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Corredor logístico se concesionó a 15 empresas

  • 30 julio 2013 /

Como “caballada” califica los contratos de supervisión del corredor logístico y turístico el exministro de Soptravi Miguel Ángel Gámez.

En cinco mil millones de lempiras están valorados los proyectos del corredor logístico y del turístico de Honduras concesionados por la Comisión para la Promoción de la Alianza Público–Privada (Coalianza).

En el diario oficial La Gaceta se publicó el pasado 13 de marzo un voluminoso contrato de concesión, el primero en su especie, y señalado por muchos sectores como lesivo para el país.

A 15 empresas se les otorgó la millonaria concesión, entre obras y supervisión de las mismas. La mayoría del pueblo hondureño no tiene acceso al contrato de 590 páginas, por ello expertos en infraestructura vial prefieren referirse al tema desde el anonimato. “Todo comienza desde que el Gobierno argumenta que no tiene dinero para darle mantenimiento a ese tipo de infraestructura”, explica el experto consultado por LA PRENSA, conocedor al dedillo de la millonaria concesión.

El primer contrato concedido es el corredor logístico que abarca tres tramos: Goascorán–Villa de San Antonio, San Pedro Sula–Puerto Cortés y Tegucigalpa–Villa de San Antonio, los cuales representan 391.8 kilómetros de carretera que Coalianza concesionó por 90,500,000 dólares. Los ganadores de la licitación son el Concesionario Vial Honduras S.A. de C.V. que representa a Hidalgo e Hidalgo S.A. de C.V. de Ecuador, y Construcción y Administración de Perú.

“Prácticamente todas las carreteras del corredor logístico están nuevas y quien las pagó fue el Estado, todas fueron regaladas, como la de la Cuenta del Milenio. En esa concesión y mantenimiento, al principio no se le tiene que dar mucho hasta después de cierto tiempo. Ahora prácticamente el concesionario no tiene por qué gastar y el Gobierno tampoco”, explicó el experto.

El corredor logístico

Según el contrato, Coalianza, Soptravi y Concesionaria Vial Honduras son los actores principales. La concesión fue otorgada por 20 años, tiempo en el cual el Estado podrá volver a disponer de esta infraestructura o volverlo a concesionar.

El decreto legislativo que le da vida a la concesión explica que Concesionaria Vial Honduras debe cumplir con algunas obligaciones, como el pago de 4,528,954 dólares, un 25% pagado en efectivo al cierre del contrato, 50% al cierre financiero y el 100% cancelado a los dos años de haber iniciado las obras, cláusula que desvirtúa lo señalado por el comisionado presidente de Coalianza, José Antonio Pineda, de que el Gobierno no recibirá ni un centavo.

Otros ingresos que Coalianza habría recibido en el momento de la firma del contrato, según se especifica en el mismo documento, son 1,811,581 dólares “por concepto de tasa de servicios prestados, equivalente al 2% de la inversión referencial del concurso público internacional”. Este pago según el decreto debía hacerse a los 45 días después de firmado el contrato.

Soptravi también debe entregar al concesionario una lista de semiproyectos concluidos, conocidos como los subtramos del corredor logístico. “Estos serán entregados en septiembre de 2014 para el tramo Goascorán –El Quebrachal y Villa de San Antonio–El Quebrachal, listo en diciembre de 2012”, dice el contrato. Si Soptravi no entrega lo antes señalado, el concesionario puede colocar una caseta de peaje para recuperar la pérdida.

Las obras del concesionario

A ocho meses de haberse firmado el contrato, Concesionaria Vial Honduras está obligado a la puesta a punto de los tramos correspondientes de la concesión y a los 18 meses tener concluida la ampliación en el tramo entre el fin del Valle de Comayagua y el punto de inicio del tramo de cuatro carriles de la recta de La Barca.

Es aquí donde Coalianza justifica el contrato de supervisión del corredor logístico, el que pudo habérsele otorgado a Soptravi; sin embargo, se le dio a las compañías Cinsa, Técnica, Conash y ASP por 2,500,000 dólares.

“Soptravi debería estar de supervisor, pero en esta primera etapa, Coalianza contrató un privado, aunque siempre supervisa la secretaría. Yo no sé eso realmente, la ley les permite eso. Creo que no era lo mejor, pero dicen que es para estar protegidos, y la gente desconfía tanto y eso significa más costos. Ni quiera Dios, es una caballada el costo de esa supervisión, es un gran dineral”, dijo el exsecretario de Soptravi Miguel Ángel Gámez.

Gámez firmó la concesión como representante del concedente (Soptravi); no obstante, acudió a la Procuraduría General de la Republica en busca de asesoramiento sobre su responsabilidad al firmar el documento.

