Tegucigalpa, Honduras.
El dictamen de las reformas en materia de seguridad propuestas por el Poder Ejecutivo sufrió algunos cambios, pero en esencia mantiene el espíritu y el objetivo primordial de combatir la extorsión y el crimen organizado en todas sus formas de manera mucho más efectiva.
A propuesta de la bancada liberal, la comisión de dictamen resolvió, entre otras cosas, excluir del paquete de enmiendas la penalización de la protesta pública como delito de terrorismo, que había provocado el rechazo de las restantes bancadas de oposición, así como de organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
Asimismo, se modificó la parte relacionada con las escuchas telefónicas en el sentido de que las intervenciones y grabaciones solo se harán u obtendrán por orden de un juez competente.
En ese sentido, la
Ley Especial sobre Intervenciones de las Comunicaciones Privadas obligará a las empresas privadas y públicas a otorgar la información solicitada con orden judicial, sin importar hora o día de solicitud.
Actualmente si se pide información a las compañías de telefonía móvil fuera de horas hábiles o de oficina o durante los fines de semana, estas no la proporcionan al instante, sino hasta dos o tres días después, lo que dificulta la labor de los operadores de justicia.
Espíritu
Tomás Zambrano, presidente de la comisión de dictamen del Poder Legislativo, enfatizó en que el dictamen recoge el espíritu, el objetivo y el fin primordial de la reforma para hacer efectiva la lucha contra la criminalidad, y sobre todo el delito de la extorsión.
Para el caso, precisó que se aclaran algunos aspectos, especialmente la reforma al artículo 222 del Código Penal que en lo sucesivo deja muy claro que se comete delito de extorsión con el solo hecho de hacer una llamada, mandar un mensaje, enviar una nota u ordenar el cobro sin necesidad de que se llegue a la entrega del dinero, con lo cual se tendrá como consumado el hecho penal.
En adelante, este tipo de delito se castigará con una pena de 15 a 20 años de prisión y se aumentará un tercio si incurren las agravantes de utilizar menores de edad, si se da el cierre del negocio o si las llamadas provienen del centro penal o el extranjero.
También establece la privación de libertad de por vida o cadena perpetua si como consecuencia de la extorsión se asesina a la víctima, a empleados, testigos o familiares del propietario del negocio afectado.
“Eso queda claro porque antes había una ventana que si no se llegaba hasta la detención cuando se estaba entregando el dinero, en muchos casos estas personas eran absueltas”, acotó.
Con respecto a la reforma del artículo 335 del Código Penal que tipifica el delito de terrorismo, el legislador precisó que se tuvo mucho cuidado para no recibir cuestionamientos de defensores de derechos humanos y otros sectores sociales y políticos.
En ese sentido se dejó claramente delimitado que esta acta criminal solo es aplicable para los integrantes de asociaciones ilícitas, con lo cual se descarta criminalizar la protesta pública que involucre a grupos políticos, sociales, gremiales y estudiantiles.
Se aplicará la figura del terrorismo con una pena de 40 a 50 años a individuos o asociaciones delictivas que cometan de forma sistemática actos violentos que alteren la paz, el orden y aterroricen a la población.
Asimismo, se tipificará bajo este delito a las organizaciones ilícitas o pandillas que suplanten a las autoridades en determinados territorios, como se da en algunos barrios y colonias, en los que dichos grupos delictivos ponen horarios y determinan quién entra y sale de la comunidad.
En cuanto a las intervenciones telefónicas, Zambrano enfatizó en que la reforma no busca imponer disposiciones antojadizas o arbitrarias, ya que estas se harán solamente por resolución de un órgano jurisdiccional.
“Lo que se quiere es que las empresas de telefonía móvil colaboren y den la información de inmediato y no al día siguiente o dentro de tres días, sino que al momento de llegar con el oficio del juzgado deben entregar la información, no importando si es de noche, de madrugada o si es sábado o domingo”, comentó.
Por su parte, el diputado nacionalista David Chávez expresó que con la iniciativa buscan fortalecer la institucionalidad y proteger de los extorsionadores al pueblo hondureño con la aplicación de penas severas y ejemplarizantes. También puntualizó que las reformas no atentan contra la libertad de manifestación y de protesta pública, tal y como lo ha señalado la oposición y organismos de derechos humanos.
