27/04/2024
07:41 AM

Ministerio Público acusa a exdirector de la Oabi de recibir beneficios económicos

San Pedro Sula, Honduras.

Porque presuntamente solicitó dinero aprovechándose de su cargo, la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción acusó al exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) César Salgado Rodríguez, quien ayer se presentó de forma voluntaria ante el Juzgado Unificado de lo Penal y le aplicaron medidas sustitutivas a la prisión.

A las 2:20 pm, Salgado Rodríguez ingresó al juzgado acompañado de su apoderada legal para enfrentar la audiencia de declaración de imputado. La Fiscalía presentó la acusación el 29 de enero y ese mismo día libró la orden de captura en contra del exdirector regional de la Oabi César Salgado por cochecho activo, y de su suegro Humberto Palacios Moya, exdirector de la Oabi, por dos delitos de abuso de autoridad.

Palacios Moya fue apresado el fin de semana en una clínica de Tegucigalpa, adonde quedó bajo resguardo policial, pues la Fiscalía indica que cometió abuso al rentarle en San Pedro Sula a su yerno César Salgado una casa que estaba bajo custodia de la institución sin seguir los procedimientos legales.

Además, firmaron un contrato que señalaba que su yerno haría reparaciones en la casa por un valor de 360,000 lempiras, dinero que le s ería deducido mediante cuotas mensuales de 6,000 lempiras a pagar en cinco años (60 meses).

También el exdirector de la Oabi, según el Ministerio Público, cometió abuso al contratar a su yerno sin cumplir los requisitos para el puesto. En el requerimiento fiscal se establece que César Salgado Rodríguez siendo director regional recibía un “beneficio económico” del dueño de la empresa Tecnología Aplicada de Seguridad, de nombre John Charles Bográn, a cambio de que se le siguiera renovando los contratos de seguridad de los bienes puestos a disposición para la administración de la Oabi y de las oficinas.

Tras que Salgado tomó posesión de su cargo le dijo a Bográn, por teléfono, que tenía que obtener algún beneficio por cada guardia asignado a los bienes custodiados, por lo que el propietario de la empresa de seguridad no tuvo más opción que ofrecerle L1,000 por cada vigilante de las 18 propiedades.

Los fiscales alegan que la conducta de César Salgado “refleja malicia y dolo con la que actuó desde su llegada a la administración de la institución”.