Tegucigalpa, Honduras
La resolución de la Corte de Apelaciones confirma “el auto de formal procesamiento” contra las seis personas acusadas de al menos 600 delitos de corrupción. La Corte de Apelaciones además “revoca las medidas cautelares sustitutivas impuestas (en abril) por el juzgado de letras e impone la medida de prisión preventiva contra los acusados”, añade la resolución. Rivera, quien también fue presidente del extinto Consejo de la Judicatura, es acusado de “131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos”, según la denuncia de la Fiscalía hondureña. Anoche su defensa informó que interpondrán hoy un recurso de amparo.
La Corte de Apelaciones rechazó un recurso presentado por el extitular del Tribunal Supremo Jorge Rivera Aviles y cinco exconsejeros judiciales acusados de presunta corrupción, y ordenó la prisión preventiva de los imputados.
La Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia nacional en materia de Corrupción declaró, por unanimidad, “sin lugar los recursos de reposición” presentados por la defensa de Rivera y los cinco exmiembros del Consejo de la Judicatura.
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millones es la presunta malversación de recursos, según el requerimiento presentado por la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores de Sector Justicial.
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Además, son acusados los exconsejeros Teodoro Bonilla, exvicepresidente del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Julio César Barahona, José Francisco Quiroz, Liliam Maldonado y Celino Arístides Aguilera. Todos los exconsejeros de la judicatura, excepto Bonilla, quien cumple desde septiembre de 2017 una pena de seis años de prisión por intentar incidir en sentencias a favor de dos familiares suyos procesados por blanqueo, se han defendido en libertad luego de que un juzgado les otorgó medidas sustitutivas en abril.
Según la denuncia, los acusados tramitaban viáticos para asistir a “supuestas giras de trabajo” en Honduras y en el extranjero y en “576 ocasiones los mismos no realizaron los viajes y tampoco devolvieron el dinero de gastos de viáticos”. Los acusados “calendarizaron en 2015 presuntas giras de trabajo durante unas 46 semanas, incluyendo días feriados, períodos de vacaciones y en días inhábiles como fines de semana”, añade la denuncia.
La Fiscalía hondureña abrió la investigación a partir de un informe elaborado en fecha no precisada por la Mesa Técnica de Verificación de Actuaciones del Poder Judicial, el cual sirvió de “insumo inicial para orientar una serie de diligencias investigativas”.
Durante la investigación se logró “recolectar prueba técnico-científica, capaz de acreditar la plena participación de los imputados en las conductas ilícitas que se les atribuyen”, según la denuncia.
