26/04/2024
04:05 PM

Aseguran acceso a vivienda a 2,000 familias sampedranas

El presidente Hernández pide que se apruebe con urgencia la Ley de Hipotecas Aseguradas.

San Pedro Sula, Honduras.

El retraso de los proyectos de construcción debe ser cosa del pasado. El presidente Juan Orlando Hernández entregó ayer 16 permisos ambientales a los desarrolladores para que comiencen a edificar.

El anuncio del mandatario trae alivio y esperanza para unas dos mil familias sampedranas que tendrán acceso a vivienda social, de las 7 mil que se construirán en todo el país.

La mayoría de proyectos se ejecutarán en la zona del Valle de Sula para atender la demanda de familias de bajos ingresos que pagan alquiler en la actualidad.

Los documentos fueron entregados a diferentes desarrolladores en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), institución que juega un rol importante en el objetivo, reconoció el mandatario.

“Hemos logrado entregar 16 permisos ambientales para iniciar la construcción de alrededor de 7 mil viviendas”, indicó el Presidente.

Señaló que el Valle de Sula es la zona donde más se debe aprovechar la construcción de viviendas, debido a que hay miles de personas que tienen la oportunidad de trabajar en el sector público y privado.

El mandatario enfatizó en que el Gobierno ha impulsado la construcción de una vivienda valorada en L300 mil con un subsidio de unos L60 mil a 20 años plazo y una tasa de interés de 7.90%.

“La cuota podría andar por el orden de los L2,170. Si alguien quisiera una vivienda de L450 mil, siempre a 20 años con 60 mil lempiras de subsidio y una prima de L22 mil, tendría una cuota inicial de L3,700”, detalló.

Luego de la reunión el presidente Hernández pidió al Congreso Nacional y líderes políticos la aprobación de la Ley del Fondo de Hipotecas Aseguradas.

“Esta ley sería un complemento ideal para poder masificar aún más los programas de vivienda social”, explicó. Además, solicitó la modificación de la normativa de los gobiernos locales para que no cobren a los desarrolladores y beneficiarios de los programas de vivienda social que impulsa el Gobierno.

En palabras sencillas, se pretende excluir el cobro por permiso de construcción para poner en marcha un proyecto.