El Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras presentó ayer martes un requerimiento fiscal contra un coronel por la muerte violenta de cinco personas durante la violencia que vivió el país después de las elecciones generales de 2017, cuando fue reelegido como presidente Juan Orlando Hernández.
Se trata del coronel Víctor Alonso Ponce, “a quien se le supone responsable de cinco delitos de homicidio ocurridos durante las protestas por la reelección y los resultados de las elecciones del año 2017”, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Víctor Evelio Martínez, Roger Alberto Vásquez, José David Ramos, Mauricio Jonathan Echeverría y Michael Jair Ponce.
Según la versión oficial, el 1 de diciembre de 2017, un grupo de pobladores protestaban en una de las calles del barrio López Arellano, de San Pedro Sula (norte), la segunda ciudad más importante de Honduras, y el coronel Ponce al mando de 172 policías militares del orden público, llegó a la zona con el propósito de desalojar a los manifestantes.
Posteriormente, las personas que protestaban intentaban abrir paso al conductor de un transporte de carga, quien les expresó que llevaba a un familiar enfermo y necesitaba llegar a un hospital.
“En ese momento los policías militares, siguiendo las órdenes del coronel, se ubican en posición de ataque, utilizando sus armas de uso oficial, abrieron fuego contra la humanidad de todos los manifestantes, dejando como saldo lamentable la muerte de cinco ciudadanos, quienes quedaron tendidos en la carretera”, afirmó el Ministerio Público.
Señaló además que al terminar los disparos, varios policías militares comenzaron a perseguir a los pobladores, quienes en medio del pánico huían de las balas en todas direcciones, propinándoles golpes con sus armas, toletes y patadas, lo que provocó además que muchas personas terminaran heridas.
Al final, añade el comunicado, siguiendo siempre las órdenes del alto oficial, varios militares comenzaron a manipular el lugar de los hechos recogiendo los casquillos de sus armas y colocando armas de fuego para hacer creer que los manifestantes portaban pistolas.
“Sin embargo, el Ministerio Público logró comprobar que eso no fue cierto” y que, “simultáneamente, tiraban tierra con sus pies a los lagos hemáticos (charcos de sangre) que habían quedado en el lugar con la finalidad de ocultarlos”, subraya el informe.
La reelección de Hernández, violentando la Constitución, que no lo permite bajo ninguna modalidad, derivó en protestas en todo el país, y el repudio de las principales fuerzas de oposición, denunciando que, además, hubo fraude.
Las protestas dejaron varios manifestantes muertos y centenares de lesionados.
El expresidente Hernández concluyó su segundo periodo el 27 de enero de 2022, pero el 15 de febrero de ese mismo año fue capturado en su residencia, luego de que Estados Unidos solicitó su extradición por tres delitos asociados al narcotráfico, por lo que enfrenta juicio en Nueva York.
