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Exconsejeros ponen como garantías terrenos y dinero

  • 18 abril 2018 /

El exmagistrado presidente Jorge Rivera Avilés alegó ayer que aún es un funcionario judicial y por eso merece antejuicio.

Tegucigalpa, Honduras.

Propiedades y dinero en efectivo pusieron como garantía hipotecaria los exconsejeros del extinto Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial ante los Juzgados en Materia de Corrupción tras ser acusados de desviar 13.5 millones de lempiras.

Los imputados son Jorge Rivera Avilés, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien puso una garantía de un millón de lempiras en efectivo, según explicó su defensa legal.

La exconsejera Liliam Maldonado puso como garantía bancaria su vivienda, la cual aseguró está valorada en un poco más de un millón de lempiras. Francisco Quiroz puso como garantía hipotecaria dos terrenos ubicados en el departamento de Yoro, que, afirma su defensa, fueron una herencia de sus padres.

Celino Aguilera interpuso como garantía dos terrenos, cuyo valor asciende a 1.2 millones de lempiras, y Julio Barahona puso como garantía otros bienes no especificados por la defensa.

En el caso de Teodoro Bonilla, exvicepresidente de la Judicatura, no interpuso garantía debido a que se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Nacional condenado por un caso de tráfico de influencias. La garantía solo beneficiaba a cinco de los seis exconsejeros con el propósito de que se defendieran en libertad.

Apelación

“La defensa ha solicitado una excepción por falta de acción entendiendo que el Ministerio Público no podía promover la acción porque faltaban requisitos indispensables para su interposición, como ser el antejuicio para los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones”, dijo la abogada Rosa Elena Bonilla, defensora de Avilés.

De acuerdo con la defensora, Rivera ostenta actualmente el cargo de juez de paz suplente vigente a la fecha y por lo tanto necesitaban un antejuicio para presentar el requerimiento fiscal.

Los exconsejeros son acusados de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.