Tegucigalpa, Honduras.
Si la mayoría de los diputados del Congreso Nacional votan a favor para la anulación del contrato de concesión de la carretera CA-5 que ganó el Consorcio Vial de Honduras (Covi), el país podría ser demandado internacionalmente.
“Si por una decisión del país se deroga el contrato vamos a tener una demanda en contra de Honduras, ya el mismo contrato estipula que en Washington existe un centro en donde se va a definir si se llega a dar esto (anulación)”, aclaró Emilio Cabrera, titular de la Superintendencia de las Alianzas Público-Privadas (SAP).
En ese sentido, el funcionario exhortó a todos los diputados a que sean conscientes de las repercusiones que eso conllevaría y que la solución ante este tipo de problemas, está en el análisis de los pro y contras de Honduras al momento de suscribir un contrato.
“Lo que yo aconsejaría es que piensen muy bien, porque el contrato ya fue suscrito, ahora hay que pensar en los nuevos contratos que el Estado otorgue para que sean negociados en las condiciones que se crean que son más favorables”, aconsejó.
Lo anterior, obedece a que diputados del Partido Libre han anunciado que luego que retornen al Legislativo, presentarán un proyecto de decreto para anular el contrato de concesión que otorgó el Estado a la empresa Covi, quien según el convenio tendrá que reparar y mantener la carretera CA-5 por 20 años.
David Palma, gerente general de Covi, recientemente notificó las tarifas que se comenzarán a cobrar en la caseta de Zambrano, ubicada a unos 33 kilómetros de Tegucigalpa; iniciando el cobro este 26 de junio. Las tarifas van desde 18 hasta 320 lempiras, este pago se realizará dependiendo el vehículo que el ciudadano utilice. Sin embargo, la empresa está facultada para la construcción de tres casetas más que estarán ubicadas en Lamaní, Siguatepeque y otra en el sector de Yojoa.
“Paquetazo”
Rasel Tomé, diputado del Partido Libre, manifestó que “vamos a interponer un proyecto de decreto para la derogación de ese paquetazo, ese es un golpe contra los ciudadanos que utilizamos la Carretera hacia el Norte”.
Explicó que esos montos también impactarán en los precios de los productos, como los frijoles y las frutas, que además de pagar combustible tendrán que pagar por peaje. “A parte del combustible tienen que pagar 600 lempiras de peaje porque son tres casetas las que tienen que pagar, significa que el flete es más caro y los productos incrementarán de precios y quien tiene que sufrir las consecuencias, es el consumidor final”, apuntó.
Para Guillermo Matamoros, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), es aceptable que el Estado busque el financiamiento a través de las alianzas público-privadas, para mejorar y mantener las carreteras del país porque no tiene los recursos para hacerlo por su propia cuenta.
Pero ahora hay que procurar que las tarifas del peaje sean apropiadas, expuso el empresario. “De lo que se trata ahora es de que las tasas sean apropiadas y que se den proceso de licitación transparente”, ostentó.
Ante esta situación, Matamoros espera que los ciudadanos sean razonables ante la falta de recursos del Estado, pero también hay que ser lo suficientemente claros, con el objetivo de que la empresa que venga a dar este servicio cumpla.
