Tegucigalpa, Honduras.
Cinco miembros del desaparecido Consejo de la Judicatura y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron enviados a prisión por ser acusados de más 600 delitos de corrupción por el supuesto mal manejo de viáticos.
Los imputados son Jorge Rivera Avilés, expresidente de la CSJ; los exconsejeros Teodoro Bonilla (quién ya estaba en prisión por otro caso), José Francisco Quiroz Mejía, Liliam Emelina Maldonado, Celino Aguilera y Julio Barahona, este último no se presentó a la Corte hoy, pero se le notificará para que se presente en legal y debida forma.
Esto es lo que debe saber sobre el Consejo de la Judicatura:
¿Qué era?
Era un órgano dependiente del Poder Judicial cuyos miembros fueron elegidos por el Congreso Nacional. El Consejo de la Judicataura y la Carrera Judicial era encabezado por el titular de la CSJ, Jorge Rivera Avilés. Los integrantes eran Jorge Rivera Avilés, expresidente de la CSJ y los exconsejeros Teodoro Bonilla, José Francisco Quiroz Mejía, Liliam Emelina Maldonado, Celino Aguilera y Julio Barahona.
¿Qué hacía?
Once fueron las atribuciones que se le concedieron al Consejo, entre ellas organizar y dirigir financiera y administrativamente al Poder Judicial, nombrar y remover a magistrados de Cortes de Apelaciones y jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico.
Además, se encargaba de evaluar y capacitar a los funcionarios judiciales, ejercer el régimen disciplinario a los miembros de la carrera judicial, elaborar el proyecto de presupuesto anual, reglamentos y lo referente a nombrar y disponer movimientos de personal. El equipo estuvo conformado por representantes de las asociaciones de jueces y magistrados, el Colegio de Abogados y la Asociación de Empleados y funcionarios del Poder Judicial de Honduras. El Consejo de la Judicatura fue creado por el Congreso el 25 de noviembre de 2011.
¿Por qué fue disuelto?
El Consejo de la Judicatura llegó a su fin tras conocerse una serie de irregularidades que iban desde ostentosos salarios y viáticos hasta numerosas contrataciones de personal. Una fuente oficial cercana a la presidencia de la Corte confió en su momento a LA PRENSA que a raíz de todas las anomalías encontradas, la salida más viable y menos traumática para la institucionalidad a la que se recurriría sería decretar inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura y la elección de sus cinco miembros.
Esa jugada jurídica facilitaba la salida de los consejeros de forma inmediata y abriría el camino para crear una nueva Ley del Consejo que permitiría subsanar todos los abusos de autoridad y anomalías que se cometieron y que fueron denunciados desde que estos asumieron sus funciones en septiembre de 2013.
Cinco miembros del desaparecido Consejo de la Judicatura y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fueron enviados a prisión por ser acusados de más 600 delitos de corrupción por el supuesto mal manejo de viáticos.
Los imputados son Jorge Rivera Avilés, expresidente de la CSJ; los exconsejeros Teodoro Bonilla (quién ya estaba en prisión por otro caso), José Francisco Quiroz Mejía, Liliam Emelina Maldonado, Celino Aguilera y Julio Barahona, este último no se presentó a la Corte hoy, pero se le notificará para que se presente en legal y debida forma.
Esto es lo que debe saber sobre el Consejo de la Judicatura:
¿Qué era?
Era un órgano dependiente del Poder Judicial cuyos miembros fueron elegidos por el Congreso Nacional. El Consejo de la Judicataura y la Carrera Judicial era encabezado por el titular de la CSJ, Jorge Rivera Avilés.
SÉPALO: Estos son los 600 delitos por los que están presos los exconsejeros
El 6 de septiembre de 2013 los nombramientos fueron aprobados por mayoría, con 110 votos a favor, dos en contra y 10 abstenciones. El Consejo fue creado mediante decreto 219-2011, como el órgano constitucional que gobernaría al Poder Judicial, con autonomía e independencia funcional y administrativa.
¿Qué hacía?
Once fueron las atribuciones que se le concedieron al Consejo, entre ellas organizar y dirigir financiera y administrativamente al Poder Judicial, nombrar y remover a magistrados de Cortes de Apelaciones y jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico.
Además, se encargaba de evaluar y capacitar a los funcionarios judiciales, ejercer el régimen disciplinario a los miembros de la carrera judicial, elaborar el proyecto de presupuesto anual, reglamentos y lo referente a nombrar y disponer movimientos de personal. El equipo estuvo conformado por representantes de las asociaciones de jueces y magistrados, el Colegio de Abogados y la Asociación de Empleados y funcionarios del Poder Judicial de Honduras.
¿Por qué fue disuelto?
El Consejo de la Judicatura llegó a su fin tras conocerse una serie de irregularidades que iban desde ostentosos salarios y viáticos hasta numerosas contrataciones de personal. Una fuente oficial cercana a la presidencia de la Corte confió en su momento a LA PRENSA que a raíz de todas las anomalías encontradas, la salida más viable y menos traumática para la institucionalidad a la que se recurriría sería decretar inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura y la elección de sus cinco miembros.
Esa jugada jurídica facilitaba la salida de los consejeros de forma inmediata y abriría el camino para crear una nueva Ley del Consejo que permitiría subsanar todos los abusos de autoridad y anomalías que se cometieron y que fueron denunciados desde que estos asumieron sus funciones en septiembre de 2013.
En una votación tres a dos, los magistrados de la Sala Constitucional de la CSJ resolvieron parcialmente una acción de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 219-2011 que contenía la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
Fue LA PRENSA que informó en exclusiva sobre el tiro de gracia que le iban a dar al Consejo de la Judicatura y adelantó sobre la renuncia que pondrían los exconsejeros Teodoro Bonilla, Liliam Maldonado, Francisco Quiroz, Celino Aguilera y Julio Barahona, la cual fue presentada ante el Congreso Nacional el viernes 4 de marzo de 2016.
Desde su nombramiento, los miembros del Consejo fueron fuertemente cuestionados por su polémica elección, luego por el desmedido aumento salarial selectivo que se recetaron, la irregular destitución de jueces y por último por el cobro de jugosos viáticos y el nombramiento de amigos y parientes en la estructura del Poder Judicial.
