El control en la portación de armas que se pretende ejecutar a través de la nueva normativa que se apresta a discutir y aprobar el Congreso Nacional no debe ser indiscriminado, porque entonces se favorecería a la delincuencia en detrimento de las personas honradas.
Así lo advirtió ayer German Leitezelar, diputado pinuista y miembro de la comisión especial que elaborará el dictamen de la nueva Ley General de Control o Portación de Armas de Fuego, con la cual se busca enfrentar los altos niveles de criminalidad que azotan a la ciudadanía hondureña.
Con esto, Leitzelar comparte la preocupación de diferentes sectores de la ciudadanía en el sentido de que esta nueva normativa conduzca a dejar desarmadas e indefensas a las personas honradas que poseen un revólver o una escopeta para defenderse de los delincuentes.
Explicó que con las nuevas disposiciones en materia de registro de armamento quedará contemplado que la institución que se encargue de su comercialización, sea esta las Fuerzas Armadas de Honduras (FF AA) u otra, deberá vender el arma con su debido registro balístico desde el momento que se adquiera y no como sucede actualmente.
Asimismo, detalló que en los primeros cinco meses de este año solamente se habían registrado unas siete mil armas a en todo el país, por lo que la proyección es que al final de 2013 habrá registradas unas 14 mil, lo cual es insuficiente en relación con la cantidad de armamento ilegal que circula a nivel nacional.
Veda y amnistía
Leitzelar señaló que otro aspecto que quedará plasmado en la nueva ley es la posible implementación de una veda que implicará que no se harán nuevos registros de armas, en tanto que se haya puesto en marcha un proceso adecuado que oriente el mecanismo de registro previo de ingreso de un arma al territorio.
“Pero si la necesidad es lograr el objetivo de controlar las armas que circulan por el país se podría proceder a ejecutar una amnistía, en la cual las personas podrán incorporar sus armas al registro cuando estas las hayan adquirido legítimamente y de buena fe”, apuntó.
No obstante, todas aquellas armas que aparezcan con modificaciones, antecedentes delictivos, alteración en su número de registro u otra irregularidad debidamente comprobada no se podrá registrar y no estará sujeta a la amnistía, en vista de que esta figura jurídica no puede ser abierta.
Monopolio de las FF AA
En lo que concierne al dictamen se contempla, entre otras cosas, que las FF AA mantendrán el monopolio en la venta de armamento y municiones. Asimismo, las personas que en el futuro adquieran un arma deberán pasar por rigurosos exámenes toxicológicos, psicológicos y psicométricos para determinar si están aptas para portar y tener en su poder uno de estos artefactos bélicos.
Las anteriores son solo dos de las diversas regulaciones que quedarán plasmadas en el dictamen de la ley que el Congreso Nacional se apresta a discutir la próxima semana.
Una disposición que desde ya es motivo de cuestionamientos es que las FF AA continuarán con el control y exclusividad en la comercialización y distribución de armas en el país, ya que quitarle esa potestad implicaría una reforma a la Constitución de la República, que a raíz de la urgencia actual no sería posible.
En el pasado se ha cuestionado que las FF AA sigan manteniendo la exclusividad en la importación y venta de armas a raíz de que muchos de eso aparatos se han venido comercializando por los militares sin mayores controles y requisitos.
Se estima que en Honduras circulan más de un millón de armas, de las cuales unas 600 mil son de uso ilegal. Y en Centroamérica transitan alrededor de tres millones de aparatos bélicos, dos de cada tres son ilegales.
Entre estos artefactos ilegales se encuentran las temidas AK 47, así como los revólveres Makarov, fusiles Falk, M-16 y Uzi de estricto uso policial y militar y otras armas que quedaron ocultas en bolsones tras los conflictos bélicos que afectaron las naciones vecinas en la década de los ochenta.
Armas registradas
El Registro Balístico que funciona en la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) actualmente tiene documentadas más de 295 mil armas de uso legal en todo el territorio hondureño; pero con la nueva normativa se busca aumentar el registro de artefactos que están en poder de particulares.
El Registro Balístico enfrenta serias debilidades y deficiencias de personal y equipo, lo que solo permite hacer 160 registros balísticos en todo el país, 80 de ellos en Tegucigalpa y los 80 restantes en el departamento de Cortés, reveló el diputado Mario Alonso Pérez, presidente de la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo.
Pérez estimó que el 95% de los crímenes que se cometen en el país se ejecutan con armas de fuego no registradas, es decir, ilegales.
Incidencia de muertes
Un reciente informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) establece que 5,201 de los 7,172 homicidios que se reportaron en 2012 en Honduras fueron cometidos con armas de fuego.
Según el Conadeh, durante la gestión del presidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2012) se reportaron 20,515 muertes violentas, de las cuales 17,190 fueron ocasionadas con este tipo de artefactos de fuego.
