Los oficios con los resultados de las pruebas de confianza aplicadas a tres altos oficiales por parte de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp) fueron modificados en la Policía Nacional para favorecerlos y no perjudicar sus ascensos al grado inmediato superior.
La revelación la hizo ayer el director de la Diecp, Óscar Vásquez, quien detalló que el hecho ocurrió en 2014 con dos subcomisionados y un comisario que salieron reprobados en el examen del polígrafo.
En esa oportunidad, la Gerencia de Evaluación de la Diecp emitió un oficio con un cuadro de resultados y los turnó a la Secretaría de Seguridad especificando que los oficiales “no eran aptos para continuar en la institución policial”.
Vásquez precisó a LA PRENSA que con ese resultado la Dirección de Recursos Humanos de la Policía les notificó a los tres oficiales que no podían ascender por haber reprobado esta prueba de confianza; sin embargo, estos impugnaron la resolución.
“Luego cuando ellos impugnan, un profesional del Derecho dictaminó que sí eran aptos y que con solo el resultado no es suficiente información para negarle el derecho a ascender”, explicó.
La resolución además establecía que la investigación contra los oficiales podía llevarse a cabo o retomarse, pero hasta después que a estos se les otorgara el ascenso, lo cual es incongruente con el proceso.
Según el titular de la Diecp, lo correcto era que a partir de la información de los resultados las autoridades hubieran solicitado el envío de los expedientes para culminar la investigación y dejar en suspenso la promoción de los tres oficiales de policía.
“Lo ideal era postergarlos luego de hacer las indagaciones correspondientes. En descargo, ellos pueden decir que no se les había enviado el dictamen, que es el vinculante según la ley; pero así como habían tomado la determinación de notificarles que no podían ascender, también pudieron haber hecho pausa para informarse, indagar y documentarse antes de tomar la determinación”, dijo.
Después, un abogado de Recursos Humanos dictaminó favorablemente la petición de los oficiales y con base en eso la Dirección General de la Policía determinó declarar con lugar el escrito y otorgar los ascensos.
Vásquez aseguró que los oficiales aún se encuentran activos dentro de la Policía, pero no pudo precisar si habían sido promovidos en una ceremonia posterior.
“En algunos casos hemos encontrado y, en más de uno, que oficios que la Diecp turnó sobre miembros de la Policía que no eran aptos para continuar en el servicio y por ende no podían ascender al siguiente grado, fueron modificados posteriormente de modo que la persona sí fue promovida a otro grado superior”, precisó.
Explicó que un policía que se somete a la evaluación y a la vez está en proceso de ascenso asume un doble riesgo, porque si resulta reprobado en una de las pruebas, trunca su promoción al siguiente grado superior y al mismo tiempo queda abierto un proceso expedito para realizarle un procedimiento disciplinario y eventualmente separarlo de la institución.
Esta revelación explica el motivo por el cual cerca de mil agentes y oficiales que salieron reprobados continuaron laborando en la Policía y sin que se les aplicara ninguna sanción disciplinaria.
En agosto de 2013, durante la gestión del exsecretario de Seguridad Pompeyo Bonilla, se ascendió a 120 policías al rango superior, de los cuales 19, entre ellos dos subcomisionados y siete comisarios, reprobaron la prueba del polígrafo. En septiembre pasado, el Congreso aprobó 36 ascensos, de los cuales dos quedaron en suspenso por tener cuentas con la justicia.
 a comisión legislativa de Seguridad conoció ayer los aportes de representantes de organizaciones de la sociedad civil sobre la propuesta de la nueva Ley Orgánica de la Policía Nacional y la Ley de la Carrera Policial.
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La semana anterior, las autoridades de la Diecp divulgaron un informe en el que se establece que entre 2012 y 2014 resultaron reprobados unos 1,442 policías, de los cuales solo un30 % (433 policías) salió de la institución, aunque no precisamente por haber desaprobado la evaluación, sino por otras causas.
