persecución de los actores políticos más poderosos que se implican en narcotráfico, violencia y corrupción.
