Tegucigalpa, Honduras.
El Ministerio Público envió ayer el expediente a dos fiscalías para que realicen las evaluaciones correspondientes en el despilfarro de 39 millones de lempiras en viáticos por el Consejo de la Judicatura y demás irregularidades cometidas cuando funcionaba.
Las entidades legales que procederán a realizar el respectivo análisis y determinar qué delitos incurrieron dichos funcionarios serán la Fiscalía de Enjuiciamiento de los Funcionarios del Poder Judicial y la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública.De esta forma se inicia el proceso de análisis del expediente presentado por el Poder judicial ante el Ministerio Público. Las fiscalías serán las encargadas de encontrar indicios de responsabilidad penal de los involucrados directos en este caso.
Una vez que se realice dicho análisis, las autoridades del Ministerio Público procederán a emitir requerimientos fiscales por los delitos en los que hayan incurrido los exmiembros del Consejo de la Judicatura.Después de que la Mesa Técnica publicó el segundo informe que señala presuntos actos de irregulares cometidos por concejeros en la administración del Poder Judicial.
Gravedad
El segundo informe confirma un despilfarro por la cantidad de 39 millones de lempiras en viáticos y boletos aéreos por seis concejeros y dos funcionarios.
Entre otras irregularidades resaltan la contratación de personal interino de manera permanente. También casos donde no se cumplió el tiempo estipulado por la Ley para la contratación del personal con la modalidad de contrato. Otra de las irregularidades presentadas fue la inexistencia de un adecuado proceso de selección.
A esto se suma todas las irregularidades encontradas en el primer informe el pasado 25 de febrero del presente año elaborado por la Mesa Técnica, comprendiendo el período entre el primero de agosto de 2015 y 11 de febrero de 2016.
Una de las principales irregularidades encontradas en ese informe fue que alrededor de 35 familiares de concejeros y directores fueron contratados por el Consejo de la Judicatura, violando la Ley. A raíz de este primer informe los exmiembros del Consejo se vieron en la obligación de interponer su renuncia al cargo ante el Congreso Nacional. Dicha renuncia les fue aceptada por los miembros del Poder Legislativo. Tras destaparse la corrupción, el pleno de magistrados de la Corte Suprema declaró inconstitucional el pasado 14 de marzo la Ley del Consejo de Judicatura. El Poder Judicial se comprometió a formular una nueva reglamentación y enviarla al Congreso Nacional.
El segundo informe de la Mesa Técnica de Verificación presentado el martes de esta semana comprende el período del primero de enero al 31 de julio de 2015.
El documento detalla luego de la revisión de 165 expedientes, que se incumplieron los artículos 61 y 62 de la Ley del Consejo de la Judicatura, que establecen los mecanismos de nombramiento de personal de emergencia e interinos.
En otras irregularidades, se detectó el nombramiento de personal de manera permanente sin pasar por los procedimientos y requisitos establecidos para cada una de las categorías que integran los subsistemas de la carrera judicial. El informe establece irregularidades en el pago de horas extras en el Poder Judicial, así como anomalías en el pago de indemnizaciones laborales.
El Ministerio Público envió ayer el expediente a dos fiscalías para que realicen las evaluaciones correspondientes en el despilfarro de 39 millones de lempiras en viáticos por el Consejo de la Judicatura y demás irregularidades cometidas cuando funcionaba.
Las entidades legales que procederán a realizar el respectivo análisis y determinar qué delitos incurrieron dichos funcionarios serán la Fiscalía de Enjuiciamiento de los Funcionarios del Poder Judicial y la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública.De esta forma se inicia el proceso de análisis del expediente presentado por el Poder judicial ante el Ministerio Público. Las fiscalías serán las encargadas de encontrar indicios de responsabilidad penal de los involucrados directos en este caso.
Una vez que se realice dicho análisis, las autoridades del Ministerio Público procederán a emitir requerimientos fiscales por los delitos en los que hayan incurrido los exmiembros del Consejo de la Judicatura.Después de que la Mesa Técnica publicó el segundo informe que señala presuntos actos de irregulares cometidos por concejeros en la administración del Poder Judicial.
Gravedad
El segundo informe confirma un despilfarro por la cantidad de 39 millones de lempiras en viáticos y boletos aéreos por seis concejeros y dos funcionarios.
Entre otras irregularidades resaltan la contratación de personal interino de manera permanente. También casos donde no se cumplió el tiempo estipulado por la Ley para la contratación del personal con la modalidad de contrato. Otra de las irregularidades presentadas fue la inexistencia de un adecuado proceso de selección.
A esto se suma todas las irregularidades encontradas en el primer informe el pasado 25 de febrero del presente año elaborado por la Mesa Técnica, comprendiendo el período entre el primero de agosto de 2015 y 11 de febrero de 2016.
Una de las principales irregularidades encontradas en ese informe fue que alrededor de 35 familiares de concejeros y directores fueron contratados por el Consejo de la Judicatura, violando la Ley. A raíz de este primer informe los exmiembros del Consejo se vieron en la obligación de interponer su renuncia al cargo ante el Congreso Nacional. Dicha renuncia les fue aceptada por los miembros del Poder Legislativo. Tras destaparse la corrupción, el pleno de magistrados de la Corte Suprema declaró inconstitucional el pasado 14 de marzo la Ley del Consejo de Judicatura. El Poder Judicial se comprometió a formular una nueva reglamentación y enviarla al Congreso Nacional.
El segundo informe de la Mesa Técnica de Verificación presentado el martes de esta semana comprende el período del primero de enero al 31 de julio de 2015.
El documento detalla luego de la revisión de 165 expedientes, que se incumplieron los artículos 61 y 62 de la Ley del Consejo de la Judicatura, que establecen los mecanismos de nombramiento de personal de emergencia e interinos.
En otras irregularidades, se detectó el nombramiento de personal de manera permanente sin pasar por los procedimientos y requisitos establecidos para cada una de las categorías que integran los subsistemas de la carrera judicial. El informe establece irregularidades en el pago de horas extras en el Poder Judicial, así como anomalías en el pago de indemnizaciones laborales.
