Tegucigalpa, Honduras
La lucha frontal contra el lavado de activos en Honduras ha dado amplios resultados al habérseles incautado más de 37,000 millones de lempiras a narcotraficantes y exfuncionarios implicados en emblemáticos casos de corrupción.
Así lo revela un informe elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafiltat), que agrupa a 17 países de América Latina, tras una visita al país en junio de 2015.
| Sépalo
Honduras estuvo bajo seguimiento del Gafi desde octubre de 2010 hasta febrero 2012, por no cumplir con 22 recomendaciones en 2009
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El objetivo era analizar el nivel de cumplimiento de las 40 recomendaciones que dio al país el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (Gafi), desde 2012, para comprobar si Honduras cumple con las medidas antilavado de activos y si se combate el financiamiento al terrorismo.
El informe que fue presentado en 2016 destaca el trabajo de congelamiento y decomiso de bienes que el Estado ejecutó a personas investigadas por lavado de activos, donde se revela que para diciembre de 2014 se incautaron bienes por $1,605, 501,300, lo que equivale a L337,889,830,608.
Este exorbitante monto equivale a los presupuestos de egresos de las Secretarías de Educación, Defensa y Seguridad en Honduras que fue aprobado para 2017.
De las 40 recomendaciones, Honduras no ha cumplido dos; parcialmente ha cumplido ocho, medianamente ha cumplido 17 y ha cumplido a totalidad 13.
“En conclusión, Honduras ha mejorado las medidas que se recomendaron para evitar el blanqueo de capitales en el país”, señala el informe.
| 36 investigadores UIF
indagan las operaciones sospechosas que son detectadas en Honduras para perseguir el delito, identificar las estructuras y activos. De esta manera, en coordinación con fiscales, judicializan los casos en el país.
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Los casos
Desde 2013, Honduras implementó una estrategia de coordinación interagencial que priorizó la desarticulación económica, patrimonial y financiera de las estructuras del crimen organizado que operan en el país. Se buscó debilitar y desarticular económicamente a las organizaciones criminales mediante casos de gran impacto, esto causó que muchos de ellos perdieran la capacidad de maniobra y poder operativo para posteriormente proceder a capturarlos, judicializar y condenar a sus cabecillas.
Es así como el informe señala que “un claro ejemplo lo representa el caso del Negro Lobo, en el cual hubo la privación de 17 botes pesqueros y múltiples bienes y activos, una vez que fue debilitado patrimonialmente fue más fácil su captura”.
Este primer caso le demostró a los fiscales hondureños que la organización criminal va perdiendo poder de acción y de maniobrabilidad.
Tras esta primera operación, las Unidades de Investigación Financiera (UIF) y las policías financieras identificaron otros bienes, como en 2014 cuando se solicitó la privación de diversos bienes propiedad de los hermanos Valle Valle.
Esos bienes se encontraban a nombre de asociados y familiares, y actualmente se encuentran bajo medida cautelar de aseguramiento. Entre lo incautado figuran 86 inmuebles, entre ellos casas de habitación, haciendas y hoteles; además de 15 sociedades mercantiles dedicadas a la comercialización del café, ganado, productos varios y hotelería, 20 vehículos y varios productos bancarios.
Caso IHSS
También se destaca una investigación transnacional por lavado de activos sofisticado asociada a corrupción pública por valor aproximado de $230 millones (L5,428 millones) presentado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). En este caso, el informe de Gafilat señala: “Esta investigación ha conllevado la detención preventiva de dos exministros; la articulación de más de 14 agencias de tipo administrativas, de inteligencia y de fuerzas de seguridad del Estado.
Además, asistencia judicial recíproca e investigaciones en conjunto con varios países, recuperación de activos compartido entre dos países, extradiciones y deportaciones, medidas cautelares de privación de dominio por valor de 258 millones de lempiras, solicitudes de orden de captura internacional por Interpol”.
Para Gafilat, el caso IHSS denota gran sofisticación y complejidad en su tipología porque involucró a empresas de fachada en varios países, diversificación de sectores económicos, operaciones de testaferrato y sofisticación de productos financieros.
| Conclusión
Es más efectivo atacar y desarticular las estructuras criminales con la privación de bienes. Eso hace que pierdan poder de acción.
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“Se pudo evidenciar la correcta articulación entre múltiples instancias y organismos del Estado para detectar e investigar un caso complejo y transnacional de lavado de activos que involucró múltiples mecanismos judiciales de cooperación nacional e internacional”, apunta el documento.
El caso IHSS tiene 38 procesos judiciales en curso, dos de lavado y una línea de privación de bienes para cada caso. Se identificaron cinco países en los cuales se ocultó dinero. Este es el primer caso de recuperación de activos por lavado de activos que involucra a dos países.
Otro ejemplo que destaca el informe es el caso del guatemalteco Osman Antonio Meza, también conocido como Osman Umaña Salvatierra, a quien se condenó por lavado de activos, y cumple con la pena de 15 años de reclusión y multa de un millón de lempiras. Además se le acusó de fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones comerciales.
