Tegucigalpa, Honduras.
En un debate calificado como histórico y sin precedentes, el Congreso Nacional declaró ayer inadmisible la petición de someter a un juicio político al fiscal adjunto, Rigoberto Cuéllar.
La decisión fue tomada por 78 diputados que votaron por el NO, 45 que estaban a favor de la investigación y siete abstenciones, o sea que no fue posible alcanzar la mayoría calificada para un juicio político. La pantalla reflejó que las bancadas de los partidos Nacional y Liberal votaron en bloque por el NO. El Partido Libre lo hizo por el SÍ, a los que se sumaron los votos de Doris Gutiérrez del Pinu y Fátima Mena del Partido Anticorrupción (PAC).
Aunque no se concretó, es la primera vez en la historia legislativa que se pide al Congreso iniciar un proceso de juicio político y es la primera solicitud con base en la Ley Especial del Juicio Político en vigor desde 2013. La solicitud de someter a un juicio político al Fiscal Adjunto fue presentada por el diputado de Libre Edgardo Castro.
La secretaría del Congreso le dio el trámite correspondiente y entregó copias de la denuncia a los jefes de bancada para que analizaran si procedía o no admitir la denuncia y proceder a la investigación. El denunciante presentó 26 folios con las supuestas pruebas de abuso de autoridad, corrupción, tráfico de influencias, entre otras, cometidas por el Fiscal Adjunto.
Durante el debate, los diputados de Libre Rasel Tomé, Jari Dixon, Manuel Zelaya, Beatriz Valle y el denunciante, entre otros, pidieron que se sentara un precedente, al menos, iniciando una investigación como primer paso para un juicio político. En su petición, Castro expuso una serie de conflictos de intereses entre Cuéllar y el bufete legal de su esposa, Sonia de Cuéllar.
Castro argumentó que el fiscal Cuéllar otorgó irregularmente licencias ambientales, venta de transformadores propiedad de la Enee, ampliación de permisos ambientales para el sector minero y camaronero y la operación de Gas del Caribe, pretensión de reformar la ley para despojar de sus tierras a los pueblos lencas, manipulación de contratos y concesionamiento de exploraciones petroleras. En el ejercicio como fiscal, el traslado y nombramiento de fiscales para casos emblemáticos, entre otras denuncias de poca monta, según dijo el secretario del Congreso, Mario Pérez, que no daban mérito para una investigación porque eran atribuciones de la Fiscalía Adjunta.
Inadmisibles
Sin embargo, los argumentos de la denuncia, así como las argucias de los diputados de Libre fueron desbaratadas con las intervenciones de los diputados nacionalistas Oswaldo Ramos Soto, Tomás Zambrano y Mario Pérez, los liberales Darío Banegas y José Alfredo Saavedra.
Todas las supuestas irregularidades que en el escrito son imputadas al fiscal Cuéllar corresponden a cuando este se desempeñó como secretario de Recursos Naturales y Ambiente, en el Gobierno de Lobo, y no tienen que ver con sus funciones en el Ministerio Público, se dijo.
El artículo 234 de la Constitución de la República se refiere al juicio político y dice que esta figura procede cuando se trata abusos relacionados con el ejercicio del cargo del funcionario imputado, dijo el nacionalista Oswaldo Ramos Soto, quien presentó la moción para que la solicitud no fuese admitida.
El liberal Yuri Sabas expresó que de haberle dado paso al juicio político, el mensaje hubiese sido que el fiscal que se meta con un diputado será atacado por el Congreso Nacional. Antes de que se rechazara la petición, Castro hizo un llamado al resto de bancadas para que juntos enfrenten y combatan cualquier acto de corrupción.
La jefa de la bancada del PAC, Fátima Mena, declaró que algunas de las denuncias contra Cuéllar sí están vinculadas con las funciones de su cargo y daban lugar al inicio de un juicio político.
En un debate calificado como histórico y sin precedentes, el Congreso Nacional declaró ayer inadmisible la petición de someter a un juicio político al fiscal adjunto, Rigoberto Cuéllar.
La decisión fue tomada por 78 diputados que votaron por el NO, 45 que estaban a favor de la investigación y siete abstenciones, o sea que no fue posible alcanzar la mayoría calificada para un juicio político. La pantalla reflejó que las bancadas de los partidos Nacional y Liberal votaron en bloque por el NO. El Partido Libre lo hizo por el SÍ, a los que se sumaron los votos de Doris Gutiérrez del Pinu y Fátima Mena del Partido Anticorrupción (PAC).
Aunque no se concretó, es la primera vez en la historia legislativa que se pide al Congreso iniciar un proceso de juicio político y es la primera solicitud con base en la Ley Especial del Juicio Político en vigor desde 2013. La solicitud de someter a un juicio político al Fiscal Adjunto fue presentada por el diputado de Libre Edgardo Castro.
La secretaría del Congreso le dio el trámite correspondiente y entregó copias de la denuncia a los jefes de bancada para que analizaran si procedía o no admitir la denuncia y proceder a la investigación. El denunciante presentó 26 folios con las supuestas pruebas de abuso de autoridad, corrupción, tráfico de influencias, entre otras, cometidas por el Fiscal Adjunto.
Durante el debate, los diputados de Libre Rasel Tomé, Jari Dixon, Manuel Zelaya, Beatriz Valle y el denunciante, entre otros, pidieron que se sentara un precedente, al menos, iniciando una investigación como primer paso para un juicio político. En su petición, Castro expuso una serie de conflictos de intereses entre Cuéllar y el bufete legal de su esposa, Sonia de Cuéllar.
Castro argumentó que el fiscal Cuéllar otorgó irregularmente licencias ambientales, venta de transformadores propiedad de la Enee, ampliación de permisos ambientales para el sector minero y camaronero y la operación de Gas del Caribe, pretensión de reformar la ley para despojar de sus tierras a los pueblos lencas, manipulación de contratos y concesionamiento de exploraciones petroleras. En el ejercicio como fiscal, el traslado y nombramiento de fiscales para casos emblemáticos, entre otras denuncias de poca monta, según dijo el secretario del Congreso, Mario Pérez, que no daban mérito para una investigación porque eran atribuciones de la Fiscalía Adjunta.
Inadmisibles
Sin embargo, los argumentos de la denuncia, así como las argucias de los diputados de Libre fueron desbaratadas con las intervenciones de los diputados nacionalistas Oswaldo Ramos Soto, Tomás Zambrano y Mario Pérez, los liberales Darío Banegas y José Alfredo Saavedra.
Todas las supuestas irregularidades que en el escrito son imputadas al fiscal Cuéllar corresponden a cuando este se desempeñó como secretario de Recursos Naturales y Ambiente, en el Gobierno de Lobo, y no tienen que ver con sus funciones en el Ministerio Público, se dijo.
El artículo 234 de la Constitución de la República se refiere al juicio político y dice que esta figura procede cuando se trata abusos relacionados con el ejercicio del cargo del funcionario imputado, dijo el nacionalista Oswaldo Ramos Soto, quien presentó la moción para que la solicitud no fuese admitida.
El liberal Yuri Sabas expresó que de haberle dado paso al juicio político, el mensaje hubiese sido que el fiscal que se meta con un diputado será atacado por el Congreso Nacional. Antes de que se rechazara la petición, Castro hizo un llamado al resto de bancadas para que juntos enfrenten y combatan cualquier acto de corrupción.
La jefa de la bancada del PAC, Fátima Mena, declaró que algunas de las denuncias contra Cuéllar sí están vinculadas con las funciones de su cargo y daban lugar al inicio de un juicio político.
