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Mandan a prisión al expresidente de la Corte y a los exmiembros de la Judicatura

El único que no se presentó fue Julio Barahona.

Hoy se dio la audiencia de notificación de cambio de medidas.

Tegucigalpa, Honduras.

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, fue enviado a la prisión este miércoles por suponerlo responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos.

También fueron enviados a la cárcel cuatro de los exmiembros del Consejo de la Judicatura: Teodoro Bonilla (este ya guardaba prisión por otros delitos), José Francisco Quiroz Mejía, Liliam Emelina Maldonado y Celino Aguilera, después de que fueran notificados por un juez del cambio de medidas sustitutivas a prisión preventiva.

El Ministerio Público busca probar que los exconsejeros desviaron alrededor de 13.5 millones de lempiras por concepto de giras nacionales y al extranjero.

"Se confirma el auto de formal procesamiento contra los imputados y se les revocan las medidas sustitutivas y se impone la medida cautelar de la prisión preventiva", dijo Lucía Villars, vocera de los Juzgados Anticorrupción.

Todos los anteriormente mencionados fueron enviados al Primer Batallón de Infantería, excepto Liliam Maldonado que fue enviada a la Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), ubicado en la aldea de Támara.

Los defensores de los imputados han interpuesto amparos para buscar que sus defendidos se defiendan en libertad.

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Momento en el que llegaba Celino Aguilera a quien se le señala por 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos.

En cuanto al exmiembro del Consejo de la Judicatura Julio Barahona "se le notificará para que se presente en legal y debida forma".

Se realizó la notificación de la audiencia de revisión de medidas a los exmiembros del extinto Consejo de la Judicatura después de que el caso fuera conocido por la Corte de Apelaciones.

Declaraciones de Rivera Áviles antes de ser informado del cambio de medidas.

"El día de hoy hemos sido citados para informarnos de que se nos quitan las medidas sustitutivas y lógicamente si se nos quitan, iremos a prisión", indicó la mañana de este día el expresidente de la Corte, antes de ser notificado del cambio de medidas.

"A eso vengo, a someterme al proceso", dijo Avilés, quien agregó que "casualmente es la consecuencia de esta audiencia, que se nos dejen sin valor y efecto las medidas sustitutivas de las que gozábamos".

En cuanto a su estado de salud, expresó: "Estoy bastante recuperado, ustedes me ven que mi ánimo no decae, tengo mi conciencia tranquila. No he cometido ningún delito".

El expresidente de la Corte y quien presidía el Consejo de la Judicatura dijo estar en desacuerdo con el cambio de medidas porque "aquí solo cabe un reparo administrativo. Estoy de acuerdo a hacer un reparo y en devolver lo que resulte. Pero han confundido la materia y la han convertido en materia penal".

"No podemos desatender lo que diga un juzgado. Yo veo estos tribunales sumamente encarnizados contra los imputados que nos presentamos (...) hice todo lo mejor que pude. Será la historia la que me juzgará. Dios me conoce".

LEA: Exconsejeros son acusados de más de 600 delitos

Resumen de los delitos

Mientras que a Teodoro Bonilla, exvicepresidente del Consejo, se le acusa de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.

Actualmente, Bonilla se encuentra en prisión cumpliendo una condena de seis años por el delito de tráfico de influencias, en el denominado caso Shalom.

Imagen de archivo de todos los exmiembros del Consejo de la Judicatura en imagen, excepto el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jorge Rivera Avilés.

En el caso del exconsejero Julio César Barahona, se le supone responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a José Francisco Quiroz Mejía se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.

Igualmente, a Liliam Emelina Maldonado se le considera responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos y a Celino Aguilera se le señala por 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de uso de documentos privados falsos.

Los demás exconsejeros pagaron una fianza hipotecaria por un monto de un millón de lempiras cada uno para poder defenderse en libertad.