San Pedro Sula, Cortés.
Se estima que hay más de
600 reos en condición de condenados que se encuentran recluidos en dicho centro penal y este año más de un centenar de esos condenados pueden
optar al beneficio de preliberación con la reforma del artículo 112 de la Ley del Sistema Penitenciario; sin embargo, esos 100 privados de libertad no pueden gozar de ese beneficio legal debido a que sus familias
habitan fuera del departamento de Francisco Morazán y eso genera el desarraigo familiar, que es un requisito para optar al beneficio.
Por esa situación, el Juzgado de Ejecución puntuliazó que se deben realizar traslados por razones humanitarias para que los recluidos estén cerca de sus familiares, no solo para comunicarse, sino que es un requisito para optar a la preliberación, y al no posibilitar la opción a dicho beneficios, en los centros penales se están ocupando espacios que los puede sustituir un primer ingreso.
Con el hacinamiento de 2,310 privados de libertad en la cárcel de El Porvenir, Francisco Morazán, según un Juzgado de Ejecución Penal, se han violentado los derechos de los recluidos y debido a eso se producirá la intervención de dicho centro carcelario para descongestionar lo antes posible.
Para consolidar una intervención que implique un plan de descongestionamiento del centro penal, se integró una comisión avalada por las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, (INP). La coordinadora del Juzgado de Ejecución Penal, Marisa Burgos, afirmó que con ese plan de intervención en el colapsado reclusorio se pretende agilizar el beneficio de la preliberación y posterior libertad condicional que la ley permite y así descongestionar el hacinamiento con 1,500 relcusos.
Según el plan de intervención, se ha venido arrastrando una problemática que afecta a todos los centros penitenciarios.
Esa situación la especifican así:
1) Mora judicial: existen privados de libertad con prisión preventiva vencida, a los cuales no se les ha revisado.
2) Incorrecta aplicación de las funciones de los consejos técnicos interdisciplinarios de los centros penales, ya que al no realizar sus funciones desde el ingreso de todo privado de libertad, es difícil llevar a cabo evaluaciones cada seis meses y la ejecución del tratamiento progresivo penitenciario.
3) Falta de personal en aquellos centros penales como El Porvenir.
4) El desarraigo; es decir, se realizan traslados por motivos de seguridad sin valorar el entorno ni el proceso del tratamiento progresivo penitenciario de todo privado de libertad condenado, ya que se cuenta con el 5.5% del 10% de la población penitenciaria que está en condición jurídica de condenados.
5) Con la sobrepoblación, el Consejo Técnico Interdisciplinario de la prisión en El Porvenir no realiza acciones para que todos los privados de libertad puedan rehabilitarse, siendo estas acciones necesarias en los casos en que los condenados puedan optar al beneficio de preliberación y posteriormente a la libertad condicional.
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La penitenciaría ubicada en el valle de Siria alberga en su mayoría a población procedente de San Pedro Sula y el resto del departamento de Cortés, también del departamento de Santa Bárbara.
 Se han solicitado urgentes traslados desde esta cárcel, donde hay más de 200 reos que no son considerados de alta peligrosidad.
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Por esa situación, el Juzgado de Ejecución puntuliazó que se deben realizar traslados por razones humanitarias para que los recluidos estén cerca de sus familiares, no solo para comunicarse, sino que es un requisito para optar a la preliberación, y al no posibilitar la opción a dicho beneficios, en los centros penales se están ocupando espacios que los puede sustituir un primer ingreso.
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“No se trata sólo de descongestionar los centro penales, sino además de darles la funcionalidad para la cual fueron creados”, remarcó la abogada Burgos.
Adicionalmente en El Porvenir se encuentran más de 200 privados de libertad que no son de alta peligrosidad, a quienes no se les ha valorado lo siguiente: no se realizan traslados por conveniencia procesal y la cárcel de El Porvenir sólo cuenta con dos patrullas para traslados de presos para acudir a sus audiencias a los tribunales de justicia.
“Por la sobrepoblación que mantiene dicho centro penal y por la distancia con los juzgados se produce la mora judicial, violentando el debido proceso, el cual le asiste a todo encausado”, añadió el plan de intervención del Juzgado de Ejecución.
