Tegucigalpa, Honduras.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos manifestaron un contundente rechazo a la aprobación en primer debate de la Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales.
El Cohep expresó que este proyecto de ley atribuye a ciertas empresas del sector privado la facultad de censurar el contenido de publicaciones que se difundan a través de redes sociales e Internet, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 72 de la Constitución de la República que expresa que “es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura”.
Enfatizaron que artículos de esta ley facultan a instituciones administrativas y ciertas empresas a juzgar y declarar la ilegalidad del contenido de las publicaciones que se difundan a través de las redes sociales o Internet y aclaró que no fueron consultados sobre el alcance y contenido de esta ley tal como se establece en el pronunciamiento segundo del dictamen del referido proyecto.
Los empresarios aseveraron que son conscientes que ningún derecho es absoluto; sin embargo, consideraron que esta ley es una sobrerregularización a los límites ya establecidos al ejercicio del derecho de la libertad de emisión del pensamiento y su aprobación generará el debilitamiento a los principios democráticos y atrasos en el desarrollo social y económico del país.
“No estamos de acuerdo con el contenido de la ley. No está clara, se agrega en un Consejo de Veeduría al Cohep sin habernos consultado si estamos de acuerdo”, dijo Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del Cohep.
Vulnera libertad de expresión
El CPH consideró en un comunicado que la libertad de expresión es irrestricta y cualquier violación a los derechos del hombre deben ser tramitados a través de las leyes y códigos que ya tipifican este tipo de delitos.
Consideró que el proyecto en discusión en el Congreso Nacional se presta a manipulaciones por intereses particulares y restringe el derecho de la ciudadanía de poder expresarse libremente en redes sociales y medios de comunicación.
El gremio periodístico resaltó la censura con la que carga el pueblo y la prensa hondureña por la aprobación del Artículo 335-B del Código Penal que criminaliza la labor de los periodistas y que actualmente está vigente pese a los esfuerzos del CPH por derogar el mismo. Los comunicadores ratificaron que “la mejor ley es la que no existe” en cuanto a libertad de expresión se refiere.
De igual forma hace referencia a la Constitución y demás leyes de la república de Honduras, donde se indica que cada persona es responsable de sus actos; por consiguiente, no se pueden emitir disposiciones que generalicen comportamientos particulares.
La preocupación del gremio periodístico radica en que con la Ley de Ciberseguridad Nacional se pretenda introducir “suprepticiamente” la figura del desacato que contenía el viejo Código Penal.
La interpretación del CPH sobre esta ley es que los políticos pretenden evitar someterse al escrutinio de la prensa nacional y de la ciudadanía en general. El CPH puntualizó rotundamente que no formarán parte de cualquier órgano que pretenda regular el derecho a la libertad de expresión y reiteró su posición de defender el derecho de todos los ciudadanos a expresar sus opiniones y pensamientos.
El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada ( Cohep) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos manifestaron un contundente rechazo a la aprobación en primer debate de la Ley Nacional de Ciberseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales.
El Cohep expresó que este proyecto de ley atribuye a ciertas empresas del sector privado la facultad de censurar el contenido de publicaciones que se difundan a través de redes sociales e Internet, lo cual es contrario a lo establecido en el artículo 72 de la Constitución de la República que expresa que “es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura”.
Enfatizaron que artículos de esta ley facultan a instituciones administrativas y ciertas empresas a juzgar y declarar la ilegalidad del contenido de las publicaciones que se difundan a través de las redes sociales o Internet y aclaró que no fueron consultados sobre el alcance y contenido de esta ley tal como se establece en el pronunciamiento segundo del dictamen del referido proyecto.
Los empresarios aseveraron que son conscientes que ningún derecho es absoluto; sin embargo, consideraron que esta ley es una sobrerregularización a los límites ya establecidos al ejercicio del derecho de la libertad de emisión del pensamiento y su aprobación generará el debilitamiento a los principios democráticos y atrasos en el desarrollo social y económico del país.
“No estamos de acuerdo con el contenido de la ley. No está clara, se agrega en un Consejo de Veeduría al Cohep sin habernos consultado si estamos de acuerdo”, dijo Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del Cohep.
Vulnera libertad de expresión
El CPH consideró en un comunicado que la libertad de expresión es irrestricta y cualquier violación a los derechos del hombre deben ser tramitados a través de las leyes y códigos que ya tipifican este tipo de delitos.
Consideró que el proyecto en discusión en el Congreso Nacional se presta a manipulaciones por intereses particulares y restringe el derecho de la ciudadanía de poder expresarse libremente en redes sociales y medios de comunicación.
El gremio periodístico resaltó la censura con la que carga el pueblo y la prensa hondureña por la aprobación del Artículo 335-B del Código Penal que criminaliza la labor de los periodistas y que actualmente está vigente pese a los esfuerzos del CPH por derogar el mismo. Los comunicadores ratificaron que “la mejor ley es la que no existe” en cuanto a libertad de expresión se refiere.
De igual forma hace referencia a la Constitución y demás leyes de la república de Honduras, donde se indica que cada persona es responsable de sus actos; por consiguiente, no se pueden emitir disposiciones que generalicen comportamientos particulares.
La preocupación del gremio periodístico radica en que con la Ley de Ciberseguridad Nacional se pretenda introducir “suprepticiamente” la figura del desacato que contenía el viejo Código Penal.
La interpretación del CPH sobre esta ley es que los políticos pretenden evitar someterse al escrutinio de la prensa nacional y de la ciudadanía en general. El CPH puntualizó rotundamente que no formarán parte de cualquier órgano que pretenda regular el derecho a la libertad de expresión y reiteró su posición de defender el derecho de todos los ciudadanos a expresar sus opiniones y pensamientos.
