San Pedro Sula, Honduras.
Después de que fuera suspendida en al menos tres ocasiones, ayer se celebró la audiencia inicial por el caso de abuso de autoridad y discriminación en contra del alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli.
Aunque el alcalde no compareció ante el juez, por no ser necesario, su apoderado legal enfrentó las pruebas presentadas por la Fiscalía. El Ministerio Público acusó a Crivelli porque despidió a 33 empleados de la Municipalidad que eran miembros del sindicato.
Por ese caso le imputaron el delito de abuso de autoridad, requerimiento que fue puesto el 23 de septiembre de 2014; el juzgado le impuso medidas sustitutivas a la prisión en la audiencia de declaración de imputado. Recientemente, la Fiscalía de Derechos Humanos de Tegucigalpa que ha manejado la acusación la amplió por el delito de discriminación.
Ayer en la audiencia, que comenzó desde las 10:00 am y culminó hasta en horas de la tarde, declararon dos empleados que estaban propuestos como testigos por la Fiscalía, y aportaron documentos con los que supuestamente probarán el delito.
La defensa, que tiene prueba en común con la Fiscalía, alegó que no existe ningún delito penal en la acción que realizó el alcalde Crivelli al despedir conforme al derecho laboral a varios empleados. La Fiscalía no fue específica sobre el delito de discriminación. El 23 de mayo se conocerá resolución.
Después de que fuera suspendida en al menos tres ocasiones, ayer se celebró la audiencia inicial por el caso de abuso de autoridad y discriminación en contra del alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli.
Aunque el alcalde no compareció ante el juez, por no ser necesario, su apoderado legal enfrentó las pruebas presentadas por la Fiscalía. El Ministerio Público acusó a Crivelli porque despidió a 33 empleados de la Municipalidad que eran miembros del sindicato.
Por ese caso le imputaron el delito de abuso de autoridad, requerimiento que fue puesto el 23 de septiembre de 2014; el juzgado le impuso medidas sustitutivas a la prisión en la audiencia de declaración de imputado. Recientemente, la Fiscalía de Derechos Humanos de Tegucigalpa que ha manejado la acusación la amplió por el delito de discriminación.
Ayer en la audiencia, que comenzó desde las 10:00 am y culminó hasta en horas de la tarde, declararon dos empleados que estaban propuestos como testigos por la Fiscalía, y aportaron documentos con los que supuestamente probarán el delito.
La defensa, que tiene prueba en común con la Fiscalía, alegó que no existe ningún delito penal en la acción que realizó el alcalde Crivelli al despedir conforme al derecho laboral a varios empleados. La Fiscalía no fue específica sobre el delito de discriminación. El 23 de mayo se conocerá resolución.
