“Estamos en pie de guerra y no vamos a permitir que se siga construyendo el proyecto Patuca III, mientras el Gobierno no pague el precio justo por nuestras tierras”, advirtió Santiago Alvarado Calona, uno de los líderes de los pobladores afectados por la construcción de la central hidroeléctrica Patuca III.
Alvarado Calona es uno de los más de 160 vecinos de unas 18 comunidades del departamento de Olancho que le reclaman al gobierno del presidente Porfirio Lobo la agilidad en el pago de las indemnizaciones de los inmuebles que serán inundados por la construcción del embalse de generación eléctrica.
A este hombre de mediana edad y con semblante de pocos amigos se le responsabiliza de haber amenazado a los ejecutivos de la empresa Sinohydro si no suspendían de inmediato la construcción del proyecto en su propiedad, extremo que él no les desmintió a los enviados de LA PRENSA que lo entrevistaron en su vivienda en la comunidad de Terrero Blanco.
Con un legajo de documentos en mano, el terrateniente, que posee el título de ingeniero eléctrico, argumentó que la ley lo asiste en su reclamo, pues es el propietario legal y ancestral de unas 120.6 manzanas en Piedras Amarillas, donde la empresa Sinohydro erige la cortina del embalse.
Relató que, cansado de las dilatorias y promesas incumplidas de la Enee, decidió ir al campamento para exigirles a sus ejecutivos que suspendieran los trabajos porque el Gobierno se ha negado a pagarle su justo precio después de casi dos años de haber iniciado el proyecto.
En una nota entregada al gerente de Sinohydro, Alvarado Calona relató que desde mayo de 2011 la Enee debió haberle pagado su propiedad, que es el punto estratégico donde se está construyendo la cortina de la represa.
Desde ese tiempo, la Comisión Interinstitucional y los abogados de la Enee han firmado varias actas e informes de imposibilidad de justiprecios y audiencias de conciliación, sin resultados.
“Le he solicitado en varias ocasiones a la Enee que nombre una comisión para resolver la situación de pago de mi propiedad, pero la Enee no está interesada en pagar, por lo tanto tengo suficientes motivos legales para parar la obra y en consecuencia tienen que suspender operaciones de inmediato en lo que corresponde a mi propiedad”, señaló.
El denunciante manifestó que sus tierras están valoradas, según un avalúo de una firma de abogados, en 43 millones de lempiras, pero la Enee pretende pagarle solo dos millones de lempiras con el argumento de que sus tierras no son de vocación agrícola.
Según Calona, la Enee ha categorizado el pago de las indemnizaciones en cuatro grupos y según la vocación de las propiedades: la primera categoría establece un valor de 98 mil lempiras por manzana; la segunda, 75 mil; la tercera, 45 mil, y la cuarta y última, 20 mil lempiras por manzana.
Indicó que a él se le pretende pagar según la última categoría y objetó que su tierra es de vocación minera no metálica, de acuerdo con los estudios geológicos, pues de ella se pueden extraer el material y el cemento para edificar la obra.
Agregó que, de las más de 350 familias afectadas por el proyecto, unas 160 están en similar situación, es decir que el Gobierno pretende pagarles sus tierras a “precios de gallo muerto”, lo cual es inaudito, pues a muchas personas ya se les cancelaron sus predios según las categorías 1 y 2, aunque no estaban tipificadas dentro de esos parámetros.Alvarado Calona aclaró que no está en contra del desarrollo del proyecto y el progreso del departamento de Olancho, pero eso no implica que deba regalar sus tierras. “Son las tierras que pertenecen a mis hijos y mis nietos y no pretendo darlas a precios de gallo muerto”, agregó.
“Estamos en pie de guerra y ya lo demostramos y vamos a seguir en pie de guerra porque el Gobierno no quiere entender que debe hacer las cosas correctamente”, advirtió, y le pidió al presidente Lobo que tome cartas en el asunto para resolver el problema y que la obra no se detenga.
Más afectados
Carlos Godoy, otro de los 160 afectados y cuya propiedad colinda con la de don Santiago en Piedras Amarillas, deploró el desinterés y la voluntad del Gobierno.
Godoy detalló que su predio tiene una extensión de más de 108 manzanas y por él el Estado solo le ofrece tres millones de lempiras, aunque su valor real supera los 40 millones.
Al igual que su vecino señaló que su propiedad es de vocación minera no metálica. “No estamos en contra del desarrollo, pero tampoco podemos regalar nuestras tierras”, dijo.
Indicó que antes del proyecto tenía un contrato con las canteras, que le pagaban 20 lempiras por cada metro cúbico de material selecto extraído, lo que le es más rentable.
Expectativas incumplidas
Juan Luis Rodríguez, vicealcalde de la comunidad de Patuca, lamentó la situación.
“La construcción de la represa no se ha llevado a cabo como se esperaba en 36 meses por motivos de financiamiento y problemas de indemnización”, indicó.
Añadió que las obras de la primera etapa están inconclusas y llevan más de dos meses de atraso.
Las autoridades del municipio han servido como mediadores entre los vecinos para lograr un acuerdo beneficioso entre las partes, pero un grupo de afectados no están de acuerdo con la indemnización que les ofrece el Estado.
El jefe edilicio manifestó que se esperaba una masiva contratación de mano de obra de las comunidades vecinas, pero en los últimos meses ha habido una reducción gradual de la planilla de empleados locales en la obra.
Dijo que en los últimos días se han efectuado tres protestas seguidas de los vecinos, motivadas por el incumplimiento del Gobierno, ya que hasta la fecha solo se ha indemnizado al 60% de los más de 350 afectados. Indicó que las comunidades perjudicadas directa e indirectamente son más de 30. Finalmente, Rodríguez defendió que el atraso en el pago de las indemnizaciones no es solo responsabilidad del Gobierno, ya que se debe seguir un proceso que comienza con la medición y la titulación de las tierras por los propietarios, lo que en muchos casos no se ha efectuado.
