San Pedro Sula, Honduras.
Con el objetivo de fortalecer los operadores de justicia y las instituciones de derechos humanos, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) lanzó el programa Unidos por la Justicia.
El proyecto, pionero en Latinoamérica, incorporará actividades de apoyo a Honduras para mejorar la justicia, derechos humanos y la seguridad en los próximos cuatro años, comentó Javier Said, director del proyecto.
“Se manejan tres ejes principales porque integra justicia, derechos humanos y seguridad”, comentó Said, tras explicar que antes cada uno de estos componentes era manejado por separado. “Este proyecto integra todo como un experimento que creo es necesario”.
El programa, cuyo costo es de 34 millones de dólares, además tiene como finalidad incidir en la disminución de la impunidad y la violencia que hay en el país, y trabajará en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Tela. El nuevo programa trabajará en conjunto con el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y sociedad civil, quienes generarán acciones que favorezcan a miembros de grupos vulnerables.
“Lo que debemos hacer para disminuir los niveles de crimen y violencia es recuperar la confianza de la comunidad en la Policía Comunitaria, pero esto no ocurre de un día para otro, sino en la práctica, y eso va a demorar un tiempo”, expresó Said.
Grupos
Wilfredo Castellanos, comisionado regional de Conadeh, comentó que la niñez, personas de la tercera edad y con discapacidad, mujeres, indígenas, afrodescendientes y comunidad LGTBI son los grupos más vulnerados.
“Estos grupos han estado postergados, marginados del disfrute de los derechos humanos fundamentales”. La oficina regional del Conadeh recibe 900 denuncias al año por violación de derechos humanos, de las cuales el 80% corresponde a San Pedro Sula. La magistrada Norma Iris Coto, representante del Poder Judicial, comentó que lo que ha dado mala imagen a la institución es “el rezago judicial y el no dar respuesta pronta a los conflictos de las partes que entran a través de demandas y acusaciones penales”, expresó.
Reina Valerio, coordinadora regional del Ministerio Público, manifestó que las expectativas se cumplirán en el plazo señalado.
Con el objetivo de fortalecer los operadores de justicia y las instituciones de derechos humanos, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) lanzó el programa Unidos por la Justicia.
El proyecto, pionero en Latinoamérica, incorporará actividades de apoyo a Honduras para mejorar la justicia, derechos humanos y la seguridad en los próximos cuatro años, comentó Javier Said, director del proyecto.
“Se manejan tres ejes principales porque integra justicia, derechos humanos y seguridad”, comentó Said, tras explicar que antes cada uno de estos componentes era manejado por separado. “Este proyecto integra todo como un experimento que creo es necesario”.
El programa, cuyo costo es de 34 millones de dólares, además tiene como finalidad incidir en la disminución de la impunidad y la violencia que hay en el país, y trabajará en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y Tela. El nuevo programa trabajará en conjunto con el Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y sociedad civil, quienes generarán acciones que favorezcan a miembros de grupos vulnerables.
“Lo que debemos hacer para disminuir los niveles de crimen y violencia es recuperar la confianza de la comunidad en la Policía Comunitaria, pero esto no ocurre de un día para otro, sino en la práctica, y eso va a demorar un tiempo”, expresó Said.
Grupos
Wilfredo Castellanos, comisionado regional de Conadeh, comentó que la niñez, personas de la tercera edad y con discapacidad, mujeres, indígenas, afrodescendientes y comunidad LGTBI son los grupos más vulnerados.
“Estos grupos han estado postergados, marginados del disfrute de los derechos humanos fundamentales”. La oficina regional del Conadeh recibe 900 denuncias al año por violación de derechos humanos, de las cuales el 80% corresponde a San Pedro Sula. La magistrada Norma Iris Coto, representante del Poder Judicial, comentó que lo que ha dado mala imagen a la institución es “el rezago judicial y el no dar respuesta pronta a los conflictos de las partes que entran a través de demandas y acusaciones penales”, expresó.
Reina Valerio, coordinadora regional del Ministerio Público, manifestó que las expectativas se cumplirán en el plazo señalado.
