El decreto que da independencia de actuación a la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (Uferco) crea un conflicto de legalidad, según profesionales del derecho.
El viernes en la madrugada, el Congreso Nacional, sin apoyo de nacionalistas y liberales, aprobó un decreto que otorga facultades investigativas en casos de corrupción a la Uferco, argumentando que se debe dotar de la capacidad a la Unidad para que logre avances significativos en la lucha contra la corrupción.
UFERCO
Es el nombre que se le dio a la Unidad Fiscal Especializada contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), el brazo operativo de la Maccih.
Según el abogado y analista Raúl Pineda Alvarado -quien hace 29 años redactó el artículo que elevó al Ministerio Público a la categoría de figura constitucional-, el decreto que da independencia de acusación a la Uferco “es más un problema de orden administrativo y de orden legal”.
“No creo que sea un tema de violación a la Constitución, sencillamente es un problema político administrativo”; no obstante, este decreto desnaturaliza la estructura del Ministerio Público, que se basa en el principio de unidad de actuaciones, donde el fiscal tiene la exclusividad en el ejercicio de la acción penal y el principio de subordinación. Cuando estos se violentan “se está prácticamente creando un órgano que no es Ministerio Público en ninguna parte del mundo”, explicó.
Para no caer en dilemas o ilegalidades en la lucha contra la corrupción, el Congreso Nacional pudo interpelar al fiscal general pidiéndole explicación de por qué mantienen engavetados o retenidos ciertos expedientes.
" “No creo que sea un tema de violación a la Constitución, sencillamente es un problema político administrativo”. "
Con un voto de censura administrativo que improbara su conducta, al fiscal no le hubiera quedado otra alternativa que permitir que la Uferco hiciera su trabajo, “pero de eso a crear dos ministerios públicos, se está violentando no solamente la Ley del Ministerio Público, sino todo el acervo doctrinario de lo que son los Ministerios Públicos”, aseveró.
Darle facultades limitadas a la Uferco hasta que pongan un fiscal sintonizado con el nuevo Gobierno, “luego decir que ya no la ocupan, eso no es correcto”. Si quieren que el fiscal general haga bien su trabajo deben seguir la línea adecuada, “interpelándolo, censurándole su conducta administrativa, esa es la única forma en la que pueden intervenir los diputados”, dijo Pineda Alvarado.
El abogado y criminalista Gonzalo Sánchez es del criterio que “la acción del Legislativo tiene buenas intenciones, se está buscando una salida alterna para que un ente como la Uferco, totalmente independiente y apolítica, presente requerimientos, desde mi óptica es bueno, el problema es que es inconstitucional”.
Para él, la determinación del Congreso tiene sus riesgos en la lucha contra la corrupción y la impunidad, primero porque las personas acusadas mediante las facultades otorgadas a la Uferco podrían quedar en libertad si la Sala de lo Constitucional declara inconstitucional el decreto. Sobre este aspecto, Pineda Alvarado dijo: “el Estado se expondría a una demanda”.