El informe precisa que en ese período fueron reprobados unos 480 oficiales de la escala superior, ejecutiva y de inspección, 814 agentes de la escala básica y auxiliar y 1,314 aspirantes a cadetes o agentes de policía.
Conforme al procedimiento legal, cuando un agente u oficial resulta reprobado en alguna de las pruebas de confianza, la Diecp levanta y emite un expediente o dictamen de carácter vinculante que luego envía a la Secretaría de Seguridad para que sea separado de la Policía Nacional.
El dictamen tiene carácter obligatorio y debe ser ejecutado, según el artículo 18 inciso A de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Las autoridades de la Secretaría de Seguridad aseguran que con base en ese procedimiento, en los últimos tres años se separaró a unos 2,400 policías de la escala básica, oficiales y suboficiales. Al respecto, el subdirector de la Diecp, César Augusto Bonilla, indicó que la ley establece claramente el procedimiento a seguir para separar a cualquier miembro de la carrera policial implicado en algún delito y lo que se debe hacer es darle fiel cumplimiento “nos guste o no nos guste porque de repente tiene algún grado de rigidez, pero es la ley”.
Bonilla explicó que la Diecp se creó justamente como una entidad desconcentrada de la Secretaría de Seguridad para investigar y evaluar a los miembros de la carrera policial porque en lo interno la Policía no pudo depurarse; pero ahora se pretende eliminar esa figura de desconcentración y volverla a colocar dentro del mando jerárquico de la Policía Nacional.
“O sea que con este se pretende volver a tener el control de la investigación y evaluación de cualquier miembro de la carrera policial. Nosotros no tenemos nada en contra de nadie en especial, simplemente aplicamos la ley: evaluamos, reprobó, se llamó a audiencias y se emitió un dictamen vinculante, dice la ley, no es una opinión que quieran o no acatar”, argumentó.
Leonel Sauceda, portavoz de la Secretaría de Seguridad, negó que en esa institución o en cualquier otra dirección se hayan modificado expedientes, porque se trata de una acción ilegal. En ese sentido, dijo que si el director de la Diecp tiene los nombres de los abogados que se han prestado a esa situación, los denuncie ante los órganos competentes.
“Por eso es conveniente conocer esos nombres e interponer las denuncias correspondientes porque en ningún momento alguien se va a prestar para cambiar un dictamen de la Diecp”, concluyó.
Engorroso proceso administrativo estanca la depuración
Mario Chinchilla, exsubdirector de la Diecp, afirmó ayer que los engorrosos procesos administrativos para despedir a un policía estanca o afecta el proceso de depuración policial.
Chinchilla comentó que el estancamiento de la depuración policial puede atribuírsele a varios factores, pero el principal es el riguroso y engorroso procedimiento de despido que está en la Ley Orgánica de la Policía.
Explicó que cuando un miembro de la Policía se da cuenta que va a ser sometido a una audiencia de descargo por alguna infracción o delito, pide vacaciones o se declara enfermo para evitar el proceso disciplinario.
“Muchas veces piden vacaciones o dicen que van a someterse a una operación de la rodilla, del codo o de cualquier cosa, y cuando se dan cuenta de eso, se van al hospital y se someten a la operación y la ley dice que estando en vacaciones o en reposo por salud no se les puede notificar la cita para audiencia o despido”, dijo.
Otro aspecto que impide una adecuada depuración es la voluntad política de los que están al frente de las estructuras del Estado.
Los mismos obstáculos se presentan con aquellos oficiales implicados en delitos de índole penal en vista que primero debe ser suspendido; pero si el juicio se estanca o no hay sentencia, el policía debe ser reintegrado a sus labores. Dijo que la Diecp no debe desaparecer, sino trabajar muy de cerca con el director de la Policía para que las denuncias contra policías que entren por la Inspectoría General o por el 911 se trasladen a la Diecp o se trabajen en conjunto.
