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Le hallaron L16.7 millones a Rosa Elena de Lobo en su casa

Los agentes aseguraron 385,227 dólares, 3,140 euros, 3.7 millones de lempiras en efectivo y un cheque de caja por un valor de L3.8 millones. El hallazgo fue el reciente 28 de febrero.

La vivienda donde vivía en la aldea El Chimbo, Santa Lucía la ex primera dama Rosa de Lobo junto a su familia fue asegurada. Ahora está en poder de la OABI.
La vivienda donde vivía en la aldea El Chimbo, Santa Lucía la ex primera dama Rosa de Lobo junto a su familia fue asegurada. Ahora está en poder de la OABI.

Tegucigalpa, Honduras.

Agentes del Ministerio Público aseguraron una fuerte suma de dinero durante los allanamientos en una de las viviendas de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, localizada en el sector de El Chimbo, Santa Lucía, jurisdicción de Francisco Morazán .

La millonaria cantidad en efectivo la encontraron en su residencia el pasado 28 de febrero, cuando la exfuncionaria fue detenida por suponerla responsable de la sustracción de 12.2 millones de lempiras de una cuenta asignada a su despacho en enero de 2014, informaron fuentes oficiales.

José Luis Andino, titular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), confirmó en exclusiva a LA PRENSA que la suma asegurada corresponde a 385,227 dólares americanos (unos 9.1 millones de lempiras), 3,140 euros (94,200 lempiras), 3.7 millones de lempiras en efectivo y un cheque de caja por un monto de 3.8 millones.

En total la suma en efectivo y en cheques asegurada por las autoridades del Ministerio Público asciende a 16.7 millones de lempiras, 12.9 millones en dólares y lempiras y los 3.8 millones en un título valor, los cuales ya fueron trasladados a una cuenta bancaria de la Oabi para su correspondiente administración.

Los agentes detectaron la fortuna durante la inspección y requisa de documentos efectuados en la lujosa residencia que la expareja presidencial compartía en la aldea El Chimbo, al oriente de la capital hondureña, confirmaron fuentes del MP y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).

De acuerdo con las pesquisas, la señora Bonilla de Lobo deberá acreditar fehacientemente de dónde salieron los fondos, de lo contrario podría enfrentar una nueva acusación por lavado de activos y los recursos podrían pasar al Estado.

Asimismo, el hallazgo de esta fuerte suma representa que la Fiscalía proceda a abrir una nueva investigación por el supuesto lavado de dinero público, explicó uno de los investigadores que trabajó en las indagaciones.

A la exfuncionaria también se le aseguraron, como medida registral para impedir transacciones sobre los bienes, 13 inmuebles, entre ellos, tres propiedades en el condominio Loma Alta, en la exclusiva zona de las Lomas del Guijarro.

Además, se le confiscó precautoriamente la lujosa residencia en la que residía con su pareja, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, a quien le han dado un plazo de 30 días para desalojarla y retirar el menaje de la misma.

Asimismo, 11 lotes de terreno en Santa Lucía, en varios de los cuales habían muchas viviendas en etapa de construcción.

La medida de aseguramiento de estos bienes fue ordenada el 27 de febrero pasado por el juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción a solicitud de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic).

Este se trata del primer caso de alto impacto ordenado por esta instancia de reciente creación.

La Ley contra el Delito de Lavado de Activos establece en el artículo 23 que finalizado el proceso penal, cuando la sentencia sea firme y ordene la pena de comiso, se procederá a la venta de los bienes en pública subasta, la que se llevará a cabo 15 días después de su publicación en dos diarios escritos de circulación nacional.

En este caso, el producto de la venta y el dinero incautado, incluyendo depósitos bancarios, títulos valores y demás créditos, así como las multas, serán distribuidos por la Oabi entre diferentes instituciones del sector justicia, seguridad y prevención del delito.

Recepción

El director de la Oabi afirmó que el organismo a su cargo tomó posesión de al menos 11 matrículas que corresponden a siete inmuebles edificados como mejoras dentro de los mismos lotes, entre los cuales se encuentran apartamentos, casas de habitación, entre otros.

“También hemos logrado la recepción de valores en líquidos que corresponden a 385,227 dólares americanos, 3.7 millones de lempiras y 3,140 euros que se encuentran pendientes de recibir, así como un título valor por 3.8 millones de lempiras que aún se encuentran pendientes de recepción por parte de esta oficina, una vez que la autoridad competente nos haga la entrega de conformidad”, apuntó.

También confirmó que el lunes de esta semana el Ministerio Público hizo el depósito de los fondos en una cuenta de la Oabi.

Andino explicó que ahora corresponde aplicar los reglamentos de administración contemplados en el acuerdo 012-2017, que establece las medidas para proporcionar seguridad a los inmuebles para que no sean objeto de saqueo.

Además, se busca una alternativa viable, según la características de los bienes, para darlos en arrendamiento para que estén habitados y conservados, y en el caso que esto no sea viable se puedan dar en comodato para proyectos de beneficencia social o para el fortalecimiento de las capacidades operativas de las instituciones del Estado.

El funcionario aclaró que en caso que no puedan darse en administración bajo las opciones antes descritas, se dejarán en custodia mientras se determina qué elementos de administración se puede aplicar en ellos, dado que la enajenación anticipada en el tema de los inmuebles no es procedente. “Eso no es aplicable a menos que exista una autorización del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad por motivos plenamente establecidos”, acotó.

Andino explicó que en materia de lavado de activos o de privación de dominio existen las medidas cautelares de aseguramiento, que es netamente registral, y la incautación que es una medida material que conlleva desapoderar a la persona del uso y posesión del bien y que se asemeja al embargo.

Acciones

Julio Ramírez, apoderado legal de Rosa Elena de Lobo, dijo en una entrevista a LA PRENSA el martes que por ahora han dado prioridad a garantizar la libertad de su defendida, pero después se centrarán en las acciones para acreditar la propiedad de los bienes y obtener su devolución.

El jurista cuestionó que se estén asegurando o embargando bienes que son producto de herencias y de actividades lícitas de su defendida. “Aquí hablamos que su casa salió de 2002, producto de herencias de dos generaciones, con un patrimonio donde tenía su capacidad económica instalada”, acotó.