Tegucigalpa, Honduras.
El Poder Judicial sigue pujando para que en el Congreso Nacional se apruebe este año la Ley de Extradiciones.
Pese a que estos procedimientos ya están en ejecución bajo la figura de un Auto Acordado, la Corte insiste en la urgencia de una ley que le dé un marco legal sólido, para conocer y resolver las solicitudes de extradición de hondureños y extranjeros vinculados al crimen organizado.
En la actualidad son dos anteproyectos de Ley de Extradición; los que aguardan su discusión y que están en las gavetas de los parlamentarios.
Las propuestas
El Congreso, mediante decreto número 269-2011, reformó el artículo 102 de la Constitución, autorizando de forma excepcional la extradición de hondureños en casos relacionados con el tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada, siempre y cuando exista Tratado o Convenio de extradición con el país requirente. Ante la referida reforma constitucional, para la Corte resulta imperativo regular mediante una norma secundaria con rango de ley, un procedimiento efectivo y expedito que señale las garantías, los deberes, obligaciones y derechos a los que estarán sujetos los intervinientes en el proceso de extradición, de manera que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa.
Por consiguiente, la CSJ envió, en el año 2012, un primer anteproyecto de Ley de Extradición que no prosperó en el CN por ser cuestionado por algunos diputados.
A inicios del presente año, la Corte remitió al Congreso otro anteproyecto de Ley de Extradición. En en el mismo se exponía que el conocimiento en el procedimiento y decisión sobre las solicitudes de extradición, en primera instancia, corresponde únicamente al Juez de Jurisdicción Nacional.
Se proponía que este juez debería contar con la seguridad especializada, tanto personal como familiar, misma que será brindada permanentemente aun después de dejar el cargo.
El Poder Judicial sigue pujando para que en el Congreso Nacional se apruebe este año la Ley de Extradiciones.
Pese a que estos procedimientos ya están en ejecución bajo la figura de un Auto Acordado, la Corte insiste en la urgencia de una ley que le dé un marco legal sólido, para conocer y resolver las solicitudes de extradición de hondureños y extranjeros vinculados al crimen organizado.
En la actualidad son dos anteproyectos de Ley de Extradición; los que aguardan su discusión y que están en las gavetas de los parlamentarios.
 Carlos Arnoldo Lobo fue el primer hondureño extraditado. |
El Congreso, mediante decreto número 269-2011, reformó el artículo 102 de la Constitución, autorizando de forma excepcional la extradición de hondureños en casos relacionados con el tráfico de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y cualquier otro ilícito de criminalidad organizada, siempre y cuando exista Tratado o Convenio de extradición con el país requirente. Ante la referida reforma constitucional, para la Corte resulta imperativo regular mediante una norma secundaria con rango de ley, un procedimiento efectivo y expedito que señale las garantías, los deberes, obligaciones y derechos a los que estarán sujetos los intervinientes en el proceso de extradición, de manera que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa.
Por consiguiente, la CSJ envió, en el año 2012, un primer anteproyecto de Ley de Extradición que no prosperó en el CN por ser cuestionado por algunos diputados.
A inicios del presente año, la Corte remitió al Congreso otro anteproyecto de Ley de Extradición. En en el mismo se exponía que el conocimiento en el procedimiento y decisión sobre las solicitudes de extradición, en primera instancia, corresponde únicamente al Juez de Jurisdicción Nacional.
Se proponía que este juez debería contar con la seguridad especializada, tanto personal como familiar, misma que será brindada permanentemente aun después de dejar el cargo.
