Tegucigalpa, Honduras.
Un nuevo proceso legal estaría enfrentando Mario Zelaya, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y sus más cercanos colaboradores por nuevos actos de corrupción.
Una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detalla el hallazgo de 27 irregularidades que concluyen en indicios de responsabilidad penal al no encontrarse soportes documentales que justifiquen legalmente la inversión en la adjudicación irregular del Proyecto de Modernización Financiera del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Mofihss) a la empresa Sistemas Abiertos S.A. de C.V.
Según el TSC, esta inversión ocasionó un perjuicio económico al Estado de Honduras por 599.8 millones de lempiras. El Tribunal recomendó al Ministerio Público ejecutar las acciones correspondientes en contra de Mario Roberto Zelaya Rojas, exdirector ejecutivo del IHSS; José Ramón Bertetty Osorio, exgerente administrativo; Alberto Antonio Barahona Rivera, exsubgerente de sistematización informática, y José Alberto Zelaya Guevara, exgerente de compras de la institución.
La entidad contralora estableció que el sistema informático fue adquirido sin una adecuada planificación y cumplimiento legal, además de no haberse implementado con la funcionabilidad completa e integrada de conformidad a los objetivos para el que fue comprado.
La implementación del sistema iba encaminado supuestamente a modernizar el que el IHSS tenía, pero no fue así, conforme reveló el TSC.
El proyecto Mofihss se contrató como una solución informática integral que cubriera un cien por ciento tanto la parte clínica hospitalaria como el componente administrativo financiero, con el objetivo de automatizar por completo dichos procesos, pero no se cumplió con lo solicitado.
Del componente clínico hospitalario, el 61% de lo solicitado no existe, de igual forma en el componente administrativo financiero el ocho de lo solicitado no existe. Los porcentajes de implementación parcial tanto para el sistema clínico hospitalario como el administrativo financiero son 39% y 92% respectivamente, los cuales no están completamente terminados según lo solicitado en los términos de referencia. Igualmente, no se realizó la comparación de las ofertas en moneda nacional, adjudicándose en moneda extranjera el contrato del proyecto, entre otras anomalías encontradas en la auditoría.
Indican que la solución informática implementada no cumple el objetivo para el cual fue adquirida y debido a la cantidad de módulos no terminados y módulos parcialmente en funcionamiento está generando un atraso en las labores llevadas a cabo en el IHSS, creando un descontrol en todos los procesos relacionados, así como también la información que se está utilizando, guardando y procesando no es íntegra ni actualizada.
El TSC recomienda al Ministerio Público que “en cumplimiento de las normas vigentes en el Tribunal Superior de Cuentas se remite el presente informe para que se proceda a ejecutar las acciones correspondientes”.
Próximamente, el Tribunal de Cuentas notificará un informe con responsabilidad civil sobre estos mismos hechos y emitirá los pliegos de responsabilidad correspondientes a funcionarios y empleados de dicha entidad a fin de reponer el perjuicio económico ocasionado al Estado.
Un nuevo proceso legal estaría enfrentando Mario Zelaya, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y sus más cercanos colaboradores por nuevos actos de corrupción.
Una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detalla el hallazgo de 27 irregularidades que concluyen en indicios de responsabilidad penal al no encontrarse soportes documentales que justifiquen legalmente la inversión en la adjudicación irregular del Proyecto de Modernización Financiera del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Mofihss) a la empresa Sistemas Abiertos S.A. de C.V.
Según el TSC, esta inversión ocasionó un perjuicio económico al Estado de Honduras por 599.8 millones de lempiras. El Tribunal recomendó al Ministerio Público ejecutar las acciones correspondientes en contra de Mario Roberto Zelaya Rojas, exdirector ejecutivo del IHSS; José Ramón Bertetty Osorio, exgerente administrativo; Alberto Antonio Barahona Rivera, exsubgerente de sistematización informática, y José Alberto Zelaya Guevara, exgerente de compras de la institución.
La entidad contralora estableció que el sistema informático fue adquirido sin una adecuada planificación y cumplimiento legal, además de no haberse implementado con la funcionabilidad completa e integrada de conformidad a los objetivos para el que fue comprado.
La implementación del sistema iba encaminado supuestamente a modernizar el que el IHSS tenía, pero no fue así, conforme reveló el TSC.
El proyecto Mofihss se contrató como una solución informática integral que cubriera un cien por ciento tanto la parte clínica hospitalaria como el componente administrativo financiero, con el objetivo de automatizar por completo dichos procesos, pero no se cumplió con lo solicitado.
Del componente clínico hospitalario, el 61% de lo solicitado no existe, de igual forma en el componente administrativo financiero el ocho de lo solicitado no existe. Los porcentajes de implementación parcial tanto para el sistema clínico hospitalario como el administrativo financiero son 39% y 92% respectivamente, los cuales no están completamente terminados según lo solicitado en los términos de referencia. Igualmente, no se realizó la comparación de las ofertas en moneda nacional, adjudicándose en moneda extranjera el contrato del proyecto, entre otras anomalías encontradas en la auditoría.
Indican que la solución informática implementada no cumple el objetivo para el cual fue adquirida y debido a la cantidad de módulos no terminados y módulos parcialmente en funcionamiento está generando un atraso en las labores llevadas a cabo en el IHSS, creando un descontrol en todos los procesos relacionados, así como también la información que se está utilizando, guardando y procesando no es íntegra ni actualizada.
El TSC recomienda al Ministerio Público que “en cumplimiento de las normas vigentes en el Tribunal Superior de Cuentas se remite el presente informe para que se proceda a ejecutar las acciones correspondientes”.
Próximamente, el Tribunal de Cuentas notificará un informe con responsabilidad civil sobre estos mismos hechos y emitirá los pliegos de responsabilidad correspondientes a funcionarios y empleados de dicha entidad a fin de reponer el perjuicio económico ocasionado al Estado.
