Tegucigalpa, Honduras.
¿Dónde están y a qué se dedican los más de 5,521 policías, entre agentes y oficiales, que fueron cancelados de la Policía Nacional desde 2016 a la fecha como parte del proceso de depuración del estamento armado?
Esa es la incógnita que prima en los hondureños y que en este momento no tiene una respuesta ante la inexistencia de un mecanismo de investigación y seguimiento que permita determinar a ciencia cierta a qué se están dedicando la mayoría de los policías expulsados. Desde 2016, cuando inició el proceso de depuración, a noviembre de 2018, la Comisión Especial canceló 5,521 policías, entre ellos: 4,301 agentes de la escala básica, 427 oficiales, 214 suboficiales y 579 miembros del personal auxiliar.
En los comienzos del proceso de depuración se habló de organizar un grupo de seguimiento y de contrainteligencia para investigar de forma permanente a los oficiales y agentes cancelados, pero la iniciativa no se materializó.
Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial de Depuración, reconoció que esa ha sido una tarea prácticamente imposible porque el Estado no cuenta con las capacidades y el suficiente recurso humano para poder vigilar a cada uno de los policías depurados.
“El Estado no tiene capacidad de darle seguimiento particular a seis mil personas, eso es prácticamente imposible, lo que sí puede hacer el Estado es identificar patrones de conducta delictiva y redes conformadas por estos policías cancelados”, dijo.
En ese sentido, argumentó que la tarea de la Comisión se ha limitado a sacar de circulación a los policías vinculados a faltas graves y delitos, es decir, retirarles la chapa, el uniforme y el arma de reglamento para que no sigan delinquiendo.
Explicó que ante la imposibilidad de mantener un mecanismo de vigilancia y seguimiento, la Comisión determinó trasladar al Ministerio Público un poco más de 2,124 expedientes de igual número de policías con indicios de haber cometido delitos de índole penal.
Investigaciones
El 24 de agosto de 2016, los miembros de la Comisión de Depuración entregaron al Ministerio Público un primer paquete de 147 expedientes de 500 investigados, entre los cuales se encontraba el de tres comisionados generales que presentaron indicios de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Luego, el 13 de junio de 2018, los depuradores entregaron a la Fiscalía un segundo paquete con 1,614 expedientes de igual número de uniformados que salieron de la Policía por la supuesta comisión de diferentes delitos como extorsión, asesinato, sicariato y narcotráfico, entre otros.
Los depuradores indicaron a LA PRENSA que ya se cumplen casi dos años y ocho meses de haber entregado los paquetes de pliegos investigativos a la Fiscalía, pero lamentablemente no tienen información de sus avances en materia de judicialización.
Rivera explicó que los cuerpos de inteligencia del Estado cuentan con cierta información relacionada con la vinculación de expolicías en estructuras del crimen organizado que siguen operando en el país. Entre tanto, hay otros que han sido detenidos infraganti en la comisión de diversos delitos y que se encuentran presos, pero de la gran mayoría no se tiene un registro fidedigno de sus actividades particulares, lo que ha hecho difícil darles seguimiento.
Rivera indicó que hay otros oficiales que se han dedicado a negocios particulares, otros han incursionado en política y otra cantidad ha utilizado sus prestaciones para iniciar sus propios emprendimientos empresariales.
Carlos Hernández, asesor de la Comisión de Depuración, arguyó que ni el Estado hondureño ni ningún país del mundo tienen la capacidad instalada de poder darle seguimiento particular a una cantidad tan grande de personas.
Tarea pendiente
Óscar Vásquez, exdirector de la desaparecida Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), opinó que el seguimiento de los policías depurados es una tarea pendiente de la Comisión Especial de Depuración de la Policía.
Vásquez consideró que muy pocos de los 5,500 depurados se han enrolado en actividades ilícitas y del crimen organizado, ya que la gran mayoría ha vuelto a sus lugares de origen y se dedican a la agricultura, otros ingresaron a empresas de seguridad privada o se dedican a diversos menesteres legales.
