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Transacciones por arriba de los $4,000 deberán ser justificadas

  • 30 marzo 2017 /

Las medidas serán nuevo “blindaje” para la prevención del lavado de activos.

San Pedro Sula, Honduras.

A partir de mañana entra en vigor la resolución del Banco Central de Honduras (439-11/2016) que establece nuevas disposiciones para los depósitos en moneda nacional y extranjera.

Las medidas, que también implican condiciones para las remesas familiares, fueron pospuestas por cuatro meses a petición de la banca privada, ya que debía adaptar sus plataformas digitales y software.

Conforme a lo estipulado, las transacciones hechas en efectivo en moneda extranjera quedan en $4,000 o su equivalente en otra moneda extranjera. Mientras que las hechas en moneda nacional, queda la suma de L200,000.

Además
1. Efectos de la aplicación de la ley
La Ley Especial Contra el Lavado de Activos considerará como transacción única las transacciones múltiples en efectivo en moneda de curso legal o extranjera realizadas por o en beneficio de una sola persona natural o jurídica, durante un mes calendario y que en su conjunto igualen o superen los $10,000.00 o su equivalente en lempiras.
2. Transacciones financieras en efectivo
Las transacciones financieras en moneda extranjera que realicen los no clientes con la institución supervisada por la CNBS, queda fijada hasta en $4,000 como monto máximo que se puede recibir durante un mes calendario.
Para las transacciones realizadas no en efectivo quedan L200,000 o el equivalente a la moneda extranjera.

Para las operaciones de remesas se fija la suma de $2,000.00 o su equivalente en otra moneda extranjera o moneda nacional.

Según lo establecido, las transacciones incluidas son depósitos, retiros, pago de obligaciones (como préstamos y tarjetas de crédito), cambio de moneda extranjera y pago de cheques en efectivo.

Originalmente, la disposición entraría en vigor el primero de enero, pero la banca privada solicitó más tiempo al Banco Central de Honduras (BCH) para adaptar sus procesos.

“Con esta medida la premisa es evitar que no usen la banca para el lavado de dinero”, asegura el analista económico Guillermo Matamoros, quien agrega que estas resoluciones transparentarán las acciones del sistema financiero.

Cantidades arriba de esos montos deben estar justificadas en un formulario o declaraciones donde estipula la actividad a la que se dedica el usuario. “No limita las actividades económicas, al contrario, las hace más digeribles al sistema financiero. Son normativas que van en función de las mejores prácticas a nivel nacional”, agrega Matamoros.

4,100
Millones de dólares
Es la proyección del BCH en remesas familiares para el cierre de 2017, que significa un ligero crecimiento de $150 millones.
El analista asegura que la declaración que da el usuario para justificar cantidades arriba de las estipuladas es digerible y fácil de entender.

La persona natural proporciona su nombre completo, número de tarjeta de identidad, carné de residente o número de pasaporte, fecha de nacimiento, dirección del domicilio y origen de los fondos. Mientras que la persona jurídica entrega la razón o denominación social, lugar de constitución, registro tributario nacional, dirección del domicilio, actividad económica y origen de los fondos

“Estas no son normativas para obstaculizar el proceso normativo de un país, sino para hacer transparentes las acciones. Llegan en un momento oportuno en este contexto internacional”, añade.

Competitividad

Pedro Barquero, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), asegura que estas medidas no afectan a las empresas que hacen transacciones a través cheques o tarjetas de crédito.

“Las empresas que hacen depósitos en efectivo arriba de los $4,000 deben hacer lo mismo que hacían con las transacciones arriba de los $10,000”, explica Barquero.

En el ranking del Instituto de Gobernanza Basel, Honduras figura con una calificación término medio en cuanto al combate de lavado de activos.

Mejor posicionados en la región están Chile, Perú, El Salvador, Uruguay y México. Por último quedan República Dominicana, Argentina, Bolivia, Haití y Paraguay.