Tegucigalpa, Honduras.
Las personas que se dedican a quemar unidades del transporte, restaurantes, camiones u otro acto terrorista pasarán entre 40 y 50 años en el cárcel, de ser aprobado hoy el paquete de reformas penales en el Congreso Nacional.
Otros punto clave de las reformas es que el delito de extorsión se tipifique como tal desde el momento que un ciudadano sea sometido a amenazas. Con esto se busca eliminar el beneficio de la preliberación, de manera que los delitos de crimen organizado se cumplan con condenas a cabalidad.
La reforma especifica que la prueba anticipada sea aceptada en juicio por los jueces a fin de que un testigo o víctima de un delito no esté frente a los agresores.
También se propone reformar la Ley del Instituto Penitenciario para crear tres tipos de régimen ordinario para la adecuada separación de reos (mínima, media y máxima seguridad).
Consensos
Los parlamentarios retoman hoy el tercer y último debate del paquete de reformas penales y los cabildeos se intensifican para aprobar el proyecto que envió el Poder Ejecutivo porque no cuentan con el respaldo de la oposición.
Pese a que solo se necesita mayoría simple, es decir, 65 votos; hasta ayer no se contaba con los mismos.
La bancada nacionalista está lista para dar su voto favorable y cuentan con algunos diputados del Partido Va Movimiento Solidario (Vamos), de Unificación Democrática y otros de la bancada independiente con los que suman 55 votos, por lo que la esperanza de los nacionalistas radica en el Partido Liberal.
“Hay que esperar cuál es el criterio unánime del Partido Liberal. El diálogo es permanente y el consenso se hace a diario y esperamos el día de mañana (hoy), con las diferentes reuniones que se puedan tener en el Congreso, poder obtener la mayoría necesaria”, indicó Tomás Zambrano, prosecretario del Congreso y miembro de la Comisión Dictaminadora.
El congresista rechazó las objeciones del Partido Libertad y Refundación (Libre) y Anticorrupción (PAC) que niegan su voto a las reformas. Entre ellas está la criminalización a la protesta, licencia para que policías o agentes de seguridad puedan disparar en protestas y la intervención de llamadas, ya que consideran violación a la privacidad. “Eso no es cierto y están engañando a la población”, sostuvo Zambrano.
Las personas que se dedican a quemar unidades del transporte, restaurantes, camiones u otro acto terrorista pasarán entre 40 y 50 años en el cárcel, de ser aprobado hoy el paquete de reformas penales en el Congreso Nacional.
Otros punto clave de las reformas es que el delito de extorsión se tipifique como tal desde el momento que un ciudadano sea sometido a amenazas. Con esto se busca eliminar el beneficio de la preliberación, de manera que los delitos de crimen organizado se cumplan con condenas a cabalidad.
La reforma especifica que la prueba anticipada sea aceptada en juicio por los jueces a fin de que un testigo o víctima de un delito no esté frente a los agresores.
También se propone reformar la Ley del Instituto Penitenciario para crear tres tipos de régimen ordinario para la adecuada separación de reos (mínima, media y máxima seguridad).
Consensos
Los parlamentarios retoman hoy el tercer y último debate del paquete de reformas penales y los cabildeos se intensifican para aprobar el proyecto que envió el Poder Ejecutivo porque no cuentan con el respaldo de la oposición.
Pese a que solo se necesita mayoría simple, es decir, 65 votos; hasta ayer no se contaba con los mismos.
La bancada nacionalista está lista para dar su voto favorable y cuentan con algunos diputados del Partido Va Movimiento Solidario (Vamos), de Unificación Democrática y otros de la bancada independiente con los que suman 55 votos, por lo que la esperanza de los nacionalistas radica en el Partido Liberal.
“Hay que esperar cuál es el criterio unánime del Partido Liberal. El diálogo es permanente y el consenso se hace a diario y esperamos el día de mañana (hoy), con las diferentes reuniones que se puedan tener en el Congreso, poder obtener la mayoría necesaria”, indicó Tomás Zambrano, prosecretario del Congreso y miembro de la Comisión Dictaminadora.
El congresista rechazó las objeciones del Partido Libertad y Refundación (Libre) y Anticorrupción (PAC) que niegan su voto a las reformas. Entre ellas está la criminalización a la protesta, licencia para que policías o agentes de seguridad puedan disparar en protestas y la intervención de llamadas, ya que consideran violación a la privacidad. “Eso no es cierto y están engañando a la población”, sostuvo Zambrano.
Apoyo
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Jorge Faraj, dijo que es necesario endurecer las medidas contra el delito de extorsión, por lo que considera oportunas las reformas penales que ya están en discusión el Congreso Nacional.
Faraj dijo que la situación del país amerita acciones contundentes en ese sentido. “Los extorsionadores no tienen límites y sus acciones afectan la inversión y generación de empleo. Necesitamos medidas extremas y estas reformas consideramos que van en esta dirección”.
“Creemos que solo la amenaza de extorsión a través de una llamada o una carta que llega a los negocios, llena de miedo y obliga al cierre de muchos. Este es un tema que consideramos no se debe politizar y el Congreso Nacional debe aprobar de acuerdo con la situación que estamos enfrentando”.