“Particularmente, a ese porcentaje reducido es a el que la Comisión debería dar un seguimiento, en su momento se consideró crear una unidad que le diera seguimiento e hiciera una labor de contrainteligencia para poder saber qué hacen esos 5,500 policías”, dijo.
Vásquez cuestionó que el procedimiento para sacar a varios policías implicados en actividades delictivas no fue el adecuado y generó un enorme margen de impunidad porque sus casos no fueron remitidos oportunamente al Ministerio Público y, al contrario, se les pagaron sus indemnizaciones laborales y se les liberó de responsabilidad.
Se estima que la Secretaría de Seguridad ha pagado más de 1,000 millones de lempiras en prestaciones laborales a 4,241 policías cancelados.
“El proceso de depuración de la Comisión me parece que creó muchos espacios de impunidad en la forma que fueron separados, tanto oficiales como policías de escala básica e intermedia que estaban involucrados en hechos delictivos a quienes se les tuvo que haber sentado, confrontado con el expediente investigativo y no se hizo de esa manera, y eso prácticamente ha creado un vacío legal y de impunidad porque no recibieron la sanción penal de manera oportuna”, dijo.
Seguimiento
Eduardo Villanueva, exdirector de la DIECP, indicó que no todos los policías salieron por actividades ilícitas o vinculados al delito, sino por otras circunstancias que los volvieron ineficaces para la función policial.
Dijo que a falta de acción penal ejercida por el Ministerio Público, la inteligencia policial debe dar seguimiento adecuado a expolicías ligados al crimen para saber dónde están y qué hacen a fin de neutralizar el potencial uso de sus capacidades y contactos en la actividad criminal.
A la vez, los servicios de contrainteligencia deben evitar en lo posible que penetren con su influencia nociva a la Policía Nacional, de cuya lamentable experiencia apenas está saliendo la institución.
¿Dónde están y a qué se dedican los más de 5,521 policías, entre agentes y oficiales, que fueron cancelados de la Policía Nacional desde 2016 a la fecha como parte del proceso de depuración del estamento armado?
Esa es la incógnita que prima en los hondureños y que en este momento no tiene una respuesta ante la inexistencia de un mecanismo de investigación y seguimiento que permita determinar a ciencia cierta a qué se están dedicando la mayoría de los policías expulsados. Desde 2016, cuando inició el proceso de depuración, a noviembre de 2018, la Comisión Especial canceló 5,521 policías, entre ellos: 4,301 agentes de la escala básica, 427 oficiales, 214 suboficiales y 579 miembros del personal auxiliar.
Lea: Denunciaron ante el Ministerio Público a casi la mitad de policías cancelados
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Oficiales y agentes
Fueron cancelados por tener sentencia condenatoria y firme en los tribunales de justicia por diversos delitos.
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Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial de Depuración, reconoció que esa ha sido una tarea prácticamente imposible porque el Estado no cuenta con las capacidades y el suficiente recurso humano para poder vigilar a cada uno de los policías depurados.
“El Estado no tiene capacidad de darle seguimiento particular a seis mil personas, eso es prácticamente imposible, lo que sí puede hacer el Estado es identificar patrones de conducta delictiva y redes conformadas por estos policías cancelados”, dijo.
En ese sentido, argumentó que la tarea de la Comisión se ha limitado a sacar de circulación a los policías vinculados a faltas graves y delitos, es decir, retirarles la chapa, el uniforme y el arma de reglamento para que no sigan delinquiendo.
Explicó que ante la imposibilidad de mantener un mecanismo de vigilancia y seguimiento, la Comisión determinó trasladar al Ministerio Público un poco más de 2,124 expedientes de igual número de policías con indicios de haber cometido delitos de índole penal.
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Oficiales
Fueron cancelados entre 2016, 2017 y 2018 de la Policía por diversas faltas, reestructuración y retiro.
