San Pedro Sula, Honduras.
El acceso a la justicia, derechos humanos y seguridad para las personas con discapacidad fueron temas de debate durante el conversatorio que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), mediante el programa Unidos por la justicia, realizó con los representantes de diferentes organizaciones.
El objetivo es conocer cómo se puede apoyar y buscar la forma de escuchar a estas personas, por las diferentes organizaciones que trabajan en la inclusión social, indicó la directora del proyecto en San Pedro Sula, Rita Claribel Posas.
Durante el conversatorio, los diferentes sectores dieron a conocer los factores que afectan el
acceso a la justicia y a los derechos humanos, así como los avances que se tienen en el tema.
Noemí Danao, directora del proyecto Unidos por la justicia, en su participación, dijo que esos espacios son para lograr que todos tengan acceso a la justicia y que las organizaciones se puedan fortalecer.
Inclusión
Más de 40 personas, representes de organizaciones que laboran con personas que tienen alguna discapacidad participaron en el evento.
Luz Marina Guzmán, vicepresidenta de la
Asociación de Personas con Retos Especiales en Honduras (Apreh), manifestó que es indispensable que las personas conozcan sobre la ley para personas con discapacidad. “
San Pedro Sula es una ciudad inclusiva y eso es bueno, pero reconocemos que falta más por hacer, esperamos que todo el país sea inclusivo”, dijo.
La falta de información, la voluntad política y la exclusión educativa y laboral son los factores que afectan el acceso a la justicia y a los derechos humanos, manifestaron los representantes de las organizaciones.
Las entidades de velar por la protección de esos sectores dieron a conocer los avances que se han tenido en cuanto al tema. “El Ministerio Público creó el Módulo de Atención Integral Especializada para apoyar a las personas con discapacidad y grupos vulnerables; los avances son muchos para mejorar la atención de estas personas”, añadió Guzmán.
Entre las conclusiones a las que llegaron están; socializar con la población la ley para el desarrollo integral para personas con discapacidad, generar una mayor conciencia en la sociedad y los gobiernos locales, así como proponer una educación inclusiva y crear espacios para generar incidencia y representación.
El acceso a la justicia, derechos humanos y seguridad para las personas con discapacidad fueron temas de debate durante el conversatorio que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), mediante el programa Unidos por la justicia, realizó con los representantes de diferentes organizaciones.
El objetivo es conocer cómo se puede apoyar y buscar la forma de escuchar a estas personas, por las diferentes organizaciones que trabajan en la inclusión social, indicó la directora del proyecto en San Pedro Sula, Rita Claribel Posas.
| Falta de información
En el encuentro se conoció que no hay datos estadísticos de cuántas personas viven con alguna discapacidad.
|
Noemí Danao, directora del proyecto Unidos por la justicia, en su participación, dijo que esos espacios son para lograr que todos tengan acceso a la justicia y que las organizaciones se puedan fortalecer.
Inclusión
Más de 40 personas, representes de organizaciones que laboran con personas que tienen alguna discapacidad participaron en el evento.
| Primer conversatorio
El evento se realizó por primera vez en la ciudad, las autoridades del programa Unidos por la justicia esperan desarrollar un encuentro a nivel nacional.
|
La falta de información, la voluntad política y la exclusión educativa y laboral son los factores que afectan el acceso a la justicia y a los derechos humanos, manifestaron los representantes de las organizaciones.
Las entidades de velar por la protección de esos sectores dieron a conocer los avances que se han tenido en cuanto al tema. “El Ministerio Público creó el Módulo de Atención Integral Especializada para apoyar a las personas con discapacidad y grupos vulnerables; los avances son muchos para mejorar la atención de estas personas”, añadió Guzmán.
Entre las conclusiones a las que llegaron están; socializar con la población la ley para el desarrollo integral para personas con discapacidad, generar una mayor conciencia en la sociedad y los gobiernos locales, así como proponer una educación inclusiva y crear espacios para generar incidencia y representación.