Esta cifra significa un promedio de 572 muertes mensuales, alrededor de 19 diarias, la mayoría cometidas con fusiles AK-47, rifles de asalto, pistolas o ametralladoras de diferente índole y calibre.
Limitación
El presidente de la Comisión de Seguridad dijo que es preocupante que en este momento solamente se tenga la capacidad para efectuar 160 registros balísticos en el país, la mitad de ellos en Tegucigalpa y el resto en Cortés, lo que muestra las fallas del Estado para regular la portación y tenencia ilegal de armas.
Manifestó que es por eso que se analiza el costo que tendría ampliar esa capacidad operativa del Registro Balístico a otras ciudades o regiones del país e incluir dentro de este proceso las armas que se encuentran en poder de los órganos de seguridad del Estado y de las empresas privadas de seguridad.
Pérez dijo que la comisión hizo ayer una visita al Registro Balístico y al Sistema Irish que opera en Casamata para conocer cómo operan y las debilidades que ambos sistemas enfrentan.
El número de armas a las que se limitará a un ciudadano honrado es un punto que todavía se encuentra en discusión pero que quedará plasmado en la nueva normativa.
Adelantó que en el proyecto de dictamen se contempla que para el otorgamiento de un permiso de portación se requerirá una profunda investigación del solicitante, a efecto de conocer si no tiene antecedentes criminales que lo inhabiliten para portar una arma de fuego.
En relación con la posibilidad de que la ley contemple un desarme general en zonas conflictivas, el congresista enfatizó que por ahora no se está considerando esa posibilidad; aunque la ley contemplará algunos casos excepcionales en los cuales podrán adoptarse esas u otras medidas.
Detalló que las grandes líneas generales del proyecto se resumen en cuatro aspectos: regular fuertemente el tema de las armas, legalizar las que están en manos de ciudadanos honrados y que son comerciales, examinar profundamente las personas antes de otorgarles un permiso de portacion y establecer un mecanismo de control de las armas que están en poder de los cuerpos de seguridad del Estado, como las que están en manos de empresas de seguridad.
La nueva ley establecerá procedimientos más rigurosos para la venta de armas por parte de La Armería, ya que antes de salir de sus bodegas se exigirá un registro balístico y no una simple factura; además se regulará la venta de municiones.
“Vienen requisitos más fuertes, como exámenes toxicológicos para ver si la persona consume drogas, exámenes sicométricos, y se les dará una inducción en el manejo de armas. Esos son los diferentes temas que van a quedar plasmados en el decreto”, refirió Pérez, quien adelantó que el dictamen será presentado la próxima semana.
¿Portación o desarme?
El congresista Augusto Cruz Ascencio, también miembro de la Comisión de Dictamen, manifestó que se han reunido con diferentes sectores de la sociedad con el fin de construir una ley que permita regular la portación y la tenencia de armas.
Ascencio indicó que mucha gente está confundiendo la ley de portabilidad de armas con un desarme general; pero aclaró que se trata de dos términos absolutamente distintos.
Una vez implementada la ley, el congresista explicó que las autoridades tendrán que tomar acciones periódicas y constantes de programas de desarme en forma general para que la persona que sea detenida con una arma sin registro sea sancionada drásticamente para evitar que la tenencia irregular aumente.
Constatan deficiencias en el registro de armas
Las armas que circulan ilegalmente en el país se han convertido en los instrumentos más letales para quitar vidas humanas.
De los hechos violentos registrados por las dependencias de investigación se concluye que el 80.5% de los crímenes fueron con armas prohibidas; y un mínimo porcentaje (15%) fue con armas registradas.
La revelación surge durante una visita que los miembros de la Comisión de Seguridad y Defensa del Congreso Nacional hicieran al departamento de Registro Balístico de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
“El sistema no está funcionando, necesitamos mejorar la base de datos, los ciudadanos honrados no son el problema, sino las armas ilegales”, explicó Yuri Sabas, miembro de la Comisión de Seguridad del Legislativo.
Otra cifra preocupante es que desde enero hasta la fecha solo se han registrado siete mil armas y se prevé que para final de año el sistema balístico solo tenga documentadas 14 mil armas en todo el país, una cifra considerada muy baja para los diputados.
El Bepartamento Balístico presenta enormes deficiencias en equipo logístico y mano de obra para agilizar la atención al ciudadano.
Asimismo, en horas de la tarde, la comisión legisladora se trasladó a la Secretaría de Seguridad para constatar el manejo del Sistema de Identificación Balística (IBIS), ubicado en la Secretaría de Seguridad.
“Estamos revisando el procedimiento, el marco, la carpintería del proceso de documentación e inscripción de armas para no caer en error en la toma decisiones”, manifestó el diputado German Leitzelar.
El recorrido hecho por la Comisión de Seguridad del Congreso forma parte de una agenda establecida ante la creación de una nueva ley de armas que distingue la tenencia y portación armas.
