Tegucigalpa, Honduras.
Al rendir su primer informe como titular del Poder Judicial, el magistrado presidente, Rolando Argueta, exhortó al Congreso Nacional a cumplir con el mandato constitucional de asignar el 3% del presupuesto, ya que en la actualidad solo reciben el 2.3%, lo que dificulta las acciones de ese poder del Estado.
“Formulamos un respetuoso llamado a los honorables miembros de este Congreso Nacional para que al Poder Judicial se le otorgue el tres por ciento del presupuesto que constitucionalmente le corresponde”, señaló el alto funcionario.
Enumeró que para el ejercicio 2017 los 2,176 millones de lempiras aprobados representan el 2.3%, haciendo falta para la satisfacción de ese mandato soberano 641 millones, “los que son necesarios para cumplir con las actuales obligaciones y desarrollar
proyectos pendientes al logro de las metas trazadas”.
Nuevos juzgados
Argueta destacó la creación de órganos jurisdiccionales con competencia territorial a nivel nacional para conocer de manera integral y especializada el delito de extorsión.
Precisó que el flagelo ha evolucionado a formas más complejas y sistémicas y el perjuicio que produce finalmente se traslada a las familias, a la pequeña y mediana empresa y a diversos sectores de la vida nacional, incrementando los costos de producción y desincentivando la inversión.
Asimismo, produce daños en el tejido social y la tranquilidad, con lo que resultan lesionados bienes jurídicos de carácter colectivo, tales como el orden económico, la paz pública, entre otros.
Al rendir su primer informe como titular del Poder Judicial, el magistrado presidente, Rolando Argueta, exhortó al Congreso Nacional a cumplir con el mandato constitucional de asignar el 3% del presupuesto, ya que en la actualidad solo reciben el 2.3%, lo que dificulta las acciones de ese poder del Estado.
“Formulamos un respetuoso llamado a los honorables miembros de este Congreso Nacional para que al Poder Judicial se le otorgue el tres por ciento del presupuesto que constitucionalmente le corresponde”, señaló el alto funcionario.
| Extradiciones
La CSJ recibió del anterior pleno la cantidad de 19 solicitudes. A estas se han sumado 14 peticiones más.
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Nuevos juzgados
Argueta destacó la creación de órganos jurisdiccionales con competencia territorial a nivel nacional para conocer de manera integral y especializada el delito de extorsión.
Precisó que el flagelo ha evolucionado a formas más complejas y sistémicas y el perjuicio que produce finalmente se traslada a las familias, a la pequeña y mediana empresa y a diversos sectores de la vida nacional, incrementando los costos de producción y desincentivando la inversión.
Asimismo, produce daños en el tejido social y la tranquilidad, con lo que resultan lesionados bienes jurídicos de carácter colectivo, tales como el orden económico, la paz pública, entre otros.
También destacó que en estos casi 12 meses de gestión se creó el Circuito de Juzgados en Materia de Corrupción, que incluye los juzgados de letras (Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba), los tribunales de sentencia y la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en esa materia. “La corrupción, elemento altamente dañino para el Estado y la sociedad misma, ha erosionado significativamente la estabilidad de las instituciones, perjudicando sus finanzas y propiciando beneficios para unos pocos; se constituye en una carcoma que debemos atacar y vencer, propósito que solo podemos lograr, reconociendo, en inicio, su existencia, planeando con responsabilidad su ataque y actuando con absoluta firmeza”, apuntó.
Por otra parte, comentó que el Poder Judicial emprendió acciones para corregir cada una de las irregularidades, tales como establecer políticas de austeridad presupuestaria, anular los procesos de selección y nombramiento viciados y prescindir de funcionarios que resultaron beneficiados de tales prebendas.
Para tal fin se conformó el Consejo de la Carrera Judicial, siendo sus miembros, entre propietarios y suplentes, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de cortes de apelaciones y jueces de letras de los ámbitos penal, contencioso administrativo y del trabajo.
Entre otras cosas más resaltó que en 2016 el pleno de la Corte emitió un plan nacional de erradicación de la mora judicial, constituyendo una comisión nacional integrada por cinco magistrados del pleno y 18 comisiones departamentales, integradas por magistrados de cortes de apelaciones, jueces de sentencia, de letras, de ejecución y de paz.