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El 24 de agosto de 2016, los miembros de la Comisión de Depuración entregaron al Ministerio Público un primer paquete de 147 expedientes de 500 investigados, entre los cuales se encontraba el de tres comisionados generales que presentaron indicios de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Luego, el 13 de junio de 2018, los depuradores entregaron a la Fiscalía un segundo paquete con 1,614 expedientes de igual número de uniformados que salieron de la Policía por la supuesta comisión de diferentes delitos como extorsión, asesinato, sicariato y narcotráfico, entre otros.
Los depuradores indicaron a LA PRENSA que ya se cumplen casi dos años y ocho meses de haber entregado los paquetes de pliegos investigativos a la Fiscalía, pero lamentablemente no tienen información de sus avances en materia de judicialización.
Rivera explicó que los cuerpos de inteligencia del Estado cuentan con cierta información relacionada con la vinculación de expolicías en estructuras del crimen organizado que siguen operando en el país. Entre tanto, hay otros que han sido detenidos infraganti en la comisión de diversos delitos y que se encuentran presos, pero de la gran mayoría no se tiene un registro fidedigno de sus actividades particulares, lo que ha hecho difícil darles seguimiento.
Rivera indicó que hay otros oficiales que se han dedicado a negocios particulares, otros han incursionado en política y otra cantidad ha utilizado sus prestaciones para iniciar sus propios emprendimientos empresariales.
Carlos Hernández, asesor de la Comisión de Depuración, arguyó que ni el Estado hondureño ni ningún país del mundo tienen la capacidad instalada de poder darle seguimiento particular a una cantidad tan grande de personas.
Tarea pendiente
Óscar Vásquez, exdirector de la desaparecida Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), opinó que el seguimiento de los policías depurados es una tarea pendiente de la Comisión Especial de Depuración de la Policía.
Vásquez consideró que muy pocos de los 5,500 depurados se han enrolado en actividades ilícitas y del crimen organizado, ya que la gran mayoría ha vuelto a sus lugares de origen y se dedican a la agricultura, otros ingresaron a empresas de seguridad privada o se dedican a diversos menesteres legales.
“Particularmente, a ese porcentaje reducido es a el que la Comisión debería dar un seguimiento, en su momento se consideró crear una unidad que le diera seguimiento e hiciera una labor de contrainteligencia para poder saber qué hacen esos 5,500 policías”, dijo.
Vásquez cuestionó que el procedimiento para sacar a varios policías implicados en actividades delictivas no fue el adecuado y generó un enorme margen de impunidad porque sus casos no fueron remitidos oportunamente al Ministerio Público y, al contrario, se les pagaron sus indemnizaciones laborales y se les liberó de responsabilidad.
Se estima que la Secretaría de Seguridad ha pagado más de 1,000 millones de lempiras en prestaciones laborales a 4,241 policías cancelados.
“El proceso de depuración de la Comisión me parece que creó muchos espacios de impunidad en la forma que fueron separados, tanto oficiales como policías de escala básica e intermedia que estaban involucrados en hechos delictivos a quienes se les tuvo que haber sentado, confrontado con el expediente investigativo y no se hizo de esa manera, y eso prácticamente ha creado un vacío legal y de impunidad porque no recibieron la sanción penal de manera oportuna”, dijo.
Seguimiento
Eduardo Villanueva, exdirector de la DIECP, indicó que no todos los policías salieron por actividades ilícitas o vinculados al delito, sino por otras circunstancias que los volvieron ineficaces para la función policial.
Dijo que a falta de acción penal ejercida por el Ministerio Público, la inteligencia policial debe dar seguimiento adecuado a expolicías ligados al crimen para saber dónde están y qué hacen a fin de neutralizar el potencial uso de sus capacidades y contactos en la actividad criminal.
A la vez, los servicios de contrainteligencia deben evitar en lo posible que penetren con su influencia nociva a la Policía Nacional, de cuya lamentable experiencia apenas está saliendo la institución.
