Setenta nuevos requerimientos fiscales serán librados en los próximos días contra implicados por las autoridades en una red transnacional de narcotráfico que tenía cuatro años de operar en el país.
La investigación que le llevó tres años a la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y agentes especiales de la Fiscalía del Crimen Organizado resumida en el informe “Los de Arriba”, fue develando las operaciones de los miembros de la organización para darle apariencia de legalidad a empresas, y con ello facilitar el lavado de dinero.
Además, suplantaban sus identidades de forma fraudulenta: mexicanos y guatemaltecos portaban documentación hondureña, identidades y carnet de residentes para facilitar sus operaciones en el país.
La empresa GEHO (Genéricos de Honduras Sociedad de Responsabilidad Limitada) fue la primera que la DLCN ligó a la red transnacional cuando se incautó en Francia un contenedor con viagra y pseudoefedrina que venía dirigido a esta empresa, según consta en el informe elaborado.
Las primeras investigaciones establecieron que las oficinas de la empresa físicamente funcionaban en el barrio Guamilito y que habían sido rentadas por Rony Adalberto Perdomo alias “Rony Butto”, quien fue detenido el 6 de diciembre pasado en el barrio Medina.
Perdomo fue guardaespaldas del extinto diputado Mario Fernando Hernández Bonilla, a quien las autoridades mencionan en el informe. El exdiputado Hernández fue asesinado cuatro días después de registrarse el decomiso de pseudoefedrina que venía dirigido a GEHO.
La DLCN estableció que Hernández era el que realizaba los trámites de GEHO, quien además constituyó en San Pedro Sula el 3 de julio de 2008, junto a Orison Lobo Galo, la empresa Equimhsa (Empresa Química de Honduras S.A.), que tenía el mismo giro comercial que GEHO. Pero un mes después Fernández y Lobo vendieron en su totalidad la empresa a óscar Eduardo Cáceres Baide y a Rossel Jovel Arias Núñez, ambos mexicanos, según escritura registrada en el Instituto de la Propiedad el 16 de enero del 2009, bajo el número 77, folio 579. Tres días después Cáceres Baide otorgó poder general a otra persona.óscar Eduardo Cáceres Baide es el nombre hondureño con cédula de identidad que utilizaba el mexicano David Andrés Alvarado Osuna, según el expediente de la DLCN.
También sobresalen en el expediente el papel que jugaron dos de los conductores de Fernández, Rony Adalberto Perdomo y Mario Cruz Waldan, quienes, según el informe investigativo, tuvieron participación en varias operaciones del exdiputado.
La hacienda de Naco
Las piezas se fueron armando y al investigar a Waldan, la DLCN corroboró que el 19 de noviembre de 2008, mediante instrumento público 204, adquirió el remanente de un bien inmueble ubicado en Naco, Quimistán, Santa Bárbara.Se trataba de una hacienda, la que el motorista adquirió en siete millones de lempiras, cuando según las autoridades el precio real del inmueble era de 38 millones de lempiras.
Pero Waldan sería solo un testaferro; en la investigación salió a luz que los verdaderos dueños de la hacienda eran dos personas de origen guatemalteco.Cuatro meses después, el 11 de marzo del 2009, el terreno era fraccionado realizándose múltiples ventas con traspasos en un corto tiempo por montos cada vez menores del costo real.“Era un mecanismo que utilizan los lavadores de dinero para no dejar rastro de las operaciones que realizan de manera ilegal, y hacer la operación para que aparezca legal”, dijo uno de los investigadores.
En la cadena de venta el comprador final fue un mexicano, identificado según la investigación como Wilmer Antonio Martínez, quien también portaba un carnet de residencia hondureña con el nombre de Juan Felipe Fajardo Gómez. Pero cuando los agentes investigaron al comprador detectaron que realmente se trataba de Policarpo Ramírez Coria, un expolicía Federal de México, vinculado por autoridades de ese país al cartel de Sinaloa.
Coria fue detenido el 30 de mayo de este año en la ciudad de Metepec, Estado de México.La hacienda era el punto donde el 8 de noviembre de 2009, en allanamientos realizados por las autoridades, descubrieron una pista clandestina de aterrizaje construida con material selecto, la que estaba en óptimas condiciones; un helipuerto, varias bodegas en construcción, dos casas pequeñas, visores nocturnos, balanzas digitales y varias cámaras de video que estaban instaladas en toda la hacienda.
Otras conexiones de la red
Coria, según establece la DLCN, tenía contactos dentro de la Dirección de Migración y Extranjería, y así quedó demostrado el 10 de julio de 2012 cuando en una inspección que se realizó a Migración en Tegucigalpa para verificar la salida de Juan Felipe Fajardo Gómez, se comprobó que el registro de Fajardo se hizo a nombre de José Ricardo Velada Estrada, guatemalteco, pero sin embargo la firma y foto que se agregó en la salida aparecía como Fajardo.Un día después que los agentes llegaron para imprimir la información se sorprendieron porque encontraron que los datos habían sido borrados del sistema.
En la investigación comprobaron que un agente de Migración había realizado los cambios.La penetración de la red criminal no tenía fronteras, muchos agentes se prestaron para evitar los registros en los controles correspondientes de Coria y otros mexicanos ligados a la red, para evitar que se registraran los ingresos y salidas que tenían en el país.
La investigación realizada por la DLCN finalizó el 20 de noviembre de este año y cuatro días después se realizaron los primeros 24 allanamientos en cuatro ciudades del país donde se detuvo inicialmente a siete personas, entre ellas un subcomisionado de Policía. Quedan pendientes más de 70 órdenes de captura que aún no emiten, pero sus nombres yacen en una lista como parte del informe “Los de Arriba”.
