San Pedro Sula, Honduras.
La Sociedad Civil de Honduras destacó que la postura del presidente Juan Orlando Hernández sea la de continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad, luego de que el mandatario afirmara que “no vamos a retroceder”.
Después de que el Congreso aprobara reformas a la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, las cuales según varios sectores “suavizan” la ley y benefician a “corruptos y personas vinculadas al narcotráfico”, el Presidente expresó: “Yo fui uno de los proponentes (de la ley) y nos ha dado un tremendo resultado. No vamos a retroceder, seguimos en esa ruta”, lo cual ha sido bien visto por distintos sectores.
Además, fuentes cercanas a Casa Presidencial revelaron a Diario LA PRENSA que Hernández vetará las reformas aprobadas por el Congreso, decisión que respalda la Sociedad Civil.
Amnistía Internacional (AI), mediante su capítulo para ASJ, espera que en los próximos días el Presidente rechace, por medio del veto, las reformas a la Ley.
“Es importantísimo que el señor Presidente haya hecho sus comentarios sobre estas reformas a la Ley de Privación de Dominio porque ha dejado un mensaje enfático en que no hay retroceso en esta lucha”, indicó Kenneth Madrid, asesor jurídico d e Sociedad más Justa (ASJ).
El criminólogo Gonzalo Sánchez considera que la ley será vetada. “El espíritu de la ley era combatir fuertemente a las organizaciones criminales, la corrupción y todo lo que tuviera que ver con lavado de activos, pero de una u otra manera no se consensuó con la Constitución”.
Sobre la decisión que tiene que tomar el mandatario, el criminólogo Nery Ordóñez, señaló: “Es una apreciación que el Presidente tiene que tomar en ese momento. Qué artículos de esa reforma dejar y cuáles no, para obtener mayor presión como se ha logrado hasta ahora”.
Proceso
El Presidente tendrá que oficializar el veto, por tarde, durante o tras Semana Santa.
El artículo 216 de la Constitución establece que si el Poder Ejecutivo encuentra inconvenientes para sancionar el proyecto de ley, lo devolverá al Congreso Nacional dentro de 10 días con la fórmula “Vuelva al Congreso” exponiendo las razones en las que fundamenta su desacuerdo.
A juicio de Amnistía Internacional, de acuerdo con Madrid, las reformas a la ley deben ser rechazadas en vista de que el “Congreso Nacional las hizo sin socializarlas y las realizó totalmente de manera inconsulta”.
La cámara legislativa aprobó las reformas sobre unos 12 artículos con 67 votos de diputados del Partido Nacional y Alianza Patriótica y liberales.
Si la ley es vetada, esta regresará al Congreso, y para ser ratificada necesitaría las dos terceras partes de la totalidad de los diputados.
Si los diputados no toman la iniciativa de socializar las reformas antes de aprobarlas, el Presidente, por estar al mando del Consejo de Defensa y Seguridad, podría “definir la línea correcta sobre la reforma, si es que se debería dar”, cree Kenneth Madrid.
El otro escenario que podría suscitarse, según Madrid, sería el que las reformas fueran engavetadas y de esta manera “no operarían y por lo tanto la ley quedaría tal como está en este momento”.
La Sociedad Civil de Honduras destacó que la postura del presidente Juan Orlando Hernández sea la de continuar la lucha contra la corrupción y la impunidad, luego de que el mandatario afirmara que “no vamos a retroceder”.
Después de que el Congreso aprobara reformas a la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, las cuales según varios sectores “suavizan” la ley y benefician a “corruptos y personas vinculadas al narcotráfico”, el Presidente expresó: “Yo fui uno de los proponentes (de la ley) y nos ha dado un tremendo resultado. No vamos a retroceder, seguimos en esa ruta”, lo cual ha sido bien visto por distintos sectores.
Además, fuentes cercanas a Casa Presidencial revelaron a Diario LA PRENSA que Hernández vetará las reformas aprobadas por el Congreso, decisión que respalda la Sociedad Civil.
Amnistía Internacional (AI), mediante su capítulo para ASJ, espera que en los próximos días el Presidente rechace, por medio del veto, las reformas a la Ley.
“Es importantísimo que el señor Presidente haya hecho sus comentarios sobre estas reformas a la Ley de Privación de Dominio porque ha dejado un mensaje enfático en que no hay retroceso en esta lucha”, indicó Kenneth Madrid, asesor jurídico d e Sociedad más Justa (ASJ).
El criminólogo Gonzalo Sánchez considera que la ley será vetada. “El espíritu de la ley era combatir fuertemente a las organizaciones criminales, la corrupción y todo lo que tuviera que ver con lavado de activos, pero de una u otra manera no se consensuó con la Constitución”.
Sobre la decisión que tiene que tomar el mandatario, el criminólogo Nery Ordóñez, señaló: “Es una apreciación que el Presidente tiene que tomar en ese momento. Qué artículos de esa reforma dejar y cuáles no, para obtener mayor presión como se ha logrado hasta ahora”.
Proceso
El Presidente tendrá que oficializar el veto, por tarde, durante o tras Semana Santa.
El artículo 216 de la Constitución establece que si el Poder Ejecutivo encuentra inconvenientes para sancionar el proyecto de ley, lo devolverá al Congreso Nacional dentro de 10 días con la fórmula “Vuelva al Congreso” exponiendo las razones en las que fundamenta su desacuerdo.
A juicio de Amnistía Internacional, de acuerdo con Madrid, las reformas a la ley deben ser rechazadas en vista de que el “Congreso Nacional las hizo sin socializarlas y las realizó totalmente de manera inconsulta”.
La cámara legislativa aprobó las reformas sobre unos 12 artículos con 67 votos de diputados del Partido Nacional y Alianza Patriótica y liberales.
Si la ley es vetada, esta regresará al Congreso, y para ser ratificada necesitaría las dos terceras partes de la totalidad de los diputados.
Si los diputados no toman la iniciativa de socializar las reformas antes de aprobarlas, el Presidente, por estar al mando del Consejo de Defensa y Seguridad, podría “definir la línea correcta sobre la reforma, si es que se debería dar”, cree Kenneth Madrid.
El otro escenario que podría suscitarse, según Madrid, sería el que las reformas fueran engavetadas y de esta manera “no operarían y por lo tanto la ley quedaría tal como está en este momento”.
