Tegucigalpa, Honduras.
Siete abogados que presuntamente participaron en una red de corrupción en la Policía Nacional para borrar y manipular expedientes, modificar dictámenes y negociar juicios y demandas a cambio de cobros ilícitos a policías separados o en proceso disciplinario fueron llamados a declarar al Ministerio Público, confió ayer un alto funcionario de la Secretaría de Seguridad.
Los abogados que están bajo investigación son los que laboraban en las jefaturas de Recursos Humanos, Asesoría Legal y los departamentos legales de la Dirección de la Policía Preventiva y de la Unidad Metropolitana Preventiva (Umep) que han sido identificados bajo las iniciales MSHS, SSPR, MTC, JAOO, LYFM, REAR y AC.
De acuerdo con las indagaciones y las pruebas testificales recogidas por la Inspectoría de la Policía Nacional, estos profesionales del derecho tejieron una red de corrupción que se dedicaba a realizar altos cobros a policías que intentaban reingresar a la institución.
A cambio de pagos que estaban entre los 5,000 y 50,000 lempiras, estos sujetos desaparecían expedientes y dictámenes de policías que habían sido cancelados de la institución por graves faltas y delitos con la promesa de reintegrarlos y reasignarlos a otras dependencias y direcciones.
Las investigaciones apuntan que también negociaron juicios y millonarias demandas entabladas en los tribunales de justicia contra la institución policial por oficiales y agentes dados de baja.
“El Ministerio Público ya llamó a declarar a siete de estos abogados”, aseguró la fuente oficial.
Al respecto, el depurador Omar Rivera confirmó que el Ministerio Público ya está tomando las primeras acciones y “moviendo piezas” para proceder en estas serias denuncias de corrupción.
Se van todos
En vista de la gravedad de las denuncias contra muchos de los profesionales del derecho que laboraban para la Secretaría de Seguridad, la Comisión Especial de Depuración tomará las primeras acciones contra este personal en el curso de la semana entrante.
Alberto Solórzano, miembro de esa instancia, informó que ya recibieron la información de que unos 80 abogados entregaron el miércoles anterior y el lunes se comenzará a procesar y evaluar los resultados.
“La decisión que estamos manejando es retirar por reestructuración al 100% de ese personal”, apuntó.
El depurador informó que se creará un nuevo departamento de asuntos legales con nuevo personal escogido bajo rigurosos procesos de selección. “En la nueva estructura estamos manejando una unidad de asuntos legales y el personal será contratado bajo procesos de selección”.
Siete abogados que presuntamente participaron en una red de corrupción en la Policía Nacional para borrar y manipular expedientes, modificar dictámenes y negociar juicios y demandas a cambio de cobros ilícitos a policías separados o en proceso disciplinario fueron llamados a declarar al Ministerio Público, confió ayer un alto funcionario de la Secretaría de Seguridad.
Los abogados que están bajo investigación son los que laboraban en las jefaturas de Recursos Humanos, Asesoría Legal y los departamentos legales de la Dirección de la Policía Preventiva y de la Unidad Metropolitana Preventiva (Umep) que han sido identificados bajo las iniciales MSHS, SSPR, MTC, JAOO, LYFM, REAR y AC.
De acuerdo con las indagaciones y las pruebas testificales recogidas por la Inspectoría de la Policía Nacional, estos profesionales del derecho tejieron una red de corrupción que se dedicaba a realizar altos cobros a policías que intentaban reingresar a la institución.
A cambio de pagos que estaban entre los 5,000 y 50,000 lempiras, estos sujetos desaparecían expedientes y dictámenes de policías que habían sido cancelados de la institución por graves faltas y delitos con la promesa de reintegrarlos y reasignarlos a otras dependencias y direcciones.
Las investigaciones apuntan que también negociaron juicios y millonarias demandas entabladas en los tribunales de justicia contra la institución policial por oficiales y agentes dados de baja.
“El Ministerio Público ya llamó a declarar a siete de estos abogados”, aseguró la fuente oficial.
Al respecto, el depurador Omar Rivera confirmó que el Ministerio Público ya está tomando las primeras acciones y “moviendo piezas” para proceder en estas serias denuncias de corrupción.
Se van todos
En vista de la gravedad de las denuncias contra muchos de los profesionales del derecho que laboraban para la Secretaría de Seguridad, la Comisión Especial de Depuración tomará las primeras acciones contra este personal en el curso de la semana entrante.
Alberto Solórzano, miembro de esa instancia, informó que ya recibieron la información de que unos 80 abogados entregaron el miércoles anterior y el lunes se comenzará a procesar y evaluar los resultados.
“La decisión que estamos manejando es retirar por reestructuración al 100% de ese personal”, apuntó.
El depurador informó que se creará un nuevo departamento de asuntos legales con nuevo personal escogido bajo rigurosos procesos de selección. “En la nueva estructura estamos manejando una unidad de asuntos legales y el personal será contratado bajo procesos de selección”.
