Tegucigalpa, Honduras.
Cuando Bárbara Martínez Reyes acudió esa mañana del 18 de abril de 2005 al hospital integrado de Santa Bárbara, nunca pensó que comenzaba la peor pesadilla que haya tenido en su vida y que la llevó al filo de la muerte.
Ese día fue sometida a una cesárea por una doctora cubana que llegó al país como parte de los acuerdos de cooperación suscritos por los Gobiernos de Honduras y Cuba.
Tres días después de la intervención quirúrgica, la paciente comenzó a sentir molestias, dolores abdominales y fiebre, por lo que optó por buscar a la doctora que la atendió; pero al no encontrarla fue auscultada por un médico local. Tras la superficial evaluación y medicación fue enviada a su casa, sin embargo, en los días siguientes continuó con los fuertes dolores en el vientre y las fiebres se intensificaron. Al ver que no mostraba mejoría y su salud iba en franco declive, Bárbara buscó la asistencia de un médico privado y este le recomendó realizarse un ultrasonido y acudir inmediatamente al Hospital Escuela en Tegucigalpa. Puesta ahí, la paciente fue sometida a otros exámenes por el personal médico y el 21 de julio, casi tres meses después, fue sometida a una nueva operación en la cual lograron extraerle una gasa que la voluntaria cubana no retiró al final de la cesárea.
Este descuido estuvo a punto de costarle la vida a esta joven mujer, quien molesta decidió presentar en 2007 una demanda contra la Secretaría de Salud por mala praxis médica.
En diciembre de 2008, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo declaró procedente la querella y condenó al Estado a pagar los daños y perjuicios causados a esta mujer; no obstante, la indemnización aún no se paga y el juicio sigue activo en el Poder Judicial.
Cuando Bárbara Martínez Reyes acudió esa mañana del 18 de abril de 2005 al hospital integrado de Santa Bárbara, nunca pensó que comenzaba la peor pesadilla que haya tenido en su vida y que la llevó al filo de la muerte.
Ese día fue sometida a una cesárea por una doctora cubana que llegó al país como parte de los acuerdos de cooperación suscritos por los Gobiernos de Honduras y Cuba.
Tres días después de la intervención quirúrgica, la paciente comenzó a sentir molestias, dolores abdominales y fiebre, por lo que optó por buscar a la doctora que la atendió; pero al no encontrarla fue auscultada por un médico local. Tras la superficial evaluación y medicación fue enviada a su casa, sin embargo, en los días siguientes continuó con los fuertes dolores en el vientre y las fiebres se intensificaron. Al ver que no mostraba mejoría y su salud iba en franco declive, Bárbara buscó la asistencia de un médico privado y este le recomendó realizarse un ultrasonido y acudir inmediatamente al Hospital Escuela en Tegucigalpa. Puesta ahí, la paciente fue sometida a otros exámenes por el personal médico y el 21 de julio, casi tres meses después, fue sometida a una nueva operación en la cual lograron extraerle una gasa que la voluntaria cubana no retiró al final de la cesárea.
Este descuido estuvo a punto de costarle la vida a esta joven mujer, quien molesta decidió presentar en 2007 una demanda contra la Secretaría de Salud por mala praxis médica.
En diciembre de 2008, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo declaró procedente la querella y condenó al Estado a pagar los daños y perjuicios causados a esta mujer; no obstante, la indemnización aún no se paga y el juicio sigue activo en el Poder Judicial.
Otros casos
La odisea de Bárbara es solo una de las tantas historias que llegan a los tribunales de justicia.
Otro expediente bajo el número 293/13, al cual LA PRENSA también tuvo acceso, registra el reclamo de un padre que acusó a un médico del Hospital Escuela de haber contagiado del VIH-sida a su hija de nueve años durante un procedimiento quirúrgico.
El desesperado hombre relata que su hija fue sometida a una operación en su oído derecho y en ese proceso fue contagiada con la mortal enfermedad. Ahora demanda al Estado por 40 millones de lempiras.
El juicio se encuentra abierto y la defensa del Estado alega que la niña se contagió al momento del nacimiento, ya que supuestamente su madre es seropositiva. El juez decidirá.
Cuantías millonarias
Entre 2007 y 2013 se presentaron en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo siete demandas contra la Secretaría de Salud por negligencia médica.
En al menos tres de los casos, los pacientes murieron y ahora sus parientes más cercanos reclaman una millonaria indemnización al Estado.
Solo tres de las demandas representan un valor superior a los 125.6 millones de lempiras y en las otras cuatro la indemnización se determinará una vez que concluya el juicio.
Se buscó la opinión de las autoridades sobre las demandas,pero la ministra de Salud, Yolany Batres, no respondió a las llamadas realizadas por este medio.
