Tegucigalpa, Honduras.
El pago de coimas se convirtió en el pan de cada día en la Dirección General de Transporte (DGT).
Varios transportistas confesaron a LA PRENSA que para renovar un permiso de operación de su unidad de transporte, han tenido que pagar a un selecto grupo de abogados que operan en la institución hasta 20,000 lempiras en “mordidas”.
“El dinero no llega hasta el Estado, se queda en el camino. Una renovación cuesta 200 lempiras, pero engavetan todo y los abogados ofrecen sus servicios para agilizar los trámites. Sabemos que es un error pagarles, pero necesitamos renovar los permisos porque sino, no trabajamos”, explicó un propietario de al menos 15 autobuses que operan en la capital de Honduras.
Aunque la documentación que porta es legal, el transportista teme que con la llegada de las nuevas autoridades y el riguroso control que ha prometido el Gobierno, sus permisos sean decomisados y comiencen desde cero para certificarlos.
“Toda esta red de corrupción la conocen los directores de Transporte. No pueden negarlo porque es la firma de ellos la que autoriza el permiso. El negocio se les terminó. Con la nueva ley, todo lo va a manejar la banca nacional. Añoro pagar solo 200 lempiras por renovar cada permiso”, expresó el transportista.
La red
Uno de los principales opositores a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Transporte Terrestre de Honduras fue el grupo de abogados tramitadores, según los transportistas.
“El gran negocio se les está acabando y también para los directores que se han lucrado con esto. Otorgar un número, una ruta o renovar un permiso de operación ya no será tan fácil como hasta ahora que se lograba con miles de lempiras, según lo han expuesto miembros del Consejo Nacional de Transporte.
“No queremos represalias, hemos trabajado de la mano con las autoridades, pero ellos saben muy bien que lo que estamos diciendo es verdad. Es caro renovar un permiso y sacar uno nuevo es complicado porque el servicio está saturado. Pero con dinero todo se puede”, afirmó un directivo.
En los últimos días trascendió que en la DGT se estaba dando una piñata de permisos de operación debido a la puesta en vigor de la nueva ley. Algo similar a la piñata de permisos otorgada a finales de 2009. “Se otorgaron más de 65 números en Choluteca, 36 en Santa Bárbara, 10 en Valle y 60 en Yoro”, denunció un empleado de la institución, no obstante, la información fue negada por el titular de la DGT, Yovanny Dubón. “Todo esta es una campaña en mi contra porque viene la designación que hará el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, de los titulares del Instituto Nacional del Transporte. No es cierto la información que ha circulado, no he otorgado ningún permiso para unidades de transporte ni taxis. Esto molesta, es una campaña bien montada en mi contra”, manifestó Dubón.
El funcionario sigue reuniéndose a nivel nacional con el sector transporte para analizar los alcances de la nueva ley que ya entró en vigencia; pero que están elaborando el reglamento para que el Instituto Nacional de Transporte comience a funcionar.
Dubón agregó que en el actual Gobierno se han renovado alrededor de 36,000 permisos de operación, lo que significa que la mayoría de unidades de transporte andan legales.
El pago de coimas se convirtió en el pan de cada día en la Dirección General de Transporte (DGT).
Varios transportistas confesaron a LA PRENSA que para renovar un permiso de operación de su unidad de transporte, han tenido que pagar a un selecto grupo de abogados que operan en la institución hasta 20,000 lempiras en “mordidas”.
“El dinero no llega hasta el Estado, se queda en el camino. Una renovación cuesta 200 lempiras, pero engavetan todo y los abogados ofrecen sus servicios para agilizar los trámites. Sabemos que es un error pagarles, pero necesitamos renovar los permisos porque sino, no trabajamos”, explicó un propietario de al menos 15 autobuses que operan en la capital de Honduras.
Aunque la documentación que porta es legal, el transportista teme que con la llegada de las nuevas autoridades y el riguroso control que ha prometido el Gobierno, sus permisos sean decomisados y comiencen desde cero para certificarlos.
“Toda esta red de corrupción la conocen los directores de Transporte. No pueden negarlo porque es la firma de ellos la que autoriza el permiso. El negocio se les terminó. Con la nueva ley, todo lo va a manejar la banca nacional. Añoro pagar solo 200 lempiras por renovar cada permiso”, expresó el transportista.
La red
Uno de los principales opositores a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Transporte Terrestre de Honduras fue el grupo de abogados tramitadores, según los transportistas.
“El gran negocio se les está acabando y también para los directores que se han lucrado con esto. Otorgar un número, una ruta o renovar un permiso de operación ya no será tan fácil como hasta ahora que se lograba con miles de lempiras, según lo han expuesto miembros del Consejo Nacional de Transporte.
“No queremos represalias, hemos trabajado de la mano con las autoridades, pero ellos saben muy bien que lo que estamos diciendo es verdad. Es caro renovar un permiso y sacar uno nuevo es complicado porque el servicio está saturado. Pero con dinero todo se puede”, afirmó un directivo.
En los últimos días trascendió que en la DGT se estaba dando una piñata de permisos de operación debido a la puesta en vigor de la nueva ley. Algo similar a la piñata de permisos otorgada a finales de 2009. “Se otorgaron más de 65 números en Choluteca, 36 en Santa Bárbara, 10 en Valle y 60 en Yoro”, denunció un empleado de la institución, no obstante, la información fue negada por el titular de la DGT, Yovanny Dubón. “Todo esta es una campaña en mi contra porque viene la designación que hará el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, de los titulares del Instituto Nacional del Transporte. No es cierto la información que ha circulado, no he otorgado ningún permiso para unidades de transporte ni taxis. Esto molesta, es una campaña bien montada en mi contra”, manifestó Dubón.
El funcionario sigue reuniéndose a nivel nacional con el sector transporte para analizar los alcances de la nueva ley que ya entró en vigencia; pero que están elaborando el reglamento para que el Instituto Nacional de Transporte comience a funcionar.
Dubón agregó que en el actual Gobierno se han renovado alrededor de 36,000 permisos de operación, lo que significa que la mayoría de unidades de transporte andan legales.