El dictamen de las reformas en materia de seguridad propuestas por el Poder Ejecutivo sufrió algunos cambios, pero en esencia mantiene el espíritu y el objetivo primordial de combatir la extorsión y el crimen organizado en todas sus formas de manera mucho más efectiva.
A propuesta de la bancada liberal, la comisión de dictamen resolvió, entre otras cosas, excluir del paquete de enmiendas la penalización de la protesta pública como delito de terrorismo, que había provocado el rechazo de las restantes bancadas de oposición, así como de organismos internacionales y defensores de derechos humanos.
Asimismo, se modificó la parte relacionada con las escuchas telefónicas en el sentido de que las intervenciones y grabaciones solo se harán u obtendrán por orden de un juez competente.
| Penas más duras
El delito de extorsión se castigará con penas de 15 a 20 años, agravadas un tercio si se da muerte a la víctima o sus parientes.
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Actualmente si se pide información a las compañías de telefonía móvil fuera de horas hábiles o de oficina o durante los fines de semana, estas no la proporcionan al instante, sino hasta dos o tres días después, lo que dificulta la labor de los operadores de justicia.
Espíritu
Tomás Zambrano, presidente de la comisión de dictamen del Poder Legislativo, enfatizó en que el dictamen recoge el espíritu, el objetivo y el fin primordial de la reforma para hacer efectiva la lucha contra la criminalidad, y sobre todo el delito de la extorsión.
Para el caso, precisó que se aclaran algunos aspectos, especialmente la reforma al artículo 222 del Código Penal que en lo sucesivo deja muy claro que se comete delito de extorsión con el solo hecho de hacer una llamada, mandar un mensaje, enviar una nota u ordenar el cobro sin necesidad de que se llegue a la entrega del dinero, con lo cual se tendrá como consumado el hecho penal.
| 50
Años de cárcel
Será la pena que se aplicará a mareros que prendan fuego a un bus del transporte público.
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También establece la privación de libertad de por vida o cadena perpetua si como consecuencia de la extorsión se asesina a la víctima, a empleados, testigos o familiares del propietario del negocio afectado.
“Eso queda claro porque antes había una ventana que si no se llegaba hasta la detención cuando se estaba entregando el dinero, en muchos casos estas personas eran absueltas”, acotó.
Con respecto a la reforma del artículo 335 del Código Penal que tipifica el delito de terrorismo, el legislador precisó que se tuvo mucho cuidado para no recibir cuestionamientos de defensores de derechos humanos y otros sectores sociales y políticos.
En ese sentido se dejó claramente delimitado que esta acta criminal solo es aplicable para los integrantes de asociaciones ilícitas, con lo cual se descarta criminalizar la protesta pública que involucre a grupos políticos, sociales, gremiales y estudiantiles.
| 20
Años de prisión
Aplicarán a quien haga llamadas o mande notas extorsivas.
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Asimismo, se tipificará bajo este delito a las organizaciones ilícitas o pandillas que suplanten a las autoridades en determinados territorios, como se da en algunos barrios y colonias, en los que dichos grupos delictivos ponen horarios y determinan quién entra y sale de la comunidad.
En cuanto a las intervenciones telefónicas, Zambrano enfatizó en que la reforma no busca imponer disposiciones antojadizas o arbitrarias, ya que estas se harán solamente por resolución de un órgano jurisdiccional.
“Lo que se quiere es que las empresas de telefonía móvil colaboren y den la información de inmediato y no al día siguiente o dentro de tres días, sino que al momento de llegar con el oficio del juzgado deben entregar la información, no importando si es de noche, de madrugada o si es sábado o domingo”, comentó.
Por su parte, el diputado nacionalista David Chávez expresó que con la iniciativa buscan fortalecer la institucionalidad y proteger de los extorsionadores al pueblo hondureño con la aplicación de penas severas y ejemplarizantes. También puntualizó que las reformas no atentan contra la libertad de manifestación y de protesta pública, tal y como lo ha señalado la oposición y organismos de derechos humanos.
