29/04/2024
12:24 AM

Reglas de la reserva laboral estarán listas en mes y medio

San Pedro Sula, Honduras.

En un mes y medio estará listo el reglamento para el manejo de las cuentas de reserva laboral de los trabajadores en las que el patrono depositará las prestaciones de los trabajadores, como lo establece la nueva Ley Marco de Protección Social.

El instrumento, que será elaborado por la Secretaría de Trabajo y el Consejo Económico Social, plasmará los requerimientos que se necesitan para abrir una cuenta de reserva laboral y los pasos para sacar esos fondos de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP), una vez cese la relación laboral entre patrono y trabajador.

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Carlos Madero, titular de la Secretaría de Trabajo, adelantó que estos procesos “definirán los pasos que tendrán que realizar los trabajadores para obtener el anticipo de sus prestaciones al culminar su relación laboral”, puntualizó.

Se espera que el reglamento esté listo a finales de septiembre o principios de octubre. “El documento se emitirá una vez que se llegue a un consenso de la gradualidad y el tiempo que tomará llegar a la aportación máxima del 4%, cuota que debe depositar mes a mes el patrono en la reserva laboral del trabajador y que será calculada sobre el salario de los empleados.

Es porcentaje estará plasmado en el reglamento”, explicó Madero.

La ley también beneficiará a los trabajadores del sector agrícola.
Reunión

Ayer comenzó el debate entre el sector privado, trabajadores, y representantes del Consejo Económico Social para definir los porcentajes iniciales y el tiempo que tomará al patrono llegar a aportar el 4% destinado a la cuenta que acumulará el anticipo del 50% de las prestaciones del trabajador.

También disertaron sobre la interpretación de algunos artículos de la nueva normativa que para el sector privado dejan algunas “lagunas”.

“Este primer encuentro fue más para organizar la agenda de trabajo que seguiremos para definir la gradualidad para llegar al 4%”, explicó Madero.

En la próxima reunión, señalada para la primera semana de septiembre, empresarios y representantes de los trabajadores deberán presentar las propuestas de gradualidad para llegar al 4%.

En el artículo 56 del capítulo 3 que habla de la gradualidad de la implementación y preeminencia en el uso de las contribuciones, explica que el sector privado y el trabajador tendrán 30 días, a partir de que entre en vigor la ley de Protección Social (4 de septiembre), para definir el porcentaje inicial del depósito que se hará en la reserva laboral.

Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), considera que se debe llegar a un consenso que no afecte a ninguna de las partes. No obstante, advierte que de la gradualidad en que se haga la aportación que exige la ley dependerá la estabilidad y generación de empleo durante años siguientes.

“El sector privado ha tenido que enfrentar un aumento de la carga tributaria desde 2013: tasa de seguridad, impuestos municipales, impuesto sobre la renta y ventas, entre otros. Por esta situación nosotros necesitamos no tener ningún impacto más que ponga en riesgo la generación de empleo. Nuestra principal menta es crear más puestos de trabajo; pero una mala decisión nos puede encaminar al camino contrario”, aseguró el empresario.

Agregó que los sectores más vulnerables son las pequeña y mediana empresa.

Tethey Martínez, gerente de la Cámara Hondureña de Aseguradores, coincide en que el sector privado no puede sobrellevar cargas adicionales a las que ya tiene.

“En este momento la situación económica no permite incrementar los costos. Nosotros vamos a buscar que se cause el menor impacto posible en la generación de empleos”, explicó.

Martínez reconoció que hay voluntad de parte del Gobierno para llegar a un acuerdo justo y sustentable en el tiempo. German Leitzelar, miembro de la comisión interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, dijo que se deben buscar puntos de coincidencia, pero que estos deben ser de mediano plazo para garantizar lo más pronto posible el total cumplimiento de la nueva normativa.