“Me preocupé y fui a la PGR porque a mí me parece que los alcances de algunos servicios estaban un poquito fuera de onda, lo de la supervisión más que todo, es carísima y debieron haberle pedido un análisis a Soptravi porque es la encargada de eso, pero bueno, a ellos la ley se los permite”, dijo.
Regalo de Honduras

Según el experto que pidió omitir su identidad, el concesionario no tendrá mucho que invertir en el mantenimiento del corredor logístico porque el Estado “está regalando un bien que vale 20,000 millones de lempiras aproximadamente, se lo entregaron al concesionario y este dice que lo va a mantener y que hará obras colaterales. Esto no es cuestión del otro mundo, engañan a la gente diciendo que el concesionario va a pagar impuestos y que va a generar empleo”.

El análisis carretero revela que el concesionario no invertirá en los primeros años porque las carreteras están nuevas y el experto se pregunta por qué el Gobierno supone que no va a poder darle mantenimiento en 20 años. “No estoy en contra de las concesiones, pero en las condiciones que se generó ese contrato es lesivo para el Estado.

El decreto debe ser leído lentamente para entenderlo. Tenemos conocimiento que solo en peajes el concesionario tendrá ganancias anuales de 30 millones de dólares, sin contar el flujo de carros que habría en el tramo El Quebrachal-Goascorán porque no está hecho. Con ese flujo sacarán 30 millones de ingresos brutos, y lo que van a invertir en 20 años son 90 millones de dólares. En cuatro años ganarán 120 millones, realmente ellos no necesitan financiarse para echar a andar este proyecto, y lo cuestionable es por qué el Gobierno no le puede dar mantenimiento a las carreteras”, concluyó el experto.

Los inversionistas estarían interesados en los dos ejes carreteros, que, según el experto, uno es desde el sur hasta el norte y el segundo, desde occidente atravesando San Pedro hasta Trujillo.

Corredor turístico

El corredor turístico de 122.6 kilómetros es considerado una buena negociación de Coalianza.

Los tramos del corredor turístico comprenden El Progreso–Tela, San Pedro Sula-El Progreso y La Barca–El Progreso a un costo de 150 millones de dólares, y la concesión le fue otorgada al Consorcio Autopistas del Atlántico, conformado por CI Grodco de Colombia, CI Grodco de Panamá y Profesionales de la Construcción (Prodecon de Honduras).

“El país gana mucho porque el tramo de Santa Rita–El Progreso prácticamente es un regalo, es parte de las regalías que el concesionario le da al Estado, es una gran ventaja porque con el mismo costo están construyendo 36 kilómetros más”, explicó Gámez.

Para esta obra, Coalianza contrató un privado para que lleve a cabo la supervisión por 66.2 millones de lempiras. El responsable es el Consorcio Nipón Koei Co. Ltd, Nipón Koei Latin América, Caribbean Co. Ltd de Japón y el Gabinete Técnico S.A. de C.V. de Honduras.

“Será de 30 años a partir del inicio de operaciones de alguna de las estaciones de peaje. Al final las obras y los activos serán transferidos gratuitamente al Estado, el que queda en libertad para explotarlas directamente o adjudicarlas a un nuevo concesionario”, explican en el pliego de condiciones.

Siendo Soptravi la más demandada por incumplimiento de contratos, el exsecretario Gámez no está de acuerdo en que se diga que el Gobierno es un mal administrador.

“La concesión del corredor logístico y turístico ha recibido muchas críticas por desconocimiento, es la primera carretera que se concesiona y no hay experiencia. A esto le sumamos el ingrediente político y no saben lo que es”, argumentó Gámez, quien confirmó que las concesiones se hacen cuando el Gobierno es incapaz de llevar a cabo los proyectos.

“El Gobierno ya no puede financiar nada y hay que abrir el espacio a la empresa privada a ver si responde; pero Soptravi sí puede llevar a cabo este tipo de proyectos, lo que pasó fue descoordinación y falta de comunicación con Coalianza”, expresó.

Finalizan estudio de ingeniería

Coalianza informó que el estado actual del corredor logístico es que ya se culminaron los estudios de ingeniería e impacto ambiental para las obras de reparación del puente sobre el Río Choloma, adonde se trabaja dese el 15 de julio pasado, aunque según el cronograma debía estar finalizada antes de febrero de 2014.

Sobre el corredor turístico informaron que Autopistas del Atlántico se encuentra en la etapa de estudios de ingeniería y diseño.

Dijeron que en la actualidad los diseños se encuentran en revisión del supervisor para asegurarse de que cumplan con los requisitos.

Es hasta diciembre de 2013 que el concesionario comenzará con las obras del corredor logístico.

Claves

TURÍSTICO
El corredor turístico fue concesionado por 30 años. Tiene dos costos oficiales: uno por 150 millones de dólares, según consta en lo de Coalianza y otro por 98.2 millones de dólares, según el pliego de condiciones.

PEAJES
Oficialmente se desconocen los lugares adonde se colocarán las casetas de peaje en ambos corredores. Se sabe que serán siete y que los vehículos livianos pagarán 16 lempiras y los pesados 32.

AMPLIACIÓN
El corredor logístico fue concesionado a 20 años; sin embargo, puede hacerse una ampliación si el concedente, en este caso Soptravi, lo logra argumentar.