Tegucigalpa, Honduras.
El exvicepresidente del desaparecido Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla fue encontrado culpable este viernes por un delito de tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública.
Tras el fallo, los jueces revocaron la medida de arresto domiciliario que el exfuncionario venía gozando desde hace dos años, por lo que se le impuso la medida de prisión preventiva enviándole inmediatamente al Centro Nacional Penitenciario de Támara.
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Años de reclusión
Es la pena que podría purgar el exmiembro del Consejo de la Judicatura. Además enfrenta una multa de entre 200 a 300 mil lempiras.
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El Ministerio Público descartó que se solicite la pena mínima, debido a los agravantes que existen al rededor de este caso.
Con el fallo, los jueces comprobaron que el delito de tráfico de influencias se consumó y por ello condenaron por unanimidad de votos al exvicepresidente del Consejo de la Judicatura.
“El Ministerio Público consiguió demostrar y poner al descubierto la forma y la manera en que Teodoro Bonilla y las juezas coimputadas Liz María Ernestina Núñez Cardona y Delmy Elizabeth López Paz, malintencionadamente manipularon la Ley y dieron un beneficio a los dos parientes del exconcejal procesados por delitos de criminalidad organizada”, establece un comunicado del ente acusador.
 Familiares se mostraron acongojados tras oír el fallo.
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Evidencia lo hundió. Las escuchas telefónicas presentadas por el Ministerio Público fueron las pruebas que hundieron a Teodoro Bonilla.
El fallo le dio la razón a la Fiscalía en lo concerniente a que no existe ningún tipo de vicio de nulidad o controversia en lo que respecta a la obtención de la prueba, por lo que se considera de origen lícito las escuchas telefónicas, el procedimiento y la tramitación para la solicitud de las mismas.
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Días
Duró el desarrollo del juicio contra Bonilla. La audiencia de individualización de la pena se llevará a cabo el 21 de agosto, según anunciaron los jueces del tribunal de sentencia.
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El caso. El exconsejero presionó a dos juezas para favorecer a Dennys Donady Bonilla García quien era acusado por el delito de almacenamiento ilegal de armas y municiones comerciales y almacenamiento de armas prohibidas y Carlos Roberto Bonilla, acusado por los delitos de lavado de activos y almacenamiento de arma prohibida y municiones en el caso conocido como Shalom.
Este caso relaciona directamente a la exjueza Liz María Núñez Cardona, quien resolvió sobreseer provisionalmente a Carlos Roberto Bonilla por el delito de lavado de activos, decretándole auto de apertura a juicio oral únicamente por el delito de posesión ilegal de armas de uso prohibido.
Asimismo, el Ministerio Público relaciona al tráfico de influencias a la exmagistrada de la Corte de Apelaciones Delmy Elizabeth López quien en audiencia inicial en fecha 24 de enero de 2014 decretó a los encausados un auto de formal procesamiento por el delito de almacenamiento de arma comercial y prohibida, municiones y lavado de activos; imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva.
En fecha 20 de febrero el apoderado legal de Dennys Donadyn Bonilla García apeló el auto de formal procesamiento decretado a su cliente.
El caso de Carlos Roberto Bonilla fue elevado a juicio oral y público el 16 de septiembre de 2016, la Sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional lo declaró culpable por el delito de lavado de activos.
Por esta misma causa criminal, Liz María Ernestina Núñez Cardona guarda prisión preventiva en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) por los delitos de prevaricato y abuso de autoridad.
Contrario a ello, en el caso de Delmy Elizabeth López Paz, quien actualmente se desempeña como Magistrada de Corte de Apelaciones Civil de San Pedro Sula, se continúa a la espera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resuelva la admisión de un antejuicio promovido en su contra por los delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias, en virtud de haber sido anulado por una circunstancia meramente formalista.
