Tegucigalpa, Honduras.
El Estado de Honduras está a las puertas de resultar perjudicado en una nueva y multimillonaria demanda por la expropiación forzosa de un predio de 97 manzanas por donde pasa la última etapa del anillo periférico, en la salida de la carretera del norte.
Se trata de un reclamo consistente en el pago de una indemnización de 976 millones de lempiras por daños y perjuicios, incoado ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo contra el Instituto de la Propiedad (IP).
La querella fue puesta el 24 de mayo de 2011 por el abogado Mario Augusto Duarte en representación de los propietarios de los terrenos, Mario Raúl Pinto, Víctor Manuel Cuadra, Lorenzo Zelaya Alger y Juan Manuel Marrder.
El predio abarca las colonias Fuerzas Unidas, José Ángel Ulloa, José Arturo Duarte y Lomas del Norte, justamente por donde pasa la última etapa del anillo periférico recién concluida.
La extensa propiedad motivo de la demanda judicial fue expropiada en 2005 por el Estado por necesidad pública, pues en la zona se harían diversas obras para terminar este importante proyecto de infraestructura vial de la ciudad.
En esa oportunidad, el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros emitió el decreto número PCM 031-2005, ordenando la expropiación forzosa de 14 colonias, incluyendo las antes citadas, para lo cual se fundamentó en la declaratoria 07-2005 de la Dirección General de Regularización Predial del IP.
En esa oportunidad no se llegó a una conciliación con los propietarios, por lo que el Estado ordenó a la Contaduría General de la República fijar el justiprecio de los inmuebles.
Argumentos
Los querellantes alegan que las 97 manzanas están legalmente inscritas a su nombre bajo el registro número 89 y tomo 483 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil y cuentan con todos los demás documentos que avalan su propiedad.
Mario Raúl Pinto, uno de los demandantes, explicó a LA PRENSA que el Estado pretendió pagarles 11 lempiras por vara cuadrada, lo cual rechazaron porque en 1993 el Gobierno ya les había pagado 60 y 80 lempiras por vara por 7.5 manzanas para el mismo proyecto vial.
Indicó que en su reclamo han agotado todas las instancias legales, empezando por la vía administrativa y ahora la judicial.
Además existe una resolución del Instituto de la Propiedad, emitida el 1 de julio de 2010 en la gestión del entonces director Pompeyo Bonilla, que reconoce el dominio pleno de los reclamantes sobre el inmueble y recomienda “solicitar al IP la indemnización correspondiente”.
El pasado 15 de diciembre, el procurador general de la República, Abraham Alvarenga, en una entrevista a LA PRENSA reveló la existencia de esta demanda; pero no ofreció mayores detalles por encontrarse en juicio y a punto de dictarse sentencia definitiva
No obstante, la Unidad de Investigación de este diario indagó sobre la misma y logró tener acceso al voluminoso expediente que se encuentra en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
Defensa débil
Con el análisis de los documentos se establece que hubo serias falencias del Estado en la sustanciación y defensa de este caso.
Además se pudo cotejar que los recursos de amparo interpuestos por la representante legal fueron rechazados por las instancias jurisdiccionales.
Al inicio, asumió la defensa el apoderado legal del IP, Rubén Darío Ponce, pero justo antes de que el Juzgado convocase para emitir sentencia, la entonces procuradora general de la República, Ethel Deras, presentó un escrito de nulidad de actuaciones de Ponce y delegó la defensa del caso a la abogada Karolina Ordóñez Carrasco.
Posteriormente, la PGR presentó un recurso de nulidad por supuesta indefensión del Estado, pero fue rechazado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. El juicio está en su etapa final y solo queda citar a las partes para oír sentencia definitiva.
El Estado de Honduras está a las puertas de resultar perjudicado en una nueva y multimillonaria demanda por la expropiación forzosa de un predio de 97 manzanas por donde pasa la última etapa del anillo periférico, en la salida de la carretera del norte.
Se trata de un reclamo consistente en el pago de una indemnización de 976 millones de lempiras por daños y perjuicios, incoado ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo contra el Instituto de la Propiedad (IP).
La querella fue puesta el 24 de mayo de 2011 por el abogado Mario Augusto Duarte en representación de los propietarios de los terrenos, Mario Raúl Pinto, Víctor Manuel Cuadra, Lorenzo Zelaya Alger y Juan Manuel Marrder.
El predio abarca las colonias Fuerzas Unidas, José Ángel Ulloa, José Arturo Duarte y Lomas del Norte, justamente por donde pasa la última etapa del anillo periférico recién concluida.
La extensa propiedad motivo de la demanda judicial fue expropiada en 2005 por el Estado por necesidad pública, pues en la zona se harían diversas obras para terminar este importante proyecto de infraestructura vial de la ciudad.
En esa oportunidad, el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros emitió el decreto número PCM 031-2005, ordenando la expropiación forzosa de 14 colonias, incluyendo las antes citadas, para lo cual se fundamentó en la declaratoria 07-2005 de la Dirección General de Regularización Predial del IP.
En esa oportunidad no se llegó a una conciliación con los propietarios, por lo que el Estado ordenó a la Contaduría General de la República fijar el justiprecio de los inmuebles.
Argumentos
Los querellantes alegan que las 97 manzanas están legalmente inscritas a su nombre bajo el registro número 89 y tomo 483 del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil y cuentan con todos los demás documentos que avalan su propiedad.
Mario Raúl Pinto, uno de los demandantes, explicó a LA PRENSA que el Estado pretendió pagarles 11 lempiras por vara cuadrada, lo cual rechazaron porque en 1993 el Gobierno ya les había pagado 60 y 80 lempiras por vara por 7.5 manzanas para el mismo proyecto vial.
Indicó que en su reclamo han agotado todas las instancias legales, empezando por la vía administrativa y ahora la judicial.
Además existe una resolución del Instituto de la Propiedad, emitida el 1 de julio de 2010 en la gestión del entonces director Pompeyo Bonilla, que reconoce el dominio pleno de los reclamantes sobre el inmueble y recomienda “solicitar al IP la indemnización correspondiente”.
El pasado 15 de diciembre, el procurador general de la República, Abraham Alvarenga, en una entrevista a LA PRENSA reveló la existencia de esta demanda; pero no ofreció mayores detalles por encontrarse en juicio y a punto de dictarse sentencia definitiva
No obstante, la Unidad de Investigación de este diario indagó sobre la misma y logró tener acceso al voluminoso expediente que se encuentra en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
Defensa débil
Con el análisis de los documentos se establece que hubo serias falencias del Estado en la sustanciación y defensa de este caso.
Además se pudo cotejar que los recursos de amparo interpuestos por la representante legal fueron rechazados por las instancias jurisdiccionales.
Al inicio, asumió la defensa el apoderado legal del IP, Rubén Darío Ponce, pero justo antes de que el Juzgado convocase para emitir sentencia, la entonces procuradora general de la República, Ethel Deras, presentó un escrito de nulidad de actuaciones de Ponce y delegó la defensa del caso a la abogada Karolina Ordóñez Carrasco.
Posteriormente, la PGR presentó un recurso de nulidad por supuesta indefensión del Estado, pero fue rechazado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. El juicio está en su etapa final y solo queda citar a las partes para oír sentencia definitiva.
