Tegucigalpa, Honduras.
Con pruebas científicas y testificales, el Ministerio Público intentará hoy acreditar la presunta participación de José Adalid González, alcalde de Sulaco, Yoro, en el asesinato de varias personas.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía de Delitos Contra la Vida presentará los medios de prueba en contra del alcalde, también de Pedro Banegas, Isidro Banegas, Elías Galindo, Calixto Banegas, Orlin Omar Rosales, César Augusto Salguero, Carlos Humbero Rodríguez y Julio Constantino Cálix, todos presuntos integrantes de la banda de los Banegas, acusados por asociación ilícita y asesinato.
Entre las pruebas que acreditará la entidad acusadora se encuentran los resultados de las autopsias que les practicaron a los cadáveres de Marco Rodríguez, Damasio Orellana, Carlos Hernández, Secundino Orellana, Medardo Romero, Georgina y Sonia Cálix (madre e hija), Efren Reinerio Rodríguez, todos asesinados entre 2010, 2011 y 2013.
Según los testigos protegidos del Ministerio Público, unas 60 personas fueron asesinadas luego que se negaron a entregar sus propiedades o el ganado que tenían a la banda criminal de los Banegas.
Con pruebas científicas y testificales, el Ministerio Público intentará hoy acreditar la presunta participación de José Adalid González, alcalde de Sulaco, Yoro, en el asesinato de varias personas.
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía de Delitos Contra la Vida presentará los medios de prueba en contra del alcalde, también de Pedro Banegas, Isidro Banegas, Elías Galindo, Calixto Banegas, Orlin Omar Rosales, César Augusto Salguero, Carlos Humbero Rodríguez y Julio Constantino Cálix, todos presuntos integrantes de la banda de los Banegas, acusados por asociación ilícita y asesinato.
Entre las pruebas que acreditará la entidad acusadora se encuentran los resultados de las autopsias que les practicaron a los cadáveres de Marco Rodríguez, Damasio Orellana, Carlos Hernández, Secundino Orellana, Medardo Romero, Georgina y Sonia Cálix (madre e hija), Efren Reinerio Rodríguez, todos asesinados entre 2010, 2011 y 2013.
Según los testigos protegidos del Ministerio Público, unas 60 personas fueron asesinadas luego que se negaron a entregar sus propiedades o el ganado que tenían a la banda criminal de los Banegas.